ACS, Sacyr y Abertis quieren más dinero por las autopistas quebradas
Las tres empresas se unen en bloque contra el Gobierno y pasan la pelota al Tribunal Supremo
ACS, Sacyr e Iberpistas (Abertis) han recurrido ante el Tribunal Supremo la metodología aprobada por el Gobierno para calcular la responsabilidad patrimonial de Estado (RPA), a la que se deberá hacer frente por el rescate de estas vías.
Estos recursos, según ha publicado el BOE este lunes, han sido admitidos a trámite por el alto tribunal y se suman a los interpuestos por otras entidades como Bankia, Globalvía y los fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas.
El conflicto se remonta a finales de abril, cuando el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo de interpretación del método para calcular la multimillonaria factura a la que deberá hacer frente el Estado. El motivo no es otro que la quiebra de las concesionarias de estas autopistas, ahora en fase de liquidación y en manos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa).
El Gobierno cifra en base a su metodología un máximo de 3.305 millones de euros como reparación patrimonial. Habrá que abonar a esta cantidad otro importe derivado por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción y no amortizadas (vía peajes).
No obstante, también habrá que restar las inversiones que se consideran necesarias para la «puesta a cero» de estas autopistas o coste de reposición, así como las expropiaciones pendientes de amortización y pagadas por la administración. Una auditoría encargada a la empresa Ineco considera que las autopistas rescatadas requieren inversiones de 370 millones.
Un cálculo final polémico
El problema de todo es que esta cantidad se ha modificado en varias ocasiones. El Ejecutivo detalló en octubre de 2017 que, según el plan presupuestario para 2018 remitido a Bruselas, el gasto en inversiones se vería afectado por la cobertura de más de 2.000 millones de la RPA.
Esta cifra, a la postre, volvió a verse modificada apenas unos meses después, cuando la estimación se rebajó a 1.800 millones de euros cuando, según los fondos acreedores, esta cantidad debería rondar los 4.500 millones de euros.
Las autopistas que quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.
