La Junta sólo indemnizará a los agricultores de la Corona Norte de Doñana que reforesten sus fincas
El Gobierno andaluz aclara que sólo reservará partidas para los agricultores de la Corona Norte que abandonen el cultivo intensivo de la fresa y renaturalicen sus terrenos pero no pagará a quienes opten por cultivos de secano o sostenibles
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera, tras la firma del acuerdo de Doñana, este lunes en Almonte (Huelva).
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La Junta de Andalucía sólo indemnizará a los agricultores de la Corona Norte que opten por abandonar sus cultivos intensivos de la fresa y renaturalicen sus terrenos, esto es, que repueblen sus hectáreas con masa forestal con el fin de devolver estas fincas del entorno de Doñana a su estado original, antes de la expansión de la producción de frutos rojos, gran demandante de agua.
Sin embargo, la administración andaluza no reserva partida alguna para aquellos productores que opten por la otra fórmula propuesta en el acuerdo que se rubricó este lunes, es decir, abandonar el cultivo de la fresa y optar en su lugar por cultivos más respetuosos con la realidad hídrica de la zona. La reconversión a cultivos de secano o sostenibles será, en principio, exclusivamente indemnizada por el Gobierno de España.
El acuerdo contempla una cifra global de 1.400 millones, 700 correspondiente a fondos de la Junta y 700, del Gobierno de España. Según explicaron Ribera y Moreno en la rueda de prensa este lunes, cada agricultor que se acoja a la fórmula de la reforestación recibirá 100 mil euros por hectárea, a razón de 70 mil por parte del Gobierno de España, 20 mil de la Junta de Andalucía y 10 mil euros de la Diputación de Huelva.
El objetivo principal pasa por reducir la presión sobre el acuífero que alimenta Doñana, el gran humedal del sur de Europa, a la par que se garantiza el desarrollo económico de la zona y garantiza el dinamismo social en la población de la zona, que alcanza los 200 mil habitantes.
Pero la realidad es que a este pacto, que pone fin a una guerra de dos años, está verde y que necesita aún del encaje técnico, ése que se desarrolla, por regla general, fuera de los focos.
Le tocó a Ramón Fernández-Pacheco, portavoz del Ejecutivo andaluz y titular también de la consejería de Medio Ambiente, rebajar las expectativas y precisar un poco más.
Así aclaró este martes, en la tradicional rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, que la partida reservada por la Junta para indemnizaciones por reconversión de los cultivo de fresa en terrenos de masa forestal sólo atañe a las fincas de los municipios afectados por el plan de reordenación de la Corona Norte de 2014, es decir, de Almonte, Bonares, Moguer, Lucena del Puerto y Rociana del Condado.
Sobre el papel las fincas de estos municipios eran las únicas beneficiarias de la ley de regadíos que, ahora sí, el Gobierno del PP ha prometido dejar ya para siempre en el cajón. Una ley que a lo largo de este tiempo ha concitado las críticas no sólo del Gobierno de España, sino de una veintena de organismos científicos, medioambientales, de la Unesco y de la Comisión Europea.
Tampoco, aclaró el portavoz del Gobierno, habrá partida económica específica de la administración andaluza para los agricultores que plantando fresa en otros municipios fuera de la Corona Norte de Doñana opten, al calor de estos pagos con fondos públicos, decidan abandonar la actividad agrícola y renaturalizar sus terrenos.
La letra pequeña de este acuerdo dirimirá, a medio plazo, si estamos ante la consecución de la paz social en la zona o no. El encaje jurídico de esta gran operación de compensación a los agricultores es el gran reto al que se enfrentan, con este acuerdo, Gobierno y Junta.
De momento, ya hay primeras disparidades en el relato, una de ellas es el marco temporal para el desarrollo de estas inversiones millonarias: la Junta habla del pago de las ayudas a los agricultores en cinco años, mientras que el Gobierno de España habla de diez años.
Con todo, fuentes del Gobierno andaluz aseguran que la voluntad de ambas administraciones es remar en la misma dirección, con las máximas garantías para el futuro del espacio natural y del desarrollo económico y social de la zona. Asimismo, también sostienen estas mismas fuentes que el compromiso del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, es de acometer esta inversión en cinco años.
Sólo 15 millones de la Junta para las fincas de la Corona Norte
La precisión del dato de hectáreas afectadas por la proposición de ley ha sido pura entelequia desde que la derecha andaluza (PP, Ciudadanos y Vox) impulsara por primera vez esta ley en el Parlamento de Andalucía, en enero de 2022. Así, el número exacto de las hectáreas regadas con pozos ilegales en el entorno de Doñana, y que, por tanto, han erosionado de manera irregular la masa subterránea de agua en el acuífero 27, ha variado en función de la fuente y del momento político.
Así, los ecologistas hablaron de hasta 1.500 hectáreas, los grupos políticos en el Parlamento cifraron la cantidad a amnistiar entre las 600 y 800 hectáreas y no fue hasta que la viceconsejería de Medio Ambiente envió un documento a la Comisión Europea, para explicar lo conveniente de la ley, cuando concretó una cifra exacta: 748 hectáreas.
Si se diera por buena esa cifra, 748 hectáreas, y si absolutamente todas las hectáreas pasaran de cultivo de fresa a masa forestal, la Junta de Andalucía tendría que desembolsar una cifra cercana a los 15 millones de euros. Una cantidad importante, sí, pero que en la comparativa de la cifra global -700 millones andaluces- parece modesta, cuanto menos.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, el popular David Toscano ya ha anunciado que su administración (que el PSOE perdió en las últimas elecciones municipales) tiene reservado 10 millones para la compensación a los agricultores de la corona norte, a razón de 10mil euros por hectárea reconvertida de cultivo de fresa a masa forestal. Por tanto, la Diputación de Huelva estaría cifrando unas mil hectáreas que hasta ahora se estarían regando con pozos no autorizados.
El censo de hectáreas, aún por definir
¿Pero de cuántas hectáreas estamos hablando? En la rueda de prensa del lunes, la ministra Ribera aclaró, o quiso justificar, que por ahora no hay un censo ni un catastro de las fincas y hectáreas que podrían acogerse a este acuerdo.
Por ahora, lo único que hay es el voto unánime de la plataforma de regantes de dar por bueno las grandes cifras comprometidas. De hecho, a preguntas de la prensa, Romualdo Macías, presidente de la plataforma, no supo precisar a cuantos agricultores de la Corona Norte dice representar en sus intereses, si bien si dijo que habían hecho «un gran esfuerzo por negociar y llegar a un acuerdo».
En paralelo al compromiso económico adquirido por la Junta está lo que ha comprometido el Gobierno. Así, el Estado ha firmado que compromete actuaciones e indemnizaciones para la actividad agrícola, ganadera y de pesca, así como para el desarrollo medioambiental, en más municipios, no sólo en los cinco de la Corona Norte; así el acuerdo tendrá un alcance en las poblaciones limítrofes al parque natural, es decir, Sanlúcar de Barrameda en Cádiz; Bollullos Par del Condado, Hinojos y Palos de la Frontera en Huelva y Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.
Otro de los temas que toca aterrizar ahora entre técnicos es elaboración de un nuevo Plan de Ordenación de la Corona Norte de Doñana, que vendrá a sustituir al Plan de la Fresa del año 2014, que, en palabras de Fernández-Pacheco, «estaba mal hecho, ya que han dejado a miles de familias fuera del mismo». Razón por la cual el PP, a rebufo de Vox, echó a andar la ley de regadíos foco de la polémica.
400 millones de la Junta son fondos europeos
Sobre cómo va a hacerlo, la Junta de Andalucía afrontará con fondos europeos casi en un 60% la partida de 700 millones que ha comprometido para el marco de actuaciones para el espacio natural de Doñana.
En concreto, la administración andaluza ha reservado, según ha podido saber este medio, unos 400 millones procedentes de los fondos de la Unión Europea a afrontar su parte del acuerdo que
En este sentido, el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco trasladó este martes que «es habitual que este tipo de partidas» se financien con fondos europeos, «al igual que lo hará el Gobierno de España» con las actuaciones que ha comprometido.
No en vano cabe recordar que, por ejemplo, bajo el paraguas del acuerdo la Junta compromete una serie de actuaciones, ya reflejadas en la ley de presupuestos de 2024, como por ejemplo la compra de la finca Veta la Palma, en Isla Mayor, con la que se amplía la extensión de terreno protegido del parque, así como actuaciones diversas en materia medioambiental o de fomento de la pesca.
Al fin, en estos 1.400 millones comprometidos por Gobierno y Junta se contemplan un conjunto de inversiones, muchas de ellas rescatadas de planes anteriores y que incluso están incluidas sólo que ahora se presentan con un objetivo único «articulado», en palabras del portavoz del Gobierno andaluz. Por último, el objetivo es relanzar la Marca Doñana, dañada durante los más de dos años en que las administraciones de signo político distinto han hecho, cada una, la guerra por su lado.
