Las autopistas rescatadas acaban en manos de una empresa por liquidar
El Tribunal de Cuentas recomendó el año pasado liquidar la empresa de Fomento que se encargará de gestionar (temporalmente) las autopistas rescatadas
Este próximo viernes, en el último consejo de ministros antes de las vacaciones veraniegas, el Gobierno dará el pistoletazo de salida a su plan para zafarse de las autopistas quebradas y después rescatadas. El ejecutivo aprobará el convenio mediante el que cede su gestión a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), una entidad de titularidad 100% pública dependiente del ministerio de Fomento. Las nueve autopistas en proceso de liquidación durarán poco en manos de Seittsa: el departamento que dirige Íñigo de la Serna pretende sacarlas al mercado a finales de 2018, según reveló el propio ministro este lunes en una entrevista en El País.
Antes de esto, el Estado habrá de hacer frente a la indemnización millonaria que recibirán las antiguas empresas concesionarias. La factura a cuenta de las arcas públicas podría ascender hasta los 3.700 millones de euros más indemnizaciones, según los cálculos del Tribunal de Cuentas. De la Serna estima que la compensación se “situará sustancialmente por debajo” de esta cifra. Con todo, los problemas para la administración no se acaban aquí.
Una vez en sus manos, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere deshacerse cuanto antes de una patata caliente que se metió en el horno en tiempos de José María Aznar. Entonces, su edificación y posterior licitación se realizaron bajo unas estimaciones de tráfico que no han aguantado el paso del tiempo. En la España de la burbuja ni las viviendas ni las autopistas parecían nunca suficientes. Ahora, el ejecutivo central pretende solventar este marrón en un tiempo récord: poco más de doce meses.
Autopistas quebradas: la patata caliente de la radiales se metió en el horno en tiempos de Aznar
La encargada de hacerlo será Seittsa, quien tendrá que realizar unos nuevos estudios de tráfico y de demanda actualizados, se supone que más realistas, sobre las nueve infraestructuras en venta: las radiales R3, R-5, R2, R4 (Madrid-Ocaña), la M-12, la AP-7 (tramo de circunvalación de Alicante), AP-41 (Madrid-Toledo), AP-7 (tramo Cartagena-Vera) y AP-36 (Ocaña-La Roda). Serán los técnicos de la sociedad presidida por Manuel Niño González, actual secretario general de Infraestructuras, los que redacten los nuevos pliegos en los que se basará la posterior relicitación del paquete.
Recomendación de «extinción»
Creada por Fomento en 2005, Seittsa ha vivido desde su fundación en un discreto segundo plano. Tan discreto que en julio de 2016 el Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que criticaba duramente la “limitada actividad y alto coste” de un organismo pensado para canalizar la construcción de carreteras y ferrocarriles de titularidad pública. En el texto, que hacía referencia a la actividad de Seittsa en el periodo 2012-2014, el supervisor incluso recomendaba su “disolución y extinción” si no se tomaban las “medidas para optimizar los recursos [públicos] asignados”.
Seittsa: el Tribunal de Cuentas criticó la «limitada actividad y alto coste» de la sociedad pública
Entre las críticas del tribunal destacaba la incapacidad de sus gestores para generar una “mayor aportación de financiación privada” a su actividad, uno de los objetivos con los que fue constituida, señalaba el texto. Aunque también los “elevados” gastos de personal (1,31 millones en 2014; 1,37 millones ya en 2016, según la última memoria de sostenibilidad) y las retribuciones del consejo de administración (123.000 euros en dietas en 2014; 126.000 euros en 2016).
Cuatro años de demora
En 2013, en pleno páramo de licitaciones públicas, Fomento anunció que asignaría a Seittsa la gestión de las vías de peaje en problemas. La falta de acuerdo entre el Gobierno y las concesionarias –el ejecutivo trató de negociar sin éxito una quita de la deuda que arrastran estas infraestructuras- ha pospuesto esta decisión casi cuatro años. Así, el Estado tendrá que hacer frente en su totalidad a la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA), que le obliga a reparar a las concesionarias que se dejaron dinero en esta licitación. Un negocio, en definitiva, ruinoso para el contribuyente… que está lejos de escribir su punto y final.
