Inquietud entre los regantes de Doñana: "No nos fiamos del cambio de posición de la ministra"

¿Habrá tiempo en un mes para desbloquear el conflicto sobre Doñana que ha mantenido enfrentados a Junta de Andalucía y Gobierno central durante más de dos años?

Ésa es la gran incógnita que debe despejarse a partir de este lunes, cuando se va a celebrar en Sevilla la primera reunión técnica entre los equipos diseñados por ambas administraciones para tratar de conciliar posturas y diseñar un plan alternativo a la ley de regadíos que se mantiene, por ahora, en suspenso o congelada en el Parlamento de Andalucía, pero no retirada, insisten en el equipo del presidente Moreno, que, no en vano, ha capitalizado políticamente esta polémica en la provincia de Huelva con el vuelco en la Diputación provincial, que por primera vez, desde el pasado 28M, controla el PP.

La cuenta atrás ya se ha activado. El pasado martes se escenificó el deshielo entre Junta y Gobierno con una rueda de prensa, celebrada en el Palacio de San Telmo, en la que la ministra comprometió 356 millones de fondos del Estado para plantear «un marco de actuaciones» para el «desarrollo sostenible» de la zona como «alternativa» a una ley impulsada por PP y Vox que, salvo regantes y Junta, rechazan todos los actores sin excepción: Gobierno, comunidad científica, Comisión Europea y asociaciones ecologistas.

Moreno da marcha atrás a la ley de regadíos de Doñana a cambio de 350 millones para desarrollo de la zona

Según fuentes del Gobierno andaluz consultadas por Economía Digital, el próximo miércoles se incorporan a las conversaciones los regantes afectados/beneficiados por esta polémica norma, cita tendrá, insisten, un carácter técnico. Por parte de los agricultores representados en la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, de la que es portavoz Julio Díaz, la mano está tendida pero también hacen constar su «inquietud» por el cambio de posición de Teresa Ribera, ministra en funciones de Transición Ecológica del Gobierno de España. «Después de meses de insultos, de liderar una campaña internacional en contra de nuestros productos, lo nunca visto, ¿viene con esta disposición repentina? No nos fiamos del cambio de postura de la ministra», insisten.

De momento, Díaz califica de «decepcionante» la reunión previa que ese mismo martes del armisticio mantuvo esta plataforma de regantes con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. «Fue una reunión atropellada y ni siquiera coinciden las cifras, Morán habló de 200 millones, luego en Sevilla la ministra habló de 350 y al día siguiente habló de 356 y qué casualidad que es la misma cantidad comprometida por la ministra hace uno meses», desliza Díaz.

«¿Dejarán hacer a estas alturas de año presupuestario modificaciones de crédito de varios ministerios para comprometer esos millones para Doñana? Vamos a verlo», traslada el portavoz de los regantes que representa las voces de todos los afectados por el Plan de la Corona Norte de Doñana, diseñado en 2014, que según denuncian desde entonces dejaron fuera y sin derecho a aguas superficiales a unos 1500 agricultores y unas 700 hectáreas de explotaciones freseras y, por tanto, unas 700 hectáreas de tierras de regadío. Según el cálculo de la plataforma Salvemos Doñana, las hectáreas que se verían amnistiadas por esta ley serían en realidad unas 1.500.

Para Díaz lo que se sabe hasta ahora es la voluntad de impulsar una serie de actuaciones enmarcadas en un plan vendido con «grandilocuencia» pero que hay que aterrizar sobre el terreno: «no nos vamos a conformar con cualquier cosa», alerta sobre lo que teme que sea una «maniobra dilatoria» por parte del Gobierno de España. «Una cosa es lo que se dice desde una tribuna y otra lo que te dicen los técnicos después», sentencia Díaz.

En esta misma línea se posiciona Manuel Piedra de UPA (Unión de Pequeños Agricultores) de Huelva. «Damos la bienvenida a las negociaciones abiertas para buscar soluciones alternativas a la proposoción de ley porque siempre hemos defendido el consenso, pero vamos a estar vigilantes para que la cuantía prometida tenga como prioridad el ofrecerles a los agricultores afectados una alternativa viable dentro de su entorno. Los agricultores quieren seguir trabajando, produciendo y generando empleo y fomentando el desarrollo rural en sus municipios».

Frente a esta postura está el camino despejado que traslada el propio Ejecutivo central. Pedro Sánchez, desde un mitin en Granada como secretario general del PSOE, ha celebrado este sábado en Granada que la Junta haya «rebobinado» en Doñana y que haya «entrado en razón», lo cual, ha valorado, «no deja de ser una buena noticia».

Por su parte, la ministra Ribera ha insistido, en una entrevista en El País, que la partida comprometida de 356 millones no irá en ningún caso destinada a comprar hectáreas de tierras que hasta ahora están regando con aguas procedentes de pozos ilegales, y que en la práctica esquilman el sobreexplotado acuífero 27 que alimenta también el parque. Ese montante está comprometido a impulsar una serie de actuaciones para el desarrollo hídrico y socioecónomica en la zona. Cuáles, cómo y cuándo es lo que hay que acordar a lo largo de las reuniones que tendrán lugar este mes.

Si esta recogida de cable del Gobierno de Moreno Bonilla al respecto de la ley va a ser permanente va a depender de la capacidad que Junta y Ministerio tengan, de la mano de sus respectivos equipos, de conciliar una situación que desde hace ya dos años erosiona la imagen internacional del Parque pero también de esos frutos rojos que precisamente estos días comienzan su nueva temporada de siembra.

Según las cifras de la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Huelva (Freshuelva), el sector de los frutos rojos onubense exporta a Alemania un 33% de las ventas, alrededor de 399 millones de euros al año, el país que más compra; seguido de Reino Unido, un 25,7%, y de Países Bajos, el 11%. Esta misma patronal calcula que el cultivo de la fresa y los frutos rojos representa el 11,35% del PIB de la provincia de Huelva y da trabajo de manera directa a 100.000 personas y asciende a 160.000 con empleos indirectos.