Los exdirigentes de UGT de Andalucía declaran por el presunto fraude en los cursos de formación
El exsecretario regional Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro exaltos cargos son juzgados por un posible fraude de casi 41 millones de euros
Vista de la sala de la Audiencia de Sevilla donde se realiza el juicio contra la antigua cúpula de UGT de Andalucía. EFE/ Raúl Caro
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El juicio contra la antigua dirección de UGT en Andalucía, acusada de presunta malversación de fondos mediante una red de facturación falsa para desviar 40 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a cursos de formación, se reanuda este lunes con la comparecencia del exsecretario regional del sindicato, Francisco Fernández Sevilla.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla está enjuiciando a Fernández Sevilla y a otros cuatro ex altos cargos sindicales por supuesto fraude continuado en la obtención de subvenciones, en asociación con la falsificación continua de documentos mercantiles, como resultado de las presuntas facturas falsas. Se estima que se defraudaron 40.750.047,74 euros en subvenciones públicas.
Además de Fernández Sevilla, están siendo juzgados el exsecretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la exsecretaria de Gestión Económica, María Chapín; la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea, y otras diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de prisión y una multa de 50 millones de euros para Fernández, Fresneda, Chapín y Goicoechea, y cinco años de prisión y la misma multa para Dolores Sánchez.
Para los otros diez acusados, que eran proveedores de UGT Andalucía, la Fiscalía pide tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros, lo que suma 3.600 euros. Además, se solicita que Fernández, Fresneda, Chapín y Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.
La causa que lleva 10 años
Esta macrocausa se lleva a cabo una década después de que fuera iniciada por el juzgado de instrucción 9 de Sevilla, habiéndose visto retrasada debido a la realización de complejos informes periciales necesarios para aclarar los hechos. No fue hasta mayo de 2021 que la causa fue remitida.
La Fiscalía Anticorrupción centra su acusación en 14 expedientes de subvenciones otorgadas por el sindicato, señalando como mecanismos para el fraude la creación de una central de compras y el uso de instrumentos como el ‘rápel’ y el ‘bote’ para financiar presuntamente al sindicato.
La central de compras, según el Ministerio Público, fue una idea original de Manuel Pastrana, ex secretario general de UGT-A, quien no está siendo juzgado por razones de salud. La misma fue continuada por Francisco Fernández. Su propósito inicial era centralizar la relación con los proveedores del sindicato regional, extendiéndose luego a las diferentes uniones provinciales, así como a empresas y fundaciones vinculadas a UGT.
El ‘rápel’ consistía en un descuento que se aplicaba en las compras realizadas por el sindicato a un proveedor, siendo este descuento supuestamente soportado por el proveedor y luego ingresado en una cuenta designada por el sindicato. Posteriormente, el sindicato presentaba facturas ante la administración (la Junta de Andalucía) sin incluir dicho descuento.
Simulación de facturas
El ‘bote’ implicaba la emisión de «facturas simuladas» que pasaban a formar parte de una cuenta a favor de UGT con terceros, siempre que estas fueran pagadas previamente. Según la Fiscalía, esto permitía a UGT llevar a cabo actividades al margen de las subvencionadas utilizando fondos provenientes de ese ‘bote’.
El juicio se reanudó en marzo, casi un mes después de ser interrumpido debido a problemas de salud del presidente de la Sección Tercera, Ángel Márquez. Durante las sesiones comparecieron desde agentes de la UCO que investigaron el caso hasta antiguos trabajadores del sindicato.
Un testimonio relevante fue el de Roberto Macías, ex empleado de UGT-Andalucía, quien fue condenado por revelación de secretos por haber extraído información confidencial de los servidores del sindicato.
Durante su declaración, Macías denunció la existencia de una «facturación fraudulenta» relacionada con algunos proveedores, por servicios que no se habían prestado o se habían realizado por un importe inferior. Esto generaba un ‘bote’ que él denominó «fondo de reptiles» e incluso señaló que las prácticas del sindicato tenían similitudes con una «organización mafiosa».
