CSIF denuncia que la Junta ha detenido la vacunación a los mutualistas en Andalucía
El colectivo explica que el cese de la vacunación afecta a unas 332.000 personas acogidas a Muface, Mugeju e Isfas
La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) denuncia que la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha detenido la vacunación a los mutualistas en los centros de salud de la región.
Esta posible irrupción ocurre en medio de la crisis generada en Muface por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras respecto al concierto sanitario.
En un comunicado, CSIF ha explicado que «esta situación afecta a más de 322.000 personas acogidas a Muface, Mugeju e Isfas (mutualidades de funcionarios civiles, de la Justicia y de las Fuerzas Armadas), salvo a las personas que residen en pequeñas poblaciones rurales, tal y como consta en una nota de la Consejería de Salud y Consumo».
El colectivo, que asegura haber registrado casos en Córdoba y Jaén, califica esta medida de «discriminatoria» e indica que atenta principalmente contra la salud de menores de edad incluidos en el calendario vacunal.
Esta problemática se suma a las quejas recibidas por CSIF en todo el país, relacionadas con la denegación de pruebas diagnósticas, citas médicas e intervenciones quirúrgicas.
En este escenario, CSIF indican que se «mantiene la jornada de huelga para el próximo 13 de febrero, a la que están convocados más de medio millón de funcionarios de toda España en diferentes ámbitos: personal docente, centros de la Administración General del Estado y el personal funcionario de Correos.»
Hasta ahora, el SAS era responsable de administrar las vacunas a mutualistas y beneficiarios, así como de emitir un certificado que estos debían presentar a las aseguradoras para que abonaran al SAS los costes derivados del procedimiento.
Sin embargo, esta medida afecta a todas las vacunas incluidas en el calendario oficial, como las de nirsevimab, VPH, herpes zóster, neumococo, meningococo, y hepatitis A y B para grupos de riesgo, impactando especialmente a los colectivos más vulnerables.
Actualmente, el SAS ha trasladado a los mutualistas la obligación de acudir a sus centros concertados para obtener una receta médica, con la cual deberán adquirir las vacunas en farmacia, adelantando el coste de su propio bolsillo antes de proceder a su administración.
Por otro lado, el colectivo indica que la negativa del SAS a la vacunación puede ocasionar serias consecuencias, como la aparición de brotes, aumento de la incidencia de enfermedades inmunoprevenibles, entre otras.