Moreno da marcha atrás a la ley de regadíos de Doñana a cambio de 350 millones para desarrollo de la zona

La ley de regadíos de Doñana se deja en suspenso en su tramitación en el Parlamento y se ponen sobre la mesa 350 millones de euros para proyectos de desarrollo del entorno de la corona norte del parque cuyo destino se definirá en un proyecto marco que se diseñará en el próximo mes. Este es el principal mensaje que la Junta y el Gobierno de España han querido trasladar en lo que se interpreta como el inicio de una nueva etapa entre ambas administraciones al respecto de una polémica que se lleva arrastrando desde hace casi dos años y que lleva marcando las tres últimas convocatorias electorales en Andalucía.

Esta congelación o suspensión de la ley de regadíos es la tercera vez que se produce: hace una semana, iba a entrar en el debate del pleno pero prefirió retrasarse a la siguiente sesión parlamentaria para que no coincidiera con la investidura, fallida, de Núñez Feijóo; en primavera pasada, cuando el texto entraba ya en su último tramo de debate, se decidió ralentizar los trámites para no hacerla coincidir con la campaña de las generales del 23J. A estas dos fechas habría que sumar una tercera, cuando el texto decayó de su tramitación en el Parlamento, en la primavera de 2022, al convocar Moreno las elecciones andaluzas para el 19 de junio.

Así, la escenificación de este cambio de etapa ha sido la celebración de una rueda de prensa, ofrecida por el presidente Juanma Moreno y la ministra Teresa Ribera, con la que ha culminado la reunión de más de dos horas de trabajo celebrada en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta, cita solicitada por la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez y manejada en la agenda de ambos gabinetes desde hace aproximadamente una semana con discreción.

La fotografía que resulta de este encuentro es la imagen del acercamiento de posturas y el tono de los discursos es, asimismo, la constatación de que los choques entre ambas administraciones -con la hemeroteca como testigo- habían llegado demasiado lejos. Por el bien de Doñana convenía reconducir el asunto y en esas están. «Hemos entablado un diálogo sincero y honesto desde posiciones encontradas. Sólo con el diálogo se pueden llegar a acuerdos», ha insistido Moreno que ha hablado de la «audacia» y «generosidad» por parte de ambos equipos para el desbloqueo de este asunto.

Para que el presidente de la Junta haya dado marcha atrás a la ley (en el gabinete de Moreno prefieren hablar de «dejar en suspenso»), cuyo texto final estaba previsto que llegara este miércoles a la junta de portavoces para su inclusión en el orden del día del pleno de la próxima semana, el Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente ha tenido que comprometerse a aportar soluciones y alternativas a la zona.

¿Qué alternativas? Eso es lo que se empezará a diseñar esta semana, cuando equipos de ambas administraciones trabajen codo con codo en el territorio para recabar las necesidades de los agricultores que iban a ser los potenciales beneficiarios de la ley de reordenación de los regadíos que, según la fuente, estarían ocupando entre 700 y 1.200 hectáreas de la corona norte de Doñana. Ellos serán los beneficiarios de un plan dotado con unos 350 millones de euros, aportados por el Gobierno de España a partir de las partidas presupuestarias de distintos ministerios, cuyo diseño quiere ser dialogado y consensuado con los agricultores a los que este cambio de postura «a algunos les parecerá bien, a otros mal pero en general lo van a recibir con expectación», en palabras de Moreno.

«Queremos trabajar en propuestas, convencidos en propuestas útiles, que conecten con la realidad, que mejoren el entorno de Doñana y el equilibrio entre la protección medioambiental y el desarrollo de la Corona Norte y de la provincia en su conjunto», ha expuesto el presidente, que precisamente este mismo martes tenía previsto clausurar en Huelva la entrega de Premios Alas, galardones que premian la internacionalización de las empresas entre los que se encuentra la marca Fresón de Palos, uno de los principales motores para la industria de frutos rojos.

En esta misma línea, el mensaje de la ministra ha sido el de blindar el futuro y la imagen del parque nacional sin que colisione con el futuro de Doñana: «Necesitamos una Doñana viva, rica y un espacio y un entorno que sea percibido como un espacio de progreso». Una idea para lo que, ha indicado la vicepresidenta Ribera, «no necesitamos que venga a decírnoslo ni los tribunales ni la Comisión Europea», en relación a la amenaza del Gobierno de España de llevar al Constitucional esta ley así como de las reiterados avisos del Ejecutivo comunitario de dar cumplimiento a las sentencias que piden blindar los acuíferos del parque.

Desde el punto de vista político, la defensa a ultranza de esta ley por parte del Ejecutivo de Moreno, y en primera persona por el presidente de la Junta, ha sido uno de los focos en los que se ha ido este primer año de legislatura de la mayoría absoluta. De hecho, la capitalización de esta polémica por parte del PP trajo consigo el vuelco en la Diputación de Huelva, que por primera vez pasaba a manos del PP tras cuarenta años siendo gobernada por el PSOE. El mensaje de Moreno como defensor del mundo agro no caló tanto en los pueblos afectados por la ley de regadíos (Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Almonte y Rociana del Condado) como en el resto de la provincia, donde Vox ha entrado con fuerza como vocero de las posturas del campo y donde, tradicionalmente, el PSOE había encontrado respaldo social.

De hecho, en la tramitación de la ley, el Partido Popular había ido hasta ahora de la mano del partido de Santiago Abascal en este proyecto, formación que ya este martes, al conocer este cambio de postura, afeaba al dirigente andaluz «conectar con el Gobierno de Sánchez y castigar a los agricultores» en lo que el partido de ultraderecha interpreta como la «enésima metedura de pata del Gobierno del PP».

Según fuentes del entorno del presidente, este mismo martes por la mañana responsables del equipo del Ministerio, entre ellos el secretario de Estado Hugo Morán, han trasladado a los interesados este cambio de postura y este nuevo escenario: no habrá amnistía a los regadíos ilegales que quedaron fuera de la ordenación del Plan de Ordenación de los Regadíos de 2014 pero a cambio habrá alternativas. La reunión se ha mantenido en Madrid donde una comitiva de estos regantes ha participado en la feria Fruit Atraction.

Con toda la cautela con que hay que leer lo que todavía está por diseñar, ambos dirigentes han hablado de un «marco de actuaciones para el desarrollo territorial y social de la zona» que se diseñará a partir del diálogo que se entable con los interesados con los que, adelantó «se hablará con todos en no más de una semana».

«Habíamos entrado durante un tiempo en un cierto distanciamiento, pero bien está lo que bien puede acabar. Tenemos que hablar en presente y en positivo», ha querido subrayar Moreno Bonilla para definir el tono de la reunión de trabajo en la que han participado por parte del Ejecutivo regional el consejero de la Presidencia, el consejero de Medio Ambiente y la consejera de Agricultura, y por parte del Gobierno de España el secretario de Estado de Medio Ambiente, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir así como el delegado del Gobierno den Andalucía.