El Estado litiga con bancos y constructoras para reducir el agujero de 4.000 millones de las autovías en quiebra

Se avecina un reguero de litigios entre las grandes concesionarias, los bancos acreedores y el Estado con motivo de la liquidación iniciada de las autovías en quiebra. En febrero fue a liquidación la sociedad de la AP-36, controlada por Ferrovial y Sacyr, y, ahora, lo acaba de hacer la M-12 (eje aeropuerto de Madrid), gestionada por dos concesionarias de OHL (Aeropistas y Autopista Eje Aeropuerto).

Era cuestión de tiempo que, sin un plan de rescate, el asunto terminara como lo está haciendo, con la activación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, por la que el Estado, en última instancia, se tendría que hacer cargo de, en principio, 4.000 millones de euros de deuda pendiente de amortizar y de 1.200 millones de expropiaciones que restan por abonar.

Provisiones

Aunque la ministra de Fomento, Ana Pastor, lleve toda la legislatura defendiendo a capa y espada que los españoles no pagarían ni un euro por el fiasco de estas autovías, lo cierto es que si lo harán. Ya en 2015 se realizó una provisión de 600 millones de euros y, ahora, ante la evidencia de las liquidaciones, en 2016 se tendrá que aportar otro tanto.

Y todo porque ha sido imposible sacar adelante el plan de rescate ideado por el Gobierno, que no ha contado con el apoyo de los acreedores, por entender insuficiente el interés de que el Estado pretendía pagar durante 30 años tras la quita planteada, ni tampoco con el beneplácito de los jueces, que han visto lagunas técnicas en la propuesta de convenio promovida desde el departamento dirigido por Ana Pastor.

Se trataba, básicamente, de que las concesionarias entregaran las autovías al Estado y que los acreedores aceptaran una quita del 50% de los 4.000 millones de euros de deuda pendiente.

Desacuerdo por el interés

A partir de aquí, la empresa pública de autopistas Seittsa asumiría el control. Pero los acreedores se cerraron en banda a aceptar un tipo de interés del 1% en 30 años por los 2.000 millones de euros que quedarían por amortizar. Solicitaban entre un 2% y un 3%, inasumible en ambos casos por el Estado.

El pulso pues está servido y el Estado está dispuesto a echarlo. «Se enfrentarán a decenas de pleitos judiciales que retrasará el pago y también lo reducirán», avisaba el Gobierno a los acreedores por no apoyar su plan de rescate.

Dicho y hecho. Ahora, como hizo en febrero, con la liquidación de la AP-36, volverá a recurrir el auto de liquidación de las concesionarias de OHL. Una estrategia para demorar el mayor tiempo una sentencia definitiva.

Modificación de la Responsabilidad Patrimonial

Además, ante la que se avecinaba, el Gobierno ha maniobrado en los últimos meses para amortiguar el impacto de la Responsabilidad Patrimonial (RPA) en caso de que, como está ocurriendo, las concesionarias de las autovías acabasen en liquidación.

Así, una modificación de la Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, faculta al Estado a descontar de la RPA a pagar a las concesionarias lo que tenga que entregar por las expropiaciones.

Y también se da por descontado que quedarían fuera de esa responsabilidad los más de 2.000 millones de euros ya entregados por el Estado en años anteriores en concepto de créditos participativos que sirvieron para ir pagando esas expropiaciones, además de otras amortizaciones y apuntes contables.

Menores compensaciones

Varios conceptos que dejarían la compensación del Estado a las concesionarias muy por debajo de los 4.000 millones barajados inicialmente. A una cantidad que podría rondar los 1.500 millones.

Y, además, el Estado tiene margen. Sea cual fuere el importe a asumir por la Responsabilidad Patrimonial, no computaría como déficit, teniendo en cuenta la aplicación permitida por la Comisión Europea de catalogar estos casos como operaciones financieras extraordinarias.

Expropiaciones

Con todo, el Ministerio de Fomento tendría que seguir pagando los cerca de 1.200 millones de las expropiaciones. Un dinero que no es a fondo perdido, ya que la ley faculta al Estado a subrogarse en el crédito del expropiado, lo que le permite exigir a la concesionaria el recobro de esas cantidades, que mientras permaneciesen pendientes de cobro, no computarían como déficit.

Al final, bancos y constructoras quedarán muy tocados. Los primeros, porque financiaron estas autovías sabiendo que el Estado, en última instancia, garantizaba su devolución –algo que con la modificación de la Responsabilidad Patrimonial resultará imposible que se logre por los 4.000 millones que restan por amortizar– y las constructoras porque, llegada la liquidación, no serían precisamente los primeros en cobrar los cientos de millones que se les adeuda.