Acciona exige a la Generalitat más de mil millones por ATLL
Acciona y sus socios reclaman 1.037 millones a la Generalitat por la liquidación del contrato de concesión de aguas de ATLL
Acciona y el fondo británico Piooner Point Partners reclaman a la Generalitat una indemnización de 1.037 millones de euros por la liquidación del contrato de concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL).
En un escrito que dirigieron al gobierno catalán este miércoles, los accionistas de la concesionaria exigen el pago de más de mil millones de euros antes del próximo 31 de diciembre. En esa fecha, la Generalitat ha anunciado que asumirá de nuevo el servicio de suministro de agua en alta que efectúa ATLL a un área en la que viven 4,5 millones de personas.
El Tribunal Supremo anuló en febrero pasado la concesión que realizó la Generalitat en 2012, durante el gobierno de Artur Mas, a un consorcio liderado por Acciona. Los accionistas exigen ahora una indemnización.
Según informa Expansión, la factura que este consorcio ha pasado a la Generalitat por la extinción anticipada del contrato de ATLL se divide en dos partes: en concepto de cánones y amortizaciones no amortizadas, reclaman 305 millones de euros; y en concepto de lucro cesante, así como por daños y perjuicios otros 769,5 millones de euros. Los accionistas descuentan 38 millones de euros por distintas variantes.
Esta reclamación esta liderada por el accionista mayoritario, Acciona, que preside José Manuel Entrecanales, y por el fondo británico Piooner, poseedor de una participación inferior al 2%.
Las previsiones de la Generalitat se quedan cortas
La factura de Acciona y el resto de accionistas es muy superior a la prevista en su momento por la Generalitat. En el ejercicio de 2015, el gobierno catalán realizó unas provisiones de 380 millones de euros.
Sin embargo, el gobierno de Quim Torra intenta recortar todavía más el importe. Prepara expediente de resolución, en el que contempla pagar tan sólo entre 150 y los 170 millones de euros, según avanzó El Confidencial.
El conflicto estalló a finales de 2012, precisamente cuando la Generalitat adjudicó la privatización de ATLL al consorcio liderado por Acciona. Agbar acudió a los órganos arbitrales de la Generalitat y a los juzgados, que siempre le han dado la razón. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló la concesión en febrero pasado.
