Los primeros seis meses del Acuerdo por Doñana: el 80% del dinero, invertido en Veta la Palma

Tras dos años de conflicto y seis meses desde que se aprobó el Acuerdo por Doñana, más de 80% del dinero dedicado al parque natural se ha dedicado a la compra de la finca Veta la Palma. Así lo muestran los datos expuestos recientemente por el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, en el Parlamento de Andalucía. 

En el pacto que se firmó a finales de 2023, una de las medidas centrales era la retirada de la proposición de ley de ampliación de regadíos del Parlamento autonómico. Todo ello, a cambio de una serie de subvenciones a los agricultores de la zona para la renaturalización de Doñana. 

El Acuerdo por Doñana recogía así el compromiso de las administraciones estatal y autonómica de invertir 1.434 millones de euros, de los que el Ejecutivo central aportaría 706 millones y la Junta de Andalucía, otros 728,9 millones. 

De los 96 millones de euros comprometidos hasta 2027 por la Junta de Andalucía a través de medidas vinculadas al Espacio Natural de Doñana, 88 de ellos ya se han invertido. La compra de Veta la Palma ha supuesto más de 72 millones de euros, traduciéndose en el principal desembolso. Este lunes, el consejero informó de que ya se ha creado una comisión de trabajo específica para apoyar el diseño del plan. 

Cuando la Junta de Andalucía anunció la adquisición de estos terrenos, Juanma Moreno todavía no había firmado el acuerdo con la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. En un clima de tensión, esta compra ayudó al Gobierno andaluz a argumentar su apuesta por la defensa de este parque natural. 

El objetivo, según informó Fernández-Pacheco en el momento de la operación, era «hacer más resiliente el espacio natural frente a los efectos del cambio climático, y evitar que las 3.500 hectáreas que permanecen permanentemente inundadas no se sequen». 

«Desgaste personal» 

No tan alejado en el tiempo, ha dimitido este lunes el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Miguel Delibes. La razón: el «desgaste personal», según ha descrito, que le supusieron tantos meses de «lucha». 

Ha criticado además la lentitud del proceso de modificación de los regadíos en el entorno de Doñana: «Hay que trabajar por lo menos el doble y por lo menos el doble de rápido». En una ocasión, Delibes tachó de «sacada de la chistera» la ley de nuevos regadíos.

Junto a Delibes, representantes de la comunidad científica en este organismo de participación social se mostraron en contra de esta ampliación de unas 700 hectáreas de riegos situados en las cercanías del espacio natural de Doñana.

Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, explicó precisamente hace unos meses que con estas medidas «se está dañando ya el presente del parque nacional, porque las lagunas temporales están desapareciendo». 

Aun así, Delibes se ha mostrado esperanzado en su intervención de este lunes: «Espero que a partir de ahora podamos trabajar todos juntos, centrándonos en la conservación de Doñana y el bienestar de los habitantes de la comarca, olvidando disputas baldías. Hoy creo más en nuestros gobernantes». 

Medidas del Acuerdo por Doñana 

Además de la ya nombrada regulación de los regadíos, en el Acuerdo por Doñana se recogieron otras directrices del mismo ámbito. Una de ellas es la renaturalización de superficies dedicadas a la producción agraria, de forma que los agricultores podrían solicitar una ayuda de hasta 10.000 euros por hectárea al año durante un máximo de 10 temporadas. 

Las medidas también recogen ayudas para fomentar nuevos cultivos de secano y la reconversión hacia modelos de producción ecológicos.