La Consejería de Turismo y el Ayuntamiento de Sevilla colaboran para controlar las viviendas turísticas

Ambas instituciones firman un convenio para avanzar en la transparencia de datos, nuevas inscripciones, cambios de titularidad y cancelaciones a través del intercambio de información

Imágenes de turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga.

Imágenes de turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga. Álex Zea / Europa Press

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La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han firmado un convenio de colaboración para coordinar y reforzar el control y el intercambio de información sobre las viviendas de uso turístico (VUT) emplazadas en la capital hispalense.

El departamento encabezado por Arturo Bernal se propone firmar convenios con el resto de ayuntamientos de la comunidad autónoma para avanzar en la transparencia de datos, nuevas inscripciones, cambios de titularidad y cancelaciones a través del intercambio de información. A la vez, se prevé el refuerzo de la colaboración para controlar el cumplimiento normativo y detectar infracciones urbanísticas.

El convenio también recoge la creación de una comisión de seguimiento compuesta por representantes de ambas administraciones para la coordinación de actuaciones, velar por la correcta ejecución del convenio, así como su seguimiento y evaluación.

Sumar esfuerzos

«Queremos mitigar los posibles efectos no deseados de las VUT en aquellos municipios que según su modelo de ciudad, suponen un desequilibrio con el uso residencial o habitacional», ha asegurado el consejero.

De esta manera, ha destacado, ayudan a los ayuntamientos a regular la oferta, pero también a asegurar su calidad, mejorar la experiencia de los clientes y proteger los intereses de los residentes y turistas.

El alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ha hecho referencia a algunas de las iniciativas impulsadas en el consistorio, como la puesta en marcha de la normativa que prohíbe conceder licencias en zonas saturadas.

A su parecer, el convenio suma los esfuerzos de las dos instituciones para que cada una de las administraciones «vele» por el cumplimiento de la normativa y puedan detectar conjuntamente cualquier tipo de irregularidad.

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