Moreno enmienda la operación inmobiliaria de Montero como consejera de Hacienda en 2014

Juan Manuel Moreno enmienda de plano la operación financiera más compleja y controvertida que firmó María Jesús Montero, entonces como consejera de Hacienda del gobierno de Susana Díaz en diciembre de 2014. Hace nueve años, la hoy ministra de Hacienda autorizó la venta y realquiler por 20 años de 70 edificios públicos al fondo de inversión estadounidense WP Carey.

El Ejecutivo andaluz ha informado que se recomprarán estos inmuebles por 328 millones, lo que supone un ahorro de más de 100 millones con respecto únicamente a lo que habría que pagar por rentas de alquiler sólo hasta 2034.

Entonces, las cifras de la operación fueron de 300 millones directos a las arcas de la Junta a cambio de un pago anual por alquiler de esos mismo edificios de 23,6 millones más IVA. Tan sólo el primer año, la presión del IPC hizo que la Junta pagara más de 28 millones de euros por el uso de sus inmuebles repartidos por todas las provincias andaluzas. Hoy, 9 años después, la administración autonómica ha pagado una renta de 35,6 millones de euros, 7 millones por encima de lo que se acordó para el primer año del contrato.

Es decir, el dinero de la venta de los edificios se ingresó, se gastó y lo que quedó fue una hipoteca de por vida para la Junta de Andalucía. A grandes rasgos, sale & lease back es cuando el propietario de un bien, mueble o inmueble, lo vende a una sociedad de leasing para suscribir a continuación un contrato de arrendamiento financiero sobre el mismo.

Según ha informado el presidente andaluz en una comparecencia sin preguntas en Sevilla, el Gobierno andaluz ha culminado ahora la recuperación de toda esta serie de inmuebles que eran suyos, donde trabajan unos 8.600 funcionarios y de los que, en diciembre de 2014, la Junta pasó de ser propietaria a inquilina aunque, eso sí, asumiendo el coste de mantenimiento de estas sedes.

En el listado de inmuebles hay sedes centrales de consejerías como la de Inclusión Social e Igualdad, Agricultura o Salud en la capital andaluza así como delegaciones provinciales, delegaciones territoriales de diferentes consejerías, centros del Instituto Andaluz de la Mujer, oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o conservatorios en algunas de las calles más señeras de los centros históricos de las capitales de provincia o el icónico edificio de la Radio Televisión Andaluza en San Juan de Aznalfarache en el entorno metropolitano de la ciudad de Sevilla.

La única explicación que se encuentra a aquel negocio es que la venta dio un respiro momentáneo a las raquíticas arcas de la Junta de aquel año pero, desde el punto de vista financiero, la operación sólo puede ser calificada de desastrosa. El Gobierno andaluz, con Susana Díaz como presidenta andaluza desde septiembre de 2013, asumió esta operación, explicó entonces el Ejecutivo andaluz, para obtener ingresos con los que afrontar las nóminas de los empleados públicos.

En diciembre de 2014 la Junta, como el resto del país, seguía inmersa en sobrellevar los estragos de la crisis financiera que, en Andalucía, afectó de lleno a las plantillas públicas, en forma de despidos y recortes salariales. Aquellos fueron meses de consecutivas protestas del sector público en la calle.

Cámara de Cuentas

El ente fiscalizador denunció en 2017 los graves perjuicios económicos que la operación de Sale & Lease back suponía para las arcas públicas andaluzas.

La operación, con todo, venía de antes: el 26 de noviembre de 2010, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el acuerdo del 9 de noviembre del Consejo de Gobierno mediante el que el presidente José Antonio Griñán autorizaba a Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda en la fecha, a dictar cuantos actos fueran necesarios para la enajenación de edificios del patrimonio andaluz. Esta operación vendría a ser, se justificó entonces, una de las piezas clave dentro del paquete de «medidas urgentes para la reordenación del sector público» con el que perseguía «adecuar la actividad financiera del sector público a las nuevas necesidades de la Hacienda Pública».

Sin embargo, tres años después de firmarse la operación, la Cámara de Cuentas ya denunció en 2017 los graves perjuicios económicos que la operación de Sale & Lease back suponía para las arcas públicas andaluzas.

Ahorro de 35,6 millones al año, el coste de mil docentes

Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, explican a Economía Digital que esta operación ha sido llevada «con mucha discreción» por el equipo de la consejera Carolina España y que, en concreto, lleva la firma del director general de Patrimonio, Joaquín Gallardo.

Como ya anunció el Ejecutivo andaluz el pasado julio, la compra de estos edificios se enmarca dentro del plan estratégico de sedes administrativas, del que se informó antes del verano, uno de cuyos objetivos era ahorrar dinero en el pago de los alquileres que actualmente paga la Junta por sus sedes administrativas, que supera los 57,6 millones de euros al año.

Fuentes conocedoras de la operación de recompra llevada a cabo por el Ejecutivo de Moreno descartan a priori que la Junta vaya a volver a vender estos edificios, porque ahora mismo hay trabajadores públicos desarrollando su labor diaria allí, pero tampoco se descarta de plano de que a medio o largo plazo una reordenación de sedes públicas lleve a la enajenación de algunos de estos edificios, que, pasados ya los años, están revalorizados en el mercado inmobiliario.

Para Moreno, la operación con WP Carey fue en su día «muy lesiva para los intereses de los andaluces» razón por la que se estudió, desde el inicio de esta legislatura, invertir los términos de aquel acuerdo.

Según los datos ofrecidos por el presidente andaluz, sólo este año se han pagado 35,6 millones por el alquiler de estos edificios por lo que ha insistido en que al no tener que pagar ya esta cantidad, este dinero se destinará para atender otras prioridades en los presupuestos andaluces, ya que ello va a suponer incrementar las partidas presupuestarias autofinanciadas y así poder disponer de más recursos en los ámbitos donde más falta hacen como son la Educación, la Sanidad, la Dependencia o servicios sociales. «Esos 35,6 millones equivalen al salario bruto anual de más de mil docentes o a lo que cuesta construir diez colegios», ha valorado.

Moreno se aprieta el cinturón y plantea reordenar los alquileres de la Junta para ahorrar 60 millones

Con este paso que da el Ejecutivo de Moreno, se pone fin a una herencia financiera difícil de digerir. Al término del contrato inicial, la Junta habría pagado unos 708 millones de euros por el alquiler de unos edificios que eran suyos y por cuya venta sólo ingresó 300 millones de euros.

Hasta la anualidad de 2023 se han abonado 278,8 millones de euros; hasta 2034, año en que finalizaría el contrato, quedarían pendientes de abonar al menos 430 millones de euros (es una estimación, porque la actualización de las rentas está vinculada al IPC) con un alquiler hasta 2034. Luego habría que seguir pagando un nuevo alquiler o buscar una solución para alojar a más de 8.500 empleados públicos, lo que no hubiera sido ni fácil ni barato.

Es decir, según las cuentas que ha ofrecido la Junta, la compra de estos 70 edificios se habrá amortizado en menos de una década. O dicho de otro modo, en 10 años los andaluces habrían tenido que pagar bastante más por los alquileres de lo que se va a pagar por la compra.

De hecho, WP Carey ya había anunciado hace unos meses su intención de iniciar un proceso de desinversión de estos activos inmobiliarios. Según el actual equipo de Hacienda, el contrato que firmó María Jesús Montero tenía cláusulas claramente contrarias al interés de los andaluces: porque suponía pagar en rentas en 20 años casi dos veces y media el dinero que se ingresó por la venta de los inmuebles; porque tenía una “cláusula suelo” por la que cada año la renta se subiría un 1,5%, con independencia de que el IPC fuera inferior o incluso negativo. El IPC acumulado desde 2014 ha subido un 21,4% y las rentas un 25%. Cada año se ha pagado, siempre, más que el anterior.

Otro de los puntos de la letra pequeña del contrato que firmó María Jesús Montero en su día es que que los tribunales de Londres serían los encargados de dirimir cualquier conflicto entre propietario (Inversiones Holmes) e inquilino (Junta de Andalucía), a pesar de que los edificios estaban ubicados en Andalucía.

También hacía recaer en el arrendatario y no en el arrendador la mayor parte de los costes de mantenimiento de los inmuebles, por los que hasta la fecha se llevan pagados más de 10 millones de euros, así como las cuotas de comunidad correspondientes y demás tasas, además de la totalidad de los suministros.