Juicio de la excúpula de UGT-A: la defensa pide la nulidad por basarse en «pruebas ilícitas»

El juicio de la excúpula de UGT Andalucía y otras diez personas que actuaron como proveedores del sindicato ha arrancado este lunes en la sección tercera de la Audiencia de Sevilla.

Las defensas de los acusados por un presunto fraude de 40 millones de euros en las subvenciones concedidas por la Junta para cursos de formación han pedido la nulidad de las actuaciones al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados y se basan en pruebas «ilícitas« aportadas por un exempleado, según informa Efe.

Concretamente, en el banquillo se sientan el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla; el ex secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la secretaria de Gestión Económica, María Charpin; la exresponsable de Compras, Dolores Sánchez y el delegado de Soralpe I Más P Asociados, Enrique Goicoechea.

Las defensas han coincidido en que se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados, sobre todo por el inicio de la denuncia por parte del extrabajador del sindicato Roberto Alejandro Macías, quien fue condenado a dos años de prisión por un delito de revelación de secretos al haber revelado documentación del sindicato.

Luis López de Castro, letrado de Fresneda, ha sido muy contundente en su intervención al asegurar que contra su defendido se ha realizado un «proceso inquisitorial por parte de la juega Mercedes Alaya«, primera instructora, y ha citado numerosa jurisprudencia con la que ha intentado demostrar que se han vulnerado derechos constitucionales contra su defendido, según describe Efe.

La defensa insiste en la «ilegalidad»

La defensa de Fresneda ha incidido en la «ilegalidad» de la información aportada por Macías, al que ha acusado de actuar de «mala fe, por venganza y odio» hacia el sindicato. En esta línea, han insistido en el origen «ilícito» de la información aportada por Macías hace que se tengan que descartar las acusaciones y hacen que no sean válidas las pruebas aportadas por la acusación.

A estas reclamaciones se han sumado la defensa de María Charpin, de Dolores Sánchez y de Enrique Goicoechea.

Multas millonarias

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso con otro de falsedad en documento mercantil por los 40,7 millones de euros correspondientes a catorce expedientes de ayudas concedidas entre 2009 y 2011 para la realización de más de 2.000 cursos o actividades de formación para parados.

Según relató el juez instructor en un auto, entre 2009 y 2013 los investigados pusieron en marcha «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», de manera que aplicaron los fondos recibidos mediante subvenciones públicas a fines distintos al destino que deberían haber tenido, es decir, el impulso de acciones formativas a trabajadores y desempleados.

«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato».