Comapa, investigada por el jamón podrido, en preconcurso de acreedores

Tras varios meses en el ojo del huracán, Comapa abre un nuevo frente judicial. El mayor distribuidor de ibéricos de España, bajo lupa por un presunto fraude al vender jamón podrido y en mal estado, deberá visitar de nuevo los tribunales. La compañía se ha visto obligada a pedir el preconcurso de acreedores acuciada por las deudas  ante las entidades financieras y los distintos proveedores.

Según ha podido saber Economía Digital, la dirección de la compañía pidió el preconcurso el pasado 20 de mayo con tal de llegar a un acuerdo con sus acreedores y poner fin a los problemas de liquidez que la perseguían desde hace meses. Fuentes de la propia Comapa aspiran a que el movimiento “permita reordenar la situación financiera de la empresa para poder afrontar de forma más óptima los retos empresariales”.

La firma no desvela el montante de la deuda que arrastraba en el momento de presentarse ante el juzgado. Al cierre de 2017, el último disponible ante el Registro Mercantil, el pasivo con la banca alcanzaba los 94,7 millones de euros mientras que la mochila con los proveedores y las administraciones públicas era de 101,8 millones de euros. Un total de 196,5 millones de euros para una empresa que facturó 451 millones de euros y ganó 18,1 millones antes de destaparse el escándalo del jamón podrido.

Sí aportan más luz las cuentas de 2018 de Vall Companys, la cárnica catalana que posee el 29,83% de Comapa. Como segundo accionista –por detrás del empresario Blai Parés, siempre asesorado por David Álvarez— aportó una inyección de 141 millones de euros en forma de préstamo para dotar de oxígeno a su participada. “El crédito concedido permite garantizar la financiación necesaria para mantener las operaciones de la compañía”, señalan desde el grupo leridano.

Los auditores tienen dudas de si Vall Companys podrá recuperar la inyección económica a Comapa alguna vez

Sin embargo, sus auditores no lo ven tan claro. Pont Mestres & Auditores Asociados advierte en su informe de los problemas económicos de la filial y no tiene claro “si los saldos pendientes serán recuperables en su totalidad o en parte”. Así pues, los auditores de Vall Companys no ven clara la posibilidad de recuperar el dinero invertido.

Desde la empresa se muestran tranquilos. Al contrario de lo que se sugirió a lo largo de 2018, la firma catalana no tiene previsto vender su participación en Comapa. «Mantenemos el 29,8% del capital y no tenemos previsto desvincularnos», aseguran. Queda en el aire, eso sí, si el préstamo de 141 millones concedido es convertible en acciones de la participada, una vía que serviría para incrementar su porción del pastel. 

De hecho, El Economista publicó en mayo que Vall Companys pretendía crear un gigante del sector con la unión de ambas compañías. Según el mismo medio, el primer paso será la integración de varios procesos productivos que terminarían con la fusión final para erigir la mayor empresa de alimentación española, con una facturación que superaría los 2.200 millones de euros.

Comapa y el jamón podrido

Antes, Comapa deberá cerrar la carpeta por el presunto fraude de la venta de jamón en mal estado. «El caso se encuentra aún en fase de investigación, colaboraremos, como siempre hemos hecho, con las instancias judiciales», responden. El caso, destapado el año pasado por Economía Digital, se encuentra en los juzgados de Badajoz. Diez empresarios, entre ellos Blai Parés, están imputados.

Hasta una treintena de empresas se apuntaron a una trama que pasaba por reetiquetar jamones caducados y en mal estado para venderlos como frescos, razón por la que podían permitirse bajar el precio del producto por encima de las posibilidades de la competencia. Medio centenar de empresas son investigados por el caso.

El caso incluso provocó que los inspectores de varias comunidades autónomas emitieran «alertas sanitarias» por el estado de los productos y obligaron a retirar miles de kilos de las estanterías de supermercados como Carrefour, Ahorramás y Makro.

Además, a comienzos de agosto la organización de consumidores Facua denunció a Comapa ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por vender jamones con etiquetado confuso: cerdos criados en Polonia cuya carne fue curada y envasada en Segovia y que se comercializan bajo el lema Jamones Sierra Alpujarra. Granada. Jamón curado.

La empresa desmiente las acusaciones y asegura que cumple «totalmente» la normativa europea. Defiende que el jamón se envasa en Atarfe, Otura, Trevélez y Busquístar y añade: «Polonia es un país de la Unión Europea, como lo son otras provincias productoras en España. «Ambas regiones se encuentran amparados por la misma legislación, por lo que los requisitos a cumplir son los mismos que del resto de países de donde pueda proceder una materia prima», zanja la empresa.