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Junta y Gobierno firman la paz con Doñana: 1.400 millones para indemnizar el fin de la fresa intensiva
La administración andaluza se compromete a aportar 700 millones, la mayor parte para obras hidráulicas, mientras la gran parte de la aportación del Estado premiará que los agricultores renaturalicen sus fincas o se pasen a cultivos sostenibles
La vicepresidenta tercera y ministra de Transción Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, horas antes de firmar el acuerdo por Doñana. Foto Junta de Andalucía
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Una partida de 1.400 millones para el entorno del Parque Nacional de Doñana y una fotografía que simboliza el entierro del hacha de guerra entre Junta y Gobierno de España. Una imagen inédita, en tiempos de polarización, y una cifra nunca antes vista en una provincia, Huelva, aquejada del abandono de las administraciones con problemas de infraestructuras e inversión que se arrastran desde hace décadas.
Con esta cifra histórica, 700 millones por parte de la Junta de Andalucía y 700 millones por parte del Gobierno de España, se entierra de manera definitiva la proposición de ley para la regularización de los regadíos con pozos ilegales del entorno del parque, que beneficiará no sólo a municipios onubenses sino también a los limítrofes de las provincias de Sevilla y Cadiz.
En concreto, Sanlúcar de Barrameda en Cádiz; Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, y Rociana del Condado (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.
Cabe señalar eso sí que, en puridad, la Junta de Andalucía lo que ha hecho de cara a este acuerdo es hacer un inventario de las medidas y políticas en materia hidráulica, de ayuda a la agricultura y la pesca de la zona, así como por ejemplo la compra, por 70 millones de euros, de la finca Veta La Palma, al sur de Isla Mayor, con el fin de ampliar las hectáreas protegidas del parque y cuyo expediente está todavía por ultimar por parte de la administración andaluza.
Moreno: «todos ganan»
«Todo el mundo gana y nadie pierde«, ha resumido el presidente andaluz, Juanma Moreno, en una rueda de prensa que marca un camino distinto al que transitan otros líderes de su formación, como Isabel Díaz Ayuso, que horas antes de la firma de este acuerdo, anunciaba el recurso al Plan Hidrológico del Tajo. «Me parece una ocurrencia, entre otras cosas porque el plazo para el recurso ya ha terminado», ha opinado Ribera a preguntas de la prensa.
En Almonte, donde se ha celebrado este acto, nadie podía ocultar su satisfacción, cuando no alivio por haber llegado a un punto de encuentro después de casi dos meses de trabajo entre técnicos para concretar en lo máximo este acuerdo, cuyo inicio se fraguó el 3 de octubre, cuando ambos líderes se reunieron en San Telmo.
Decenas de medios y de representantes del Consejo de Participación de Doñana han asistido a lo que ya se considera una fecha histórica para el futuro del parque: la presentación del marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana, que han presentado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Almonte (Huelva).
Cómo es el acuerdo
A grandes rasgos, el acuerdo busca incentivar la transición ecológica en los 14 municipios del entorno de Doñana, mejorar las condiciones sociales y económicas de la zona sin dejar de lado el mantenimiento y creación de actividad y empleo. Es decir, una serie de medidas a corto y medio plazo en áreas esenciales como la gestión de los recursos hídricos, la conservación y restauración de la biodiversidad en el entorno, la gestión costera del dominio público marítimo-terrestre, la recuperación socioambiental del territorio.
La principal evidencia del detalle del acuerdo es que los agricultores afectados han aceptado finalmente un trato que aboga por la reconversión de los cultivos de fresa intensiva.
Así, se propone dejar de plantar estos cultivos a cambio de 100.000 euros por hectárea, repartidos en pagos de 20.000 euros por año, de los que 70.000 serán aportados por el Gobierno de España, 20.000 de la Junta de Andalucía y 10.000 financiados por la Diputación de Huelva, administración que es la primera vez de la que trasciende un compromiso económico al respecto de este asunto.
La aceptación de este acuerdo por parte de los agricultores conlleva también el compromiso de no cultivar la tierra de manera intensiva durante 30 años y participar de un proceso de reconversión de las hectáreas, un proceso que se ha llamado de renaturalización de la zona.
Con todo sobre la mesa está la opción de que haya agricultores que no se quieran acoger a esta opción sino a la de apostar por cultivos de secano o bien por agricultura sostenible. Si bien la rúbrica del acuerdo ya es una realidad, todavía falta por cuantificar cuántos serán los agricultores beneficiarios de esta nueva etapa y cuáles se acogerán a cada tipo de indemnización por el cese de la actividad agrícola intensiva en sus tierras.
En concreto, se concederá una ayuda por hectárea para nuevas superficies agrarias dedicadas a cultivos de secano, por ejemplo: vid, olivos, o cultivos industriales (remolacha azucarera, girasol, colza, etc), almendros u otros cultivos alternativos. La ayuda se calculará a tanto alzado y se concederá durante un período de 5 años, por un máximo de 2.500 euros por hectárea por parte del Gobierno de España que se podrá complementar con una inversión a estudiar por la Junta de Andalucía.
«Un acuerdo histórico»
Según adelantó Julio Díaz, portavoz de la Plataforma de Regantes de la Corona Norte, se conformará una oficia de asesoramiento para la tramitación de estas ayudas e indemnizaciones publicas que fueron debatidas en la víspera en una convocatoria de la plataforma y que fue «aprobada por unanimidad».
El presidente de la plataforma, Romualdo Macías, ha querido subrayar que los agricultores han sido capaces de «negociar y acordar» a la par que ha pedido que se deje de «criminalizar» el trabajo agrícola en sus fincas, cultivos que tendrán que abandonar «después de 50 años, hay una ligazón sentimental», ha recalcado.
En palabras de la ministra Ribera, “este paraje ya no es un lugar remoto, sino un espacio situado en una comarca densamente poblada. Mantener Doñana requiere poner límites a la presión humana. Doñana es el humedal más importante de España y uno de los principales de Europa. No podemos pasar por alto las presiones que se ejercen sobre él”.
En este sentido, Moreno ha definido el pacto como un “acuerdo histórico” que protege y blinda una joya natural como ésta, que pone fin a una difícil situación que se había enquistado, que concilia la protección del Parque con el desarrollo económico y el progreso social de la comarca y que demuestra que el diálogo funciona cuando se practica con el interés general como objetivo.
De este modo, ha incidido en que Doñana debe ser una oportunidad para el desarrollo económico y el progreso social de la zona y ha reiterado que se trata de pacto muy beneficioso para todos en el que ganan los agricultores, los ayuntamientos, los vecinos, las empresas de la zona y las organizaciones sociales, ecologistas y conservacionistas que desde siempre están luchando por el bien de Doñana. “Este acuerdo es en beneficio del interés general de la comarca de Doñana, de la provincia de Huelva, de Andalucía y de España entera”, ha trasladado el presidente andaluz.
Un conflicto que ha marcado tres campañas electorales
La firma ha sido se ha rubricado bajo la atenta mirada de Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana y uno de los grandes sabios sobre el pasado, presente y futuro del Parque, que, a propuesta de la prensa, ha trasladado desde el atril de intervenciones que no conoce «en profundidad» los detalles del marco de actuaciones, pero que está convencido que habrá «cosas que gusten más y cosas que menos» pero, en líneas generales, era un motivo de «enhorabuena» llegar a este punto de acuerdo entre administraciones.
Han sido innumerables las veces que Delibes de Castro ha clamado contra la expansión de la agricultura intensiva en el parque, argumentando que también perjudicaba a los agricultores que llevan años y décadas cumpliendo con las normas. “Es incomprensible que los políticos no se den cuenta del daño que hacen a la agricultura con la ley de Doñana”, opinaba en el medio El País.
Hasta llegar aquí el camino ha sido tortuoso, agrio y con interrupciones en el diálogo institucional a lo largo de los dos últimos años al respecto de un asunto que ha marcado la relación entre ambos Ejecutivos en un ciclo electoral en el que se han concatenado las urnas.
En marzo de 2022, el PP, y en paralelo Vox y Ciudadanos, impulsó en el Parlamento de Andalucía la proposición de ley para la regularización de los regadíos del entorno del Parque Nacional, una iniciativa que decayó con la convocatoria de elecciones en junio de 2022.
Conseguida la mayoría absoluta y con las elecciones municipales del 28M en el horizonte, el Gobierno se vio forzado a rescatar CUÁNDO esta ley una vez que Vox se le adelantó en la cámara y registró la propuesta con la que pretendía hacerse con el favor del sector agro, un ámbito en el que PP y el partido de ultraderecha siempre se han medido de cerca.
Desde entonces, sin pausa, el Gobierno de España, la comunidad científica, los organismos internacionales y la Comisión Europea ha repetido sin descanso que la propuesta del Gobierno andaluz de incorporar más hectáreas a la extensión de regadíos en el entorno de las fincas de fresa del Parque Nacional era absolutamente contrario a la sostenibilidad de Doñana, cuya erosión medioambiental viene siendo alertada desde hace décadas por la Unesco, máximo organismo que vela por su protección.
