Unicaja desembolsará entre 5 y 6 millones para zanjar el conflicto de los incentivos de 2023 en diciembre

Unicaja da portazo una de las principales problemáticas a las que se ha enfrentado en 2024 y que le ha llevado ante la Audiencia Nacional. Finalmente, abonará en las nóminas de diciembre el importe restante de los incentivos de 2023 a los trabajadores, con una cifra que rondará entre los 5 y los 6 millones de euros. 

Así lo han confirmado fuentes sindicales involucradas en el conflicto, a las que ha tenido acceso este periódico, y que aseguran que «ahora lo que van a pagar es la diferencia no abonada ya a los trabajadores de red de negocio y el 100% del incentivo a los de servicios centrales que alcanzaron los objetivos». 

Esta explicación trae dos novedades más allá de la cifra del desembolso. La primera de ellas es que ya hay una parte de los incentivos que se han pagado, concretamente, en abril. «Repartieron 5 millones de euros entre los trabajadores de la red de negocio, que equivalía aproximadamente el 60% del incentivo», han añadido.

En concreto, según aclaró en otra ocasión el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ese porcentaje de la paga variable se abonó a ciertos empleados, a los que tienen «más relación con el negocio, como los responsables de la red de oficinas». 

Pero también estas declaraciones ponen sobre la mesa un nuevo tipo de empleado que Unicaja no ha tenido en cuenta con anterioridad a la hora de hacer el reparto de los incentivos, y son los de servicios centrales. Es la sentencia de la Audiencia Nacional la que ha obligado a su inclusión, porque fueron excluidos «de la gratificación que abonaron en el mes de abril». 

De ahí viene la cifra aproximada del pago, según prevén los actores sindicales implicados. Pero no es sencillo calcular la cifra exacta, señalan paralelamente, porque «cada trabajador tiene un incentivo base que va en función del puesto que ocupa y de eso depende el importe a percibir». 

Objetivos sin cumplir 

La disputa en el seno de Unicaja comenzó a finales de abril, cuando la cúpula de la entidad financiera informó mediante una circular interna que no se abonaría la paga variable de 2023 por no alcanzar los objetivos establecidos. Esta decisión generó críticas entre los empleados, quienes no conocían las supuestas restricciones generales mencionadas por la entidad como motivo del impago. 

El 31 de mayo se llevó a cabo un intento de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), pero no se llegó a un acuerdo. 

Esto los llevó a un juicio ante la Audiencia Nacional el pasado 9 de octubre, donde el banco malagueño se defendió con tres requisitos: que el banco no alcance el presupuesto del ejercicio, que los resultados obtenidos sean positivos y que, además, estos superen los de entidades comparables. 

Unicaja aseguró en el juicio que no habían alcanzado ninguna de las tres condiciones, y que, con el incumplimiento de solo una de ellas, ya no se pagarían los incentivos. 

Como respuesta, el tribunal dictó que la decisión de banco no estaba «ajustada a derecho». El banco andaluz justificó que su política interna permite ajustar o reducir los incentivos, pero la Audiencia Nacional dictaminó que, para efectuar esta reducción, era necesario haberlo comunicado de manera explícita en el plan de incentivos de 2023, algo que no hizo. 

Y la Audiencia Nacional determinó que la política de incentivos de Unicaja no incluía parámetros para evitar o eliminar el pago, sino únicamente para ajustarlo o reducirlo, lo que contradecía la justificación del banco para no abonar la paga variable.