La Junta rescatará a tocateja los 70 edificios que vendió Montero a WP Carey: «la jugada fue nefasta»
La Junta firmará antes de final de año el contrato de 328 millones, que se cargarán en el presupuesto de 2024 y se abonará a principios de año poniendo fin a la "ruinosa" operación de la hoy ministra de Hacienda
Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo, este martes, presidido por Juan Manuel Moreno.
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La operación de recompra, por 328 millones, de los 70 edificios vendidos en 2014 por parte de la Junta de Andalucía al fondo de inversión WP Carey se hará con cargo al presupuesto de 2024 y se pagará con fondos propios, sin mediar partidas de fondos europeos. Según fuentes de la Consejería de Hacienda consultadas por Economía Digital, el contrato de compra se firmará a finales de este años y es entonces cuando la administración andaluza dará una señal. El resto del montante se pagará de una tacada a principios de 2024, de modo que esta desembolso previsto no se arrastre a lo largo del ejercicio presupuestario en cuyo diseño trabaja en estos momentos el departamento que dirige Carolina España.
Con esta operación, la Junta de Andalucía da por finalizada cualquier tipo de relación con WP Carey, fondo de inversión inmobiliaria estadounidense al que pertenece Holmes Inversiones, éste último con quien se rubrica el acuerdo de compra y con quien se ha negociado «de manera intensa pero discreta» a lo largo del último año, según ha informado este martes el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco.
«Lo que está claro es que hemos llegado a un muy buen acuerdo», según ha defendido el portavoz antes de apostillar que «la Junta no hubiera comprado esos edificios a cualquier precio», y de resaltar que toda esta actuación «se ha hecho de manera prudente y al margen del foco público», lo que «siempre ayuda a llegar a un buen acuerdo», ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este martes en el Palacio de San Telmo.
En su exposición, el portavoz andaluz el que no ha ahorrado calificativos para definir una operación «lesiva para los intereses de todos los andaluces» -«peor imposible», «acuerdo ruinoso», «jugada nefasta»- que culminó la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en diciembre de 2014 entonces como consejería del ramo y, como tal, también responsable de la gestión del patrimonio inmueble de la Junta de Andalucía.
Esta operación de recompra se enmarca en el objetivo que está llevando a cabo la consejería de Hacienda de reordenar las sedes de la Junta de Andalucía y aplicar un criterio de ahorro y puesta en valor del patrimonio inmueble.
A la pregunta de si, recuperados estos edificios entre los que se encuentran señeros inmuebles en centros históricos de las capitales de provincia andaluzas, la Junta de Andalucía tiene previsto deshacerse en el medio plazo alguno de ellos, la respuesta de Fernández-Pacheco es que la Junta defiende que no pretende «hacer negocio».
Al respecto, el portavoz de la Junta de Andalucía ha apostillado que «el negocio lo hicieron aquellos que consiguieron un trato sorprendentemente bueno, aquellos que se hicieron con la propiedad de edificios mientras los alquilaron por mucho más de lo que les había costado«, mientras que el inquilino, en este caso la Junta de Andalucía, corría «con el coste del mantenimiento de los edificios».
«La jugada de María Jesús Montero consistió en venderle a un fondo de inversión una serie de edificios ocupados por la Junta de Andalucía, alquilárselos para que al final resultara que íbamos a pagar casi 700 millones de euros por ellos, hacernos cargo además del mantenimiento y, una vez que venciera el contrato, que la propiedad pasara a un fondo británico», ha relatado el consejero portavoz antes de sentenciar que «peor imposible».
Con todo es imposible garantizar que en ningún caso a medio plazo la Junta no vaya a contemplar esta posibilidad, dado que en virtud de ese plan de reordenación de sedes la Junta verá en los próximos meses cómo de infrautilizadas o de colmatadas están las instalaciones y oficinas de la Junta.
Al margen de los docentes y sanitarios (que son los trabajadores públicas que representan el grueso del personal público dependiente de la Junta de Andalucía), y según los datos facilitados por la Consejería de Hacienda, a día de hoy hay 28.741 trabajadores en tareas administrativas repartidos por sedes administrativas de toda Andalucía.
De ellos, más de 15.120 se encuentran ubicados en edificios que son propiedad de la Junta o que han sido cedidos de forma gratuita para su uso como sede para determinados servicios de carácter administrativo y hay 13.621 trabajadores en sedes alquiladas por la administración andaluza.
Con esta operación, el Ejecutivo de Moreno pretende, según las cifras trasladadas, «ahorrar hasta 100 millones de euros a lo largo de los próximos años» en alquileres que se van a «poder destinar a la mejor prestación de los servicios públicos». La operación, ha calificado Fernández Pacheco, es «un ejercicio de responsabilidad, de buen criterio y de rigor a la hora de utilizar los fondos públicos».
La versión de Montero: «el contexto obligó»
La operación de sale and leaseback «hay que entenderla en el contexto de 2014. Fueron momentos de decisiones difíciles», explican a este medio fuentes del entorno de la hoy ministra de Hacienda del Gobierno de España. Según esta verisón, la venta se hizo por 300 millones, 47 millones por encima del precio de tasación, fue valorada positivamente por todas las entidades que fiscalizaban las cuentas de la comunidad y generó una tasa de rentabilidad del 6%, superior a la del resto de comunidades autónomas que habían realizado operaciones similares.
Ante la crisis financiera, el cierre de la financiación en los mercados y con un tipo de interés del Fondo de Liquidez Autonómica que rondaba el 5%, esta operación era una alternativa para no tener que despedir empleados públicos. Esta operación llevaba pendiente y presupuestada en las cuentas autonómicas desde 2011. De no hacerse en 2014 la consecuencia hubiera sido un acuerdo de no disponibilidad, es decir, recortes duros en gasto corriente por el mismo importe.
En este sentido, fuentes del equipo de Montero recuerdan que en 2014 Andalucía tuvo que reducir su déficit del 1.58% del PIB al 1%. Y hacerlo con menores ingresos del sistema de financiación autonómica. Muy lejos de la realidad actual. En 2014 las entregas a cuenta para Andalucía fueron de 15.000 millones, y se redujeron respecto al año anterior. En 2023 superan los 24.000 millones y en 2024 volverán a crecer.
Según estas mismas fuentes, cabe recordar que en 2014 el objetivo de déficit era del 1%, y había que reducirlo más de medio punto del PIB desde el 1,58% de 2013. Hoy no hay objetivos de déficit, y la tasa de referencia para 2024 esta en el 0,1%. «Lo que demuestra la recompra de los inmuebles es que la Junta de Andalucía tiene más recursos que nunca», expone el entorno de Montero.
