El Gobierno estudia cómo tapar el ‘agujero’ de las autovías en quiebra

Una de las principales causas de que estemos donde estamos es que durante la época de las vacas gordas se destinaron decenas de miles de millones de euros a acometer inversiones ruinosas que se han demostrado absolutamente prescindibles.

Ni se necesitaban tantas casas –se baraja la cifra de 150.000 que nunca se venderán–, ni tantos aeropuertos –cerrados a cal y canto o con un sonrojante bajísimo número de pasajeros–, ni estaciones del AVE –también cerradas porque no sube ni baja nadie–, ni tampoco esas autopistas de peaje que han llevado a sus concesionarias a declararse insolventes.

Concursos de acreedores

Básicamente por dos razones, porque circulan la mitad de los vehículos previstos y porque el coste de las obras y de las expropiaciones se dispararon muy por encima de lo inicialmente estimado, haciendo que las empresas integrantes de las concesionarias (las principales constructoras y algunas entidades financieras como Bankia y otras antiguas cajas de ahorros) no pudieran devolver los casi 4.000 millones prestados.

Con la sucesiva entrada en concurso de acreedores de una decena de estas autovías de pago, hace año y medio saltaron todas las alarmas en el Ministerio de Fomento, al ser el Estado, como titular de estas calzadas y responsable patrimonial, el que debería cubrir un agujero que, entre unas cosas y otras, se aproxima a los 6.000 millones de euros.

Estrategia

Desde entonces, cada vez que le preguntan sobre el tema, la ministra de Fomento, Ana Pastor, siempre responde lo mismo, que los contribuyentes no van a poner un euro para rescatar algo que no ha funcionado. Pero el plan ideado desde el Ministerio no ha acabado de salir.

Se trataba de convertir la deuda privada en pública y transferir a una sociedad de mayoritaria titularidad pública las autovías insolventes. En el fondo, dar una patada hacia adelante para que los bancos acreedores se quedaran tranquilos, con una reestructuración de la deuda con doble tramo.

Sociedad rescatadora

Primero, el que englobaría los cerca de 3.700 millones de créditos antiguos a un tipo medio del 2,6%, y un segundo tramo, con un crédito nuevo de casi 1.500 millones de euros adicionales para atender los costes de las expropiaciones a un tipo medio de interés más alto, del 6%. En ambos casos, a devolver dentro de 40 años.

Tras el pacto con los bancos, restaba por abordar la constitución de la sociedad rescatadora, que se quedaría con todas las acciones de las autovías, asumiendo la totalidad de la deuda antigua y la derivada del aporte adicional.

Reticencias

Una entidad pública que, según las cuentas echadas por Fomento, estaría valorada en poco más de 600 millones, con lo que el 20% del capital en manos de las constructoras apenas superaría los 130 millones, apenas el 5% de lo invertido. El 80% restante serían los 475 millones de capital público a través del crédito participativo del propio Ministerio de Fomento.

Hubo fuertes reticencias entre las constructoras por quedarse relegadas a un segundo plano y con fuertes pérdidas. Pero era esto o nada. Bueno, nada no. El que no aceptara tendría que hacer frente a las cuentas de compensación para cubrir parcialmente la caída de tráfico y los créditos participativos para pagar las expropiaciones.

Responsabilidad por el fiasco

Como no podrían afrontar este pago, a las entidades acreedoras no les quedaría otra que ejecutar los créditos garantizados por las propias acciones de las concesionarias. Al final, por uno u otro camino, de lo que se trata es de que las empresas integrantes de las concesionarias asumieran su responsabilidad en el fiasco de estas autovías.

Sobre el papel, todo parecía encajar. Pero, cuando Ana Pastor llevó el proyecto al Ministerio de Hacienda para que otorgara su refrendo, surgieron múltiples dudas. La principal, el temor de que el asunto no colara en la Comisión Europea al considerar estos planes como ayudas ilegales del Estado.

Deuda y déficit

Y, además, que esas ayudas computen como deuda y no como déficit, para lo cual habrá que demostrar ante Bruselas que la nueva empresa pública puede cubrir la mitad de sus costes con los ingresos de los peajes. Fomento, en su plan, contempla que el tráfico por las autovías siga cayendo hasta 2015, para recuperarse en ejercicios sucesivos con incrementos anuales del 2%. Si no es así, todo sería papel mojado y habría que ir hacia otra refinanciación de la deuda, pero mientras tanto se gana tiempo.

Mientras se sustancia el rescate, el tira y afloja a cuenta del pago de los justiprecios a los expropiados continúa en los tribunales. El Supremo acaba de confirmar que, si las concesionarias no pagan, será el Estado el que tenga que hacerse cargo.

El Ejecutivo ha reaccionado para curarse en salud ante la posibilidad de que el rescate no se produzca y haya que ir a la liquidación de las concesiones. Lo ha hecho con un Real Decreto ley que permitiría al Estado descontar lo pagado a los expropiados del importe de la responsabilidad patrimonial.