Moreno reconoce el fiasco en la gestión del bono de alquiler con más de 17 mil jóvenes afectados

21 meses. Ése es el tiempo que más de 17 mil jóvenes andaluces llevan esperando a que la administración andaluza culmine los trámites para el pago de las ayudas del Bono Alquiler Joven puestas en marcha por el Gobierno de España en enero de 2022 y cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas.

Andalucía fue la última comunidad en poner en marcha el proceso para la concesión de estas ayudas, en concreto noviembre de 2022. Por volumen de peticionarios, este programa en Andalucía tendría una partida de unos 70 millones de euros, una cantidad transferida desde el Gobierno a las arcas de la Junta, y en concepto de un máximo de 250 euros mensuales durante dos años.

«Hemos sufrido y sufrimos una odisea burocrática y a día de hoy aún seguimos sin ver la luz al final del túnel», reza el manifiesto difundido por la Plataforma de Afectados por la gestión en la ayuda Bono Joven de Alquiler en Andalucía, convocante de unas protestas que han tenido lugar este lunes en las ocho delegaciones provinciales de la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

Desde la plataforma reclaman «transparencia» en el proceso, en concreto reclaman el porcentaje de resoluciones por provincias y de órdenes de pago hasta la fecha, conocer el criterio que se está siguiendo para que expedientes realizados en una orden de llegada posterior se resuelvan antes que los más antiguos y asimismo información al respecto del coste de la plataforma informática que se esgrimió como motivo para retrasar la convocatoria.

El retraso en la concesión de estos bonos, que en la teoría están diseñados como ayudas de emergencia para la emancipación de los jóvenes, ha obligado a pedir disculpas a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. En la asunción de responsabilidades, por ahora, la consejera de Fomento y Vivienda, de la que es titular Rocío Díaz desde el 5 abril de este año, ha cesado a la jefa de servicios responsable de este programa.

Los afectados por este bloqueo, que este lunes se han manifestado ante la puerta de la todas las delegaciones territoriales de la consejería en las ocho provincias, califican este cese de «cabeza de turco», en palabras de Manuel Sanz, portavoz de la plataforma, y señala más arriba, directamente lo afectados piden la dimisión de la consejera.

Según el departamento de Fomento y Vivienda de la Junta, «antes del verano ya se han iniciado las primeras transferencias de estas ayudas y hasta la fecha se han tramitado más de 4.100 solicitudes con propuesta definitiva favorable. El dinero se va abonando conforme a la justificación de los beneficiarios. El gasto comprometido hasta la fecha es de más de 19 millones de euros«.

El fiasco en la concesión de estas ayudas fue parte del legado que Rocío Díaz heredó de su antecesora, Marifrán Carazo, cuando ésta dejó el Gobierno de Andalucía para centrarse en la campaña electoral de las municipales del 28M que, a la postre, le convirtieron alcaldesa de Granada por mayoría absoluta.

Desde abril, la responsabilidad ya recae sobre Díaz y su equipo que hasta ahora, por este asunto, ha forzado el cese de una jefa de servicios, por otro lado una funcionaria y ha sido señalada directamente por la plataforma de afectados que ya convocaron una sonora protesta el pasado 23 de junio a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, por el retraso en la tramitación y concesión de las ayudas y por, a decir de estos jóvenes, las peregrinas razones que estaba arguyendo la administración andaluza para el pago de las ayudas. «»

Desde Algeciras, el presidente de la Junta ha asumido en primera personas las «disculpas» a los jóvenes afectados por la demora en la tramitación de las ayudas del Bono de Alquiler Joven por parte de la administración autonómica, que ha vinculado a una «equivocación» y un «error» a la hora de la «figura administrativa» elegida para ello. Moreno ha pedido «responsabilidades de aquellos que se han equivocado», en lo que se entiende como una depuración dentro del equipo directivo de la consejería de Fomento y Vivienda. La consejería de Fomento y Vivienda no hizo este lunes declaraciones al respecto de este cese.

El presidente ha reconocido que «evidentemente se han equivocado en la figura administrativa que tenían que hacer», porque, aunque «querían acelerarlo, lo que han hecho es después dificultarlo», y ha apuntado que espera que «en un par de meses estén ya de una vez por todas puestas en marcha esas ayudas».

En este sentido, Moreno ha querido justificar que en la Junta están «trabajando a contrarreloj, y vamos a intentar que lo antes posible» se solucione el problema. Y ha asegurado que «todo el mundo» que tenga derecho «va a cobrar» esa ayuda «en su conjunto, y toda la cantidad que le corresponda».

Andalucía, la última comunidad en hacer los deberes

Andalucía fue la última comunidad autónoma en poner en marcha esta ayuda de carácter urgente. En su momento, el Gobierno de Juanma Moreno esgrimió razones burocráticas y la creación de una plataforma robotizada que agilizaría el proceso además de hacerlo más accesible. No fue hasta el 14 de noviembre de 2022, y con 11 meses de retraso, cuando la Junta puso a disposición el bono.

Según los datos de la plataforma, hasta hace tres semanas, la penúltima comunidad en conceder estas ayudas a los jóvenes era la Comunidad de Madrid con la diferencia que en esa fecha ya había abonado las ayudas (con carácter retroactivo) del 25% de los solicitantes. En la misma fecha Andalucía sólo tenía el 25% de los expedientes tramitados.

En el caso de Cataluña, con unos 36 mil expedientes de solicitantes inscritos en el programa Bono Alquiler Joven, la resolución se hizo de una forma «relativamente rápida», en palabras de Manuel Sanz. «Lo único que varía en la ecuación de una comunidad a otra es la gestión administrativa, porque las ayudas son las mismas en Madrid, en Barcelona o en Andalucía», insiste.

En palabras de este joven afectado, «la primera piedra en el camino la encontramos ese mismo 14 de noviembre, puesto que la plataforma creada en proceso durante 11 meses para facilitar la ayuda, estuvo caída durante horas y posteriormente funcionando con dificultades, lo que derivó en que miles de jóvenes muchos tras 24 horas frente al ordenador pudieran al fin realizar el trámite». Otros tantos, continúa, se quedaron «sin poder realizarla, al ir a su puesto de trabajo sin dormir y con la ansiedad de verse fuera de la ayuda» porque la Junta anunció que su concesión sería «por concurrencia no competitiva, es decir por orden de llegada».

Algunos de los afectados con los que ha hablado Economía Digital relatan un trámite administrativo que les llevó a estar durante más de 12 horas frente al ordenador para poder estar entre los primeros en acceder a la ayuda y no quedarse fuera del proceso. En la plataforma, denuncian en su manifiesto, «damos voz también a tantos jóvenes que tras pedirse incluso en no pocos casos el día libre, se quedaron fuera por la incompetencia de la Consejería de Fomento y Vivienda, encargada de gestionar la ayuda».

A partir de esta apertura del proceso de «caos inicial», los afectados relatan un tortuoso camino de llamadas, correos y sms cruzados con la administración. «En el proceso hasta la fecha hemos detectado una relación interminable de irregularidades», denuncian desde la plataforma: envío masivo de SMS fuera de plazo sin ser ésta una notificación por canal válido, listas de beneficiarios lanzadas sin tener una notificación electrónica previa en muchos casos, saltándose el plazo de alegaciones entre otros muchos…

«21 meses después tras el punto de partida iniciado el 18/01/2022 con la publicación del BOE (Real decreto 42/2022 de 18 de enero) nos encontramos con una situación insostenible, donde en la mayoría de los casos, se ha perdido el carácter de ayuda mensual que era la naturaleza inicial del bono», exponen los afectados.