Exlíder de UGT-Andalucía condenado a 3 años de cárcel y 50 millones de multa por fraude en subvenciones

En total, cinco excargos de UGT-A han sido condenados a prisión y a indemnizar a la Junta por desviar más de 40,6 millones de ayudas para financiar actividades del sindicato

El ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla

El ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla a su llegada al juicio, a 29 de enero de 2024 en Sevilla, Andalucía (España). Foto: Francisco J. Olmo / Europa Press 29/1/2024

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La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha condenado al ex vicesecretario de organización y exsecretario general de UGT-Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, a 3 años de cárcel y una multa de 50 millones por falsificar documentos y desviar más de 40,6 millones de fondos públicos de la Junta para «financiar actividades propias del sindicato».

Fernández es acusado de utilizar «de forma consciente y fraudulenta» este dinero que originalmente iba destinado a cursos de formación, según figura en una sentencia recogida por Europa Press y difundida el pasado martes por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un fallo susceptible de recurso de casación.

El Tribunal condena a las mismas penas (3 años y 50 millones de multa) por los mismos delitos al exsecretario general de Administración de la organización, Federico Fresneda; a la exsecretaria de Gestión Económica, María Charpín; y al CEO de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L, Enrique Goicochea.

La ex responsable del área de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez, también ha sido condenada como cómplice por los mismos delitos a seis meses y dos días de prisión, y a una multa de 25 millones de euros. El resto de acusados, empresarios otrora provedores de UGT-A, han sido absueltos.

La sentencia establece que Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea deberán indemnizar conjuntamente a la Junta con el 99% de la cantidad de 40.620.256 euros, mientras que Dolores Sánchez deberá abonar el 1% de esa suma, en calidad de cómplice.

Además, se le responsabiliza subsidiariamente junto con los otros condenados, hasta un límite de 4.288.707 euros. El sindicato UGT-A es declarado responsable civil subsidiario por el total de 40.620.256,43 euros, mientras que las empresas proveedoras del sindicato son absueltas de cualquier responsabilidad civil.

Más detalles

El tribunal ha reservado «las acciones a la Junta» respecto a varios expedientes de ayudas a UGT-A, debido a irregularidades en la documentación presentada. En algunos casos, «nada se ha podido determinar» sobre los gastos, en otros «no consta la presentación de documentos de justificación», y en varios más, «no se ha dispuesto de la documentación completa para justificar la ayuda».

La sentencia confirma que UGT-A «ha venido recibiendo subvenciones por parte de la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo para acciones formativas» entre 2009 y 2013, y que sus dirigentes, como Manuel Pastrana, Francisco Fernández Sevilla y Federico Fresneda, utilizaron estas ayudas para financiar gastos internos del sindicato.

Para ello, se usaron técnicas fraudulentas como «descuentos, comisiones y rappel» no reflejados en las facturas, permitiendo al gremio imputar íntegramente estos costos a las subvenciones. Asimismo, se elaboraron facturas falsas con conceptos genéricos o sobrevalorados, que justificaron gastos inexistentes ante la administración.

El tribunal también menciona un sistema llamado «bote», utilizado para financiar al sindicato a través de facturas falsas, y la imputación de gastos no subvencionables como salarios o gastos de estructura del sindicato a los cursos de formación.

Asimismo, se identificaron otros incumplimientos legales que afectan la justificación de las ayudas recibidas. En la sentencia, la Audiencia resalta la figura de Federico Fresneda, quien jugó un papel clave en la relación con los proveedores para desviar los fondos públicos, con el apoyo de otros altos cargos como Fernández Sevilla, Charpín y Sánchez. En total, se identificaron 40.620.256 euros de gastos no subvencionables.

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