Del Popular a la CAM: los escándalos de KPMG antes de DIA

Banco Popular y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fueron dos entidades financieras con aspectos en común: camuflaron sus problemas económicos y recibieron los servicios de KPMG. La consultora, una de las big four de la industria, suma ahora a estos expedientes el del derrumbe de DIA, al que además se añade la imputación de su socio en la supervisión de la compañía. Un caso cuya resolución está cada vez más cerca: el juicio arrancará la próxima semana en la Audiencia Nacional.

El magistrado Alejandro Abascal, quien investiga la caída de la cadena de supermercados y por qué llegó a perder el 80% de su valor en bolsa en apenas unas semanas, trata de esclarecer quiénes son los responsables de que esto sucediera. No trata de poner la lupa solo sobre la figura del ex consejero delegado, Ricardo Currás, sino también sobre la consultora que estuvo durante más de una década supervisando a la compañía; el juez ya ha pedido toda la información cruzada entre las partes durante los años del derrumbe.

KPMG, por su parte, solo se ha pronunciado públicamente una vez al respecto del caso DIA. Afirmó en enero que cooperaría con la justicia y se mostró tranquila sobre su responsabilidad, así como con el veredicto final. Sobre su socio, imputado poco después de que se interpusiera una querella por parte de la plataforma de afectados DIA, también prefiere guardar silencio y no afirmar si va a tomar alguna decisión o no.

En la consultora quieren agarrarse a varias coartadas. La primera es que fue KPMG la primera en señalar prácticas irregulares en DIA. La segunda es el informe forensic de EY. La auditora rival actuó como árbitro neutral en la caída de DIA y concluyó que el único era responsable era Currás, porque había ocultado información tanto a KPMG como al propio consejo de administración de la compañía.

La CAM y el Popular, los antecedentes

La de DIA no es la primera mancha en el historial de KPMG en España. A la consultora también se le ha señalado como a una de los responsables de la caída de Banco Popular, que terminó siendo vendido por el precio simbólico de un euro al Santander tras protagonizar el último escándalo financiero en la banca.

KPMG se encargó de evaluar la metodología utilizada para sanear la exposición en crédito e inmuebles adjudicados por la entidad financiera entre 2015 y 2016. El documento fue utilizado por Ángel Ron, ex presidente de la entidad, para probar que la auditora identificó, clasificó los riesgos antes de la ampliación de capital de 2016 y dio un buen diagnóstico general a los procedimientos. 

El tema le fue recordado John Scott, ex presidente de KPMG en España, en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis. “Era un informe sobre metodología y no hubo ningún tipo de validación de la información financiera”, explicó como defensa.

KPMG fue multada con más de 2 millones de euros por el escándalo de la CAM

Pero si hay un caso que salpicó de lleno a KPMG fue la caída de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de Valencia (CAM). La caja valenciana presentó en 2010 unos beneficios de 201 millones de euros. Pero los resultados de las pruebas de solvencia  — los test de estrés a los que se sometió la banca europea —  sacaron a la luz que realmente tenía unas pérdidas sin declarar en su balance que ascendían 4.587 millones de euros.

La revisión de estas cuentas las había realizado previamente KPMG, que se defendió afirmando que no se le habían facilitado todos los datos. Su defensa no fue suficiente para convencer al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, que sancionó a la auditora con 2,4 millones de euros. 

Este episodio también llevó a Scott a defenderse en la Cámara Baja. Su argumento, el mismo: negar cualquier responsabilidad de la firma. «Tengo la total confianza en que KPMG ha hecho las auditorías de forma rigurosa y en función de la normativa vigente», sostuvo.

KPMG se lavó las manos sobre el informe que elaboró sobre las cajas gallegas

Tampoco pasó desapercibido el informe que KPMG elaboró sobre las cajas gallegas y fue encargado previamente por la Xunta. El trabajo estuvo lleno de fallos de cálculo y de previsiones, que quedron totalmente alejadas de una realidad. Por ejemplo, los costes totales de reestructuración, decía KPMG, iban a ascender a 485 millones de euros, pero finalmente hicieron falta 9.000 millones para que el banco resultante de la integración de Caixa Galicia y Caixanova no se fuera a pique.

No obstante, la auditora defendió que su trabajo se limitó únicamente a hacer proyecciones sobre la solvencia de las cajas en una posible fusión. “Nunca recomendamos la fusión de las cajas gallegas”, afirmó el representante de KPMG, Francisco Gilbert. «Nuestro informe en ningún caso fue una auditoría de cuentas [ver vídeo a continuación]», añadió.

La hemeroteca no solo deja escándalos recientes. Ya en el año 2002, de acuerdo a la información del ICAC, KPMG recibió la primera de las sanciones consultables. La multa, que ascendía a 551.891 euros (91,8 millones de pesetas), implicó a la constructora Huarte (la compañía se fusionaría años más tarde en OHL) y a la consultora, que no pudo volver a prestar servicios en los tres años siguientes.