El Gobierno aparca las diferencias con Doñana y autoriza casi 50 millones de Feder para el holding de Ebro Foods

La Junta de Andalucía registró en el Ministerio de Hacienda la solicitud para la aprobación del uso de fondos FEDER para la compra de la finca Veta la Palma, 7.500 hectáreas colidantes a Doñana, la víspera de que el presidente Moreno Bonilla anunciara la noticia de la adquisición de los terrenos pertenecientes al holding de Ebro Foods con los que busca blindar la biodiversidad existente en estos terrenos.

El presidente desveló la compra el martes por la mañana, en el foro ABC, y la administración autonómica, a través de la Dirección de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda, registró el día de antes la solicitud para el uso de cerca de 50 millones de euros del remanente del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER). El Ministerio de María Jesús Montero, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos autorizó la operación tan sólo cuatro días después, el viernes 15 de septiembre, como consta en el expediente del Ministerio de Hacienda al que ha tenido acceso Economía Digital.

En un contexto de permanente conflicto por la ley de regadíos que amnistiaría los pozos ilegales, la adquisición de Veta La Palma y con ella el mantenimiento de los humedales de casi 3.500 hectáreas que representan las piscifactorías en las que basaba su actividad comercial en el terreno el holding de Ebro Foods (la familia Hernández, dueños de las arrocerías Herba) ha supuesto el único punto de acercamiento entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía con el parque de Doñana como protagonista. No en vano, esta operación representa la mayor ampliación de terrenos del parque desde hace 50 años.

El Ministerio, según este expediente, autoriza como «coste subvencionable» el precio de adquisición de dichos terrenos «no edificados y edificados, «por importe de 48.296.416,92 euros, lo que supone el 98,39% del coste total subvencionable de la operación, quedando garantizada la afectación de los terrenos para los fines de conservación y mejora de la biodiversidad durante un periodo de 15 años«, periodo mínimo considerado necesario para cumplir con el objetivo de ampliar el conocimiento y estudio de la zona y del funcionamiento hídrico y biológico del entorno, indica el documento.

Hacienda considera que «la cofinanciación de esta operación» se encuadra en uno de los objetivos específicos de la Comisión enmarcados en el Programa FEDER 2014-2020 consistentes en «fomentar la gestión, protección y mantenimiento del suelo, de espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo«.

La tasación de esta finca colindante a Doñana por parte del peritaje realizado por los técnicos de la Junta de Andalucía es de unos 70 millones de euros aunque el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta y también portavoz del Gobierno autonómico, Ramón Fernández Pacheco, no pudo precisar el dato exacto que abobará la administración autonómica ni tampoco el plan de pago acordado con los propietarios como reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes donde anunció que el Ministerio de Hacienda había dado luz verde a esta compra.

Tampoco ha podido precisar por ahora el coste del mantenimiento y de la infraestructura necesaria para la investigación científica que tendrá que acometer su departamento una vez culmine la compra, aunque sí que será la agencia Amaya (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía) la que se hará cargo de esta tarea.

En cualquier caso, de mantenerse este valor en 70 millones, prácticamente dos tercios de la compra se abonarían con estos fondos FEDER asignados a la Junta de Andalucía. Con todo el consejero sí ha confiado que el expediente de compra se cerrará cuanto antes (por ley presupuestaria debe estar listo antes del 31 de diciembre) y ha celebrado la luz verde del Ministerio de Hacienda a esta reprogramación de los fondos.

«No queríamos hacer una batalla política de la compra de la finca. Aunque no se si al revés hubiera ocurrido igual», apuntan fuentes de Hacienda consultadas por este medio.

Luz verde con la finca, choque por la ley

La ley, polémica desde el inicio de su tramitación, uno de los principales focos de conflicto en las relaciones entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Ejecutivo central, hasta el punto de condicionar el debate en las últimas campañas, la de 23J para las generales, la del 28M en las municipales y antes las autonómicas de 2022 en las que Juanma Moreno obtuvo la mayoría absoluta.

La noticia de que Hacienda ha dado luz verde a esta reprogramación se hizo publica apenas unas horas antes de que la Comisión de Fomento y Ordenación del Territorio diera luz verde al dictamen final de la ley, impulsada por PP y Vox, para la regularización de los regadíos para las explotaciones freseras del entorno de Doñana, que llegará la semana que viene al pleno del Parlamento de Andalucía para su aprobación. El Gobierno de España ha anunciado desde el principio de la tramitación que tan pronto se apruebe la ley, será recurrida ante el Tribunal Constitucional.

El texto, salvo algunas enmiendas de carácter técnico, será el mismo que se presentó en abril en la cámara por parte de los grupos proponentes, toda vez que la izquierda en la cámara rechazó participar en el trámite de enmiendas. Su tesis era que no cabe enmiendas, sino la retirada total de la ley.

En teoría este ley autoriza los derechos de agua en superficie de las explotaciones freseras que se quedaron fuera del perímetro en la última regularización (la de 2014), pero en la práctica se trata de una revalorización de los terrenos. No se paga lo mismo por terrenos de regadío y con agua autorizada que por terrenos de secano.

Es por esta razón que el Gobierno andaluz no tiene sólo en contra a la oposición, sino a toda la comunidad científica, con Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana a la cabeza, sino a la Comisión Europea (a la que, sin éxito, la Junta trató de convencer a través del Consejero de Medio Ambiente) y a la Unesco, que de manera reiterada ha alertado por la sobrexplotación del acuífero de Doñana y la puesta en peligro del título de Patrimonio de la Humanidad del parque, joya de la biodiversidad del sur de Europa.