Cabify liquida su sociedad en Luxemburgo para zanjar ‘líos’ fiscales
Cabify, en plena campaña para concienciar de que sí paga sus impuestos en España, da otro paso con la restructuración del grupo
Cuánto pagan en impuestos Uber y Cabify siempre ha estado bajo sospecha. Las acusaciones de algunos partidos políticos, como Podemos, y de otros sectores, como el taxi, que consideran que las plataformas consiguen eludir parte su responsabilidad fiscal en España, han sembrado la duda sobre si pagan en el mercado nacional por los beneficios que generan.
Cabify, la compañía española presidida por Juan de Antonio, ha dado un paso más para esclarecer que tributa allá donde tiene actividad, de acuerdo a la legalidad vigente. Según ha podido saber Economía Digital, la compañía española ha liquidado recientemente su sociedad luxemburguesa Spinal Tap SARL, tenedora de la sociedad que controla la actividad de su servicio de taxis en Colombia.
Fuentes cercanas a la compañía explican que el motivo de la liquidación de esta sociedad, todavía activa según el Luxembourg Business Registers (equivalente al Registro Mercantil de España), responde a la voluntad de querer tener una estructura societaria en la que solo haya una empresa por cada país en el que se opera, a diferencia de otros rivales. La compañía, inmersa en una campaña de concienciación para explicar que sí paga sus impuestos en España, cierra esta sociedad para zanjar cualquier nuevo lío que pueda aparecer.
El Gran Ducado es un país de la Unión Europea que tiene una tributación más laxa que la mayoría de países comunitarios y ha sido investigado por la Comisión Europea por el trato favorable a algunas tecnológicas, como Amazon.
El país se ha visto implicado en polémicas en el pasado, como el tax ruling, el acuerdo fiscal secreto entre multinacionales (Pepsi, IKEA, Burberry, Skype o Disney, entre otros) y el gobierno del país que fue destapado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Qué hace Cabify con una sociedad en Luxemburgo
La sociedad que se dispone a cerrar, antes conocida como Agixo SARL, tiene el 100% de las acciones de la compañía colombiana de taxis Tappsi SAS y está domiciliada en Luxemburgo, donde Cabify no ofrece ningún servicio. Fue constituida por su anterior propietario, Juan Carlos Salcedo, en 2015 a través de la sociedad Meridale Investments Limited, radicada en Bridgetown, capital del paraíso fiscal de Barbados.
Un año después, en abril de 2016, la compañía pasó a tener como único accionista a Maxi Mobility Inc, la matriz de Cabify radicada en Delaware (Estados Unidos). La operación fue fruto de la compra de Easy Taxi por parte de Cabify en toda Latinoamérica, en una alianza que provocaría que la compañía española fuera a día de hoy uno de los rivales del sector más importante en la región.
La sociedad luxemburguesa, que arrojó pérdidas por valor de 43.000 euros en su último ejercicio (2017), está controlada directamente por uno de los directivos españoles de Cabify, Juan Ignacio García Braschi, máximo responsable de las finanzas del grupo y conocido por ser uno de los artífices de la plataforma.
Cabify explica cómo paga impuestos en España
Cabify siempre ha defendido que paga impuestos allá donde tiene actividad, anotando en las cuentas españolas la facturación que genera, y que nunca ha utilizado una estructura societaria para poder adelgazar su factura fiscal en España. Sus aportaciones estimadas a las arcas públicas en 2018 ascienden a los 40 millones de euros.
Uber y Cabify tienen una política fiscal distinta, pese a que muchas veces se les acuse de operar del mismo modo
Cabify ya explicó hace unos meses que, a diferencia de otras plataformas de economía digital de distintos sectores, «no cuenta con estructuras fiscales a las que derive ninguno de los ingresos generados por su actividad en España». Esto es, siguiendo su razonamiento, que pese a que tiene su sede en Delaware, factura, ingresa y declara en España.
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— Cabify España (@cabify_espana) 24 de abril de 2019
Su competidor, Uber, en cambio, tiene un sistema distinto. La compañía californiana sí consigue evitar el pago del grueso de sus ingresos, cobrando sus servicios desde su sociedad holandesa Uber N.V., mientras su filial española, Uber Systems Spain, únicamente se dedica a servicios de marketing y apoyo a la matriz. ¿La consecuencia? Únicamente pagó en España 53.817 euros por su beneficio de 2017 (último año con cifras disponibles).
Este modus operandi no es solo una práctica de las plataformas con vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), sino de muchas tecnológicas. La compañía de coche compartido Blablacar anota sus viajes en Francia y Airbnb ingresa lo pagado por alojamientos en Irlanda.
