El CGPJ propone medidas contra la saturación de los juzgados de Cádiz y Huelva por las causas de narcotráfico
Los órganos judiciales propusieron aumentar el número de juzgados, unir partidos judiciales y reforzar agentes externos, como policía e intérpretes
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado medidas para paliar la situación en la que se encuentran varios órganos judiciales de la provincia de Cádiz y Huelva, debido a la carga de trabajo que soportan por la instrucción de causas complejas de narcotráfico.
En concreto, propone unificar los 19 juzgados de primera instancia e instrucción y del exclusivo de violencia sobre la mujer en tres partidos judiciales en el Campo de Gibraltar.
También solicitará a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que indique las necesidades concretas en relación con la eventual unificación de los partidos judiciales. Esto se aplicaría a los de Cádiz, San Fernando y Puerto Real; a los de Moguer y limítrofes; y los de Chiclana de Frontera y Barbate.
La tercera propuesta es la creación de un nuevo juzgado de primera instancia e inspección en el partido judicial de Sanlúcar de Barrameda, en el partido judicial de Moguer de la Frontera, y una nueva sección penal, con sede en el Algeciras, en la Audiencia Provincial de Cádiz.
Además, entran entre las medidas las mejoras de los edificios y de los medios materiales, además de un «plan integral de ampliación y refuerzo de los agentes externos (peritos, intérpretes, policía judicial, etc.) que intervienen en las causas penales tramitadas por los juzgados de primera Instancia e Instrucción de las provincias de Cádiz y Huelva».
Las medidas se proponen como resultado de la reunión que la Comisión Permanente mantuvo el pasado 18 de abril en Cádiz con titulares de órganos judiciales de los partidos judiciales afectados.
Situación deficitaria
El informe del Servicio de Inspección, del pasado 8 de abril, señala que los juzgados de los partidos judiciales de Barbate, la Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y Moguer se encuentran en una situación deficitaria en medios personales y materiales.
En términos globales, Inspección advierte de que la situación en la que se encuentra la jurisdicción penal en la provincia de Cádiz es «muy preocupante» en lo que se refiere a los juzgados de primera instancia e instrucción. Y añade también la situación deficitaria de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras.
Todo ello se debe a la instrucción de los procedimientos seguidos por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, especialmente los referidos a organizaciones criminales. Causan así disfunciones y retrasos, que se registran de forma más acusada en los juzgados de primera instancia e instrucción, que tienen competencias civiles, penales y, a menudo, de violencia sobre la mujer y registro civil.
Lo mismo ocurre en la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz cuando estos procedimientos llegan a la fase de enjuiciamiento: genera un volumen de trabajo que resulta inasumible con las actuales plantillas y estructuras judiciales.
El Servicio de Inspección considera conveniente adoptar de forma urgente «medidas extraordinarias de reorganización de los medios personales y materiales» de las provincias de Cádiz y Huelva. El objetivo, según transmite el comunicado del CGPJ, es «alcanzar una mayor eficiencia en la instrucción y enjuiciamiento de todos los delitos vinculados al narcotráfico».
El órgano judicial también recomienda otro tipo de medidas: reformas legislativas; de planta y demarcación; y dotación de agentes externos colaboradores, imprescindibles para el éxito de la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de delitos.