Un funcionario de salud ante la juez: “Había jamones y ratas muertas”
Los 16 funcionarios de la Junta de Extremadura interrogados por la trama del jamón se ratifican en las acusaciones de delitos contra la salud pública
La juez que instruye la investigación contra la trama del jamón ha interrogado a 16 funcionarios de la Junta de Extremadura tras las inspecciones sanitarias que destaparon una extensa trama empresarial acusada de delitos contra la salud pública.
Todos los funcionarios, miembros de los equipos de salud pública, han ratificado que las empresas involucradas en la trama empresarial cometieron graves delitos contra la salud pública y pusieron en riesgo la vida de los trabajadores y de los propios sanitarios al manipular alimentos en mal estado.
Economía Digital ha tenido acceso a las declaraciones de todos los interrogados hasta ahora en los tribunales de Fregenal de la Sierra (Badajoz) que investiga uno de los mayores delitos alimentarios en España desde el aceite de colza.
Medio centenar de empresas y empresarios están siendo investigados por la venta de carnes y jamones en mal estado por parte de una red en la que también está implicada Comapa, el mayor distribuidor de ibéricos de Carrefour. La red daba salida comercial a los restos y productos defectuosos de una extensa red que comercializaba carnes y productos curados defectuosos.
“Los productos cárnicos estaban en mal estado visiblemente. Los envasados al vacío estaban abombados, crecimiento de clostridium. Tuvimos que estar con cuidado para que no reventaran esas bolsas por nuestra seguridad. Junto a los jamones había moho, excremento de ratas, cadáveres de ratas. Era dantesco. Nosotros, como personal sanitario, no estamos acostumbrados a ver esto. Los agentes del Seprona (de la Guardia Civil) no lo podían creer”, explicó Miguel Batalla, el primer inspector de Salud Pública de la Junta de Extremadura que visitó las naves donde se almacenaban los jamones investigados.
Los funcionarios de la Junta de Extremadura respondieron a las preguntas de la juez y también de los abogados de dos de las empresas donde se encontraron grandes partidas de alimentos manipulados en malas condiciones higiénicas: Valle de los Valfríos y Cash La Temporada, controladas por los hermanos Francisco y Antonio Cordero Gamero, según las investigaciones policiales.
Un total de 16 funcionarios detallaron a la juez lo que observaron en las visitas a lo que se conoce como “la nave de los horrores”.
Comida para perros, no para humanos
“Vimos unos centros de jamón que estaban siendo limpiados y precintados. Tenían fechas de consumo preferente o caducidad rebasadas. Eran producto sandachs (productos que deben ser incinerados de inmediato), no aptos para humanos. Podían ser productos para perros, pero no para humanos. Las condiciones higiénicas eran lamentables”, explica el funcionario ante la juez.
Los funcionarios advirtieron del riesgo que para la salud pública suponen estos jamones y productos cárnicos.
“Hay un riesgo sanitario en hacer envasado el vacío en un ambiente que no es aséptico, que es lo que se estaba haciendo allí. Hay riesgo listeriosis que puede provocar abortos, meningitis, salmonela, fallos cardiacos, renales y otros problemas”, explica el perito veterinario que pidió la clausura de la nave, una medida que ejecutó la Guardia Civil.
Los abogados de las empresas imputadas por delitos contra la salud pública defendieron ante la juez que se trata de simples faltas administrativas por que los empresaron carecían de la documentación en regla y de permisos sanitarios para hacer loncheados.