La sequía empuja la obra pública de la Junta de Andalucía: el 42% va a infraestructuras hidráulicas
De los mil millones licitados en 2022, 420 son para actuaciones para paliar la crisis hídrica. Como última medida se contempla, como en Cataluña, la llegada de agua en barcos
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y el portavoz del Gobierno Andaluz, Ramón Fernández Pacheco, a su llegada a la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
Comentarios
Las diferentes soluciones que está habilitando la Junta para anticiparse a las consecuencias de la sequía suponen, a día de hoy, el principal motor de la obra pública licitada desde la administración autonómica y, por tanto, el tractor para las grandes constructoras que se presentan a este tipo de concursos.
En concreto, la obra pública destinada a infraestructuras hidráulicas representa el 42% del total de la licitación realizada por parte de la Junta de Andalucía, esto es, unos 420 millones en 2022 del total de los mil millones de euros destinados a infraestructuras sufragadas con fondos autonómicos.
2023 ha sido un año especialmente activo en materia de agua. Y, de hecho, la Junta ya trabaja en el cuarto decreto de sequía, prevusto , que se sumará ala estrategia Sequía Plus, que contempla una serie de medidas que van desde la potenciación de los sondeos, desaladoras portátiles, aumentar el porcentaje de aguas regeneradas, mejoras en las tomas de los embalses hasta, en caso extremo, el transporte de agua en barcos hasta los puertos de Algeciras y Málaga, alternativas para garantizar el abastecimiento que ya se ha activado en Cataluña.
«El barco es el último estadío si hiciera falta, vamos a intentar que no haga falta», ha apostillado la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que ha desglosado las medidas del Gobierno andaluz para paliar la crisis hídrica actual, que se arrastra en los últimos cinco años y que supone la más grave sufrida desde los años 60.
El canon del agua financia las obras
Según fuentes consultadas por Economía Digital, la financiación para estas obras procede fundamentalmente de la recaudación por el canon del agua, tributo creada por el Gobierno socialista en 2011, muy criticado en su momento por la oposición y que el Gobierno de Juanma Moreno, en la línea de la política de bajada de impuestos, dejó en suspenso sin recaudar en 2023.
Ese suspenso del canon sólo ha durado un año ya que ha vuelto a aparecer en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2024, actualmente en trámite en el Parlamento de Andalucía. En concreto, la Consejería de Hacienda prevé recaudar por este concepto unos 140 millones de euros. Para uso doméstico, este canon suponen un euros en la factura del agua.
Quién está haciendo más por paliar la sequía es uno de los argumentos en el discurso de la confrontación entre el Gobierno andaluz y el de España. El Gobierno andaluz defiende que hasta 2019, la obra hidráulica estaba paralizada y, no en vano, la falta de ejecución de las obras contempladas en las partidas correspondientes al canon del agua fue, durante años, una de las críticas recurrentes del PP al Gobierno socialista de la Junta. A su llegada al Gobierno de la Junta, el PP encontró hasta 700 millones sin ejecutar relativos a este canon, precisó la consejería de Hacienda recientemente.
Más allá del canon del agua, el coste de las obras hidráulicas impulsadas por el Gobierno regional se afrontado también con una parte procedente de fondos europeos Feder y en un mínimo porcentaje con partidas correspondientes en la denominada financiación autofinanciada.
La consejera Crespo ha explicado que en sólo cuatro años, desde 2019, la fecha del relevo del poder político en Andalucía, la Junta ha impulsado mas de mil actuaciones en materia de agua, concretamente, 1.097.
Entre ellas, y repartidas por el mapa de las ocho provincias, destacan las 111 grandes infraestructuras de agua finalizadas correspondientes a obras de depuración, abastecimiento y presas; las 90 obras en ejecución; las 52 actuaciones que están actualmente en fase de licitación, los 244 proyectos de obra que están en redacción y licitación y las más de 600 actuaciones finalizadas correspondientes a restauración de cauces, incluidas las obras en los cauces de grandes ríos como el Guadalmedina, Guadalhorce, Adra, Aguas y parte baja del Río Andarax, todos ríos cuya gestión de la cuenca corresponde a la Junta de Andalucía.
En este sentido, Crespo ha resaltado que la Junta también ha intervenido en el cauce del río Guadalquivir en obras por valor de 630 millones en total, distribuidas en las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén, a pesar de que su cuenca es gestionada por el Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir.
En porcentajes, la Junta calcula que en este momento de los 1.500 millones de euros en ejecución relativos a obra hidráulica un 67% ya ha sido finalizada y recepcionada.
«La reconversión agrícola es hacerla 100% eficiente»
Estos son algunos de los datos que pone encima de la mesa el Gobierno de Juanma Moreno para defender el compromiso de la administración regional para paliar los efectos de la sequía, tanto para garantizar el consumo de agua por parte de la población como para blindar el abastecimiento necesario para regar las explotaciones agrícolas, una industria fundamental en el cómputo global del PIB andaluz.
Al respecto del consumo de agua que necesitan cultivos intensivos y superintensivos, muy demandantes de agua, como el de las frutas tropicales de la Axarquía malagueña, la consejera Crespo evitó, a preguntas de la prensa, pronunciarse directamente sobre si una posible reconversión de estas producciones a un modelo más sostenible está presente en el marco de las reuniones que mantiene de manera habitual con el sector.
La mejor reconversión agrícola, expuso la consejera, «vendrá cuando el 100% de las explotaciones sean eficientes, ahora mismo estamos en el 70%», precisó. En este sentido, el plan Doñana, recientemente firmado por el Gobierno de la Junta y el Gobierno de España a través de la vicepresidenta Ribera, supone una reconversión agrícola de la zona pues lo que se plantea sobre la mesa es un abandono del cultivo intensivo, en este caso de frutos rojos, por una cultivo de secano y, en último extremo, la reforestación de la zona.
Bien es cierto que no en todas las provincias ni entorno agrícolas tienen la singularidad de Doñana y la realidad de las explotaciones de su entorno, pero lo cierto es que no son pocas las voces científicas que animan a replantear el consumo de agua por parte de ciertas explotaciones cuyo alto consumo de agua es hoy cuestionado.
Sequía plus: sondeos, desaladoras y… barcos
La consejera Carmen Crespo, titular de Agricultura, Pesca y responsable de las competencias de agua, ha llevado este martes al Consejo de Gobierno el Plan Sequía Plus, un nuevo paquete de medidas que supone el cuarto decreto de sequía y que, según ha cifrado, está valorado en unos 70,9 millones de euros y que se aprobará a la vuelta de Navidad, en enero.
Estas medidas buscan, como los anteriores decretos, hacer frente al estrés hídrico en una comunidad que tiene sus embalses por debajo del 25% de su capacidad, con situación verdaderamente graves como el pantano de la Viñuela, en la Axarquía malagueña. Este paquete de medidas contempla también, como ha precisado la consejera, la participación en su financiación del Gobierno de España, que tendrá que elaborar un plan al respecto.
La estrategia de lucha contra la sequía contempla una serie de medidas ante la situación de emergencia por la falta de lluvias, entre las que se incluyen sondeos, interconexiones, desaladoras y, en último caso, el transporte del agua en barcos este verano en zonas como el Campo de Gibraltar o la costa de Málaga. Este tipo de alternativas ya se está activando, para su puesta en marcha futura, en Cataluña.
Al respecto, la consejera ha precisado las circunstancias para su uso, esto es, «si no cae gota de agua». Crespo ha argumentado que corresponde a «los operadores», en referencia a las empresas municipales de agua, que son en última instancia las responsables de financiar la contratación de esos barcos. «Financian los operadores, impulsa la Junta», ha insistido. Sobre el pago de esta medida de emergencia, Crespo ha dicho que ha pedido al secretario de Estado de Medio Ambiente «que apoye a los operadores».
Antes que los barcos las medidas del Gobierno andaluz, según las explicaciones de la consejera, se encaminan a «la ampliación de desaladoras, los sondeos, los terciarios que se inyectan a los acuíferos» y el máximo aprovechamiento de las aguas residuales, para los que se impulsarán infraestructuras de tratamientos terciarios en depuradoras de Andalucía, la mejora de Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), entre otras medidas.
