Acciona quiere que los tribunales arreglen sus números
Acciona y la Generalitat se reunirán en diciembre por el contrato de ATLL, pero ninguno de los dos confía en un acuerdo que evite los juzgados
Acciona y la Generalitat resolverán el contrato de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) en los tribunales. Todavía no admiten públicamente lo que reconocen en privado: se reunirán antes de finalizar este año, aunque ninguna de las dos partes confía en alcanzar un acuerdo que evite los juzgados. El gobierno catalán sólo contemplaría pagar un tercio de los más de mil millones de euros que reclama el consorcio liderado Acciona.
La Generalitat constituyó en verano pasado una comisión de liquidación. Debe calcular la compensación que ofrecerán al consorcio por rescindir el contrato de gestión de ATLL, la compañía que suministra el agua en alta a 4,5 millones de catalanes. Sin embargo, Acciona se les adelantó al presentar la semana pasada una factura por un importe de 1.074 millones de euros.
En un comunicado, el secretario general de la consejería de Territorio y coordinador de la comisión de liquidación, Ferran Falcó, calificó la reclamación de Acciona de “desproporcionada”. Esta comisión está formada por técnicos de los departamentos de Territorio y Economía, así como de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y de los servicios jurídicos de la Generalitat.
Fuentes oficiales de la Consejería de Territorio precisan que la comisión de liquidación presentará en las próximas semanas un informe jurídico y económico que incluirá la compensación que ofrecerán al consorcio. Después se reunirán con sus representantes.
Otras fuentes próximas a la comisión de liquidación señalan que Acciona presentó una reclamación de más de mil millones de euros como si se tratase de una rescisión unilateral de contrato. Insisten en que el grupo que preside José Manuel Entrecanales no ha tenido en cuenta que, en febrero pasado, el Tribunal Supremo anuló el contrato de concesión de ATLL.
Provisión de 380 millones de euros
En el ejercicio de 2015, la Generalitat realizó unas provisiones de 380 millones de euros en previsión de posibles compensaciones por la resolución de la concesión de ATLL. El gobierno catalán no negociará por encima de este “tope”, que equivale a un tercio de lo que ahora reclama Acciona, según las fuentes consultadas.
De los 1.074 millones de euros que reclama Acciona, 305 millones corresponden a la liquidación del contrato y otros 769 millones son por daños y perjuicios. La Generalitat entiende que no debe pagar por este último concepto al existir una sentencia judicial que anula el contrato. Y también discrepan del importe de liquidación.
ATLL facturó el año pasado 156 millones de euros y obtuvo unos beneficios de 28,1 millones. Acciona controla el 76% de la concesionaria. Uno de sus socios minoritarios, el fondo británico Pioneer Point Partners, avanzó a Expansión que no descarta recurrir a instancias judiciales europeas.
Si la Generalitat cubre los 305 millones de liquidación, Acciona y sus socios no pierden dinero. Sin embargo, se resisten a quedarse sin un pastel del que tan sólo han disfrutado 6 años cuando podían hacerlo durante 50. Intentarán buscar los beneficios en los tribunales.
La pelota está en el tejado de Quim Torra
Desde Acciona recuerdan que, en estos momentos, “la pelota está en el tejado de la Generalitat”. Esperan que el gobierno de Quim Torra les ponga una propuesta sobre la mesa. Sin embargo, ninguna de las dos partes se muestra optimista sobre la posibilidad de un acuerdo pactado que evite los tribunales.
El pasado julio, la Generalitat aprobó mediante un decreto ley la constitución de una sociedad totalmente pública que se hará cargo de ATLL a partir del próximo 1 de enero.
El conflicto arrancó en 2012, precisamente cuando la Generalitat, presidida entonces por Artur Mas, privatizó la gestión de ATLL. Adjudicaron la concesión por un periodo de 50 años a un consorcio liderado por Acciona, que en los últimos días de aquel año avanzó 300 millones de euros que sirvieron para cuadrar las cuentas de la administración catalana.
Los organismos de controla advirtieron de irregularidades en el pliego de condiciones del concurso. Agbar llevó el caso a los tribunales y, finalmente, el Supremo anuló una adjudicación que demostró ser una chapuza.
