La AN ordena a Unicaja a cumplir con el pago de incentivos de 2023 a sus trabajadores

La Audiencia Nacional (AN) ha fallado a favor de los sindicados CCOO, Cesica, UGT, y otros, en una demanda contra Unicaja, y ordena al banco a cumplir con el abono de incentivos de 2023 a los trabajadores que hayan cumplido sus objetivos fijados.

El fallo, fechado el 14 de octubre y al que ha accedido Europa Press, determina que la decisión de Unicaja de no pagar los incentivos no está «ajustada a derecho».

El banco andaluz había argumentado que su política permite ajustar o reducir los incentivos, pero no eliminarlos completamente. Además, si quería reducir estos pagos, debía haberlo explicado claramente en su plan de incentivos para 2023, algo que no hizo.

Origen del conflicto

La disputa comenzó el pasado abril, cuando Unicaja comunicó a sus empleados que no se abonaría la retribución variable de 2023 debido a que no se habían alcanzado los objetivos generales. Ante esta situación, los sindicatos solicitaron información, llevaron a cabo reuniones y organizaron protestas frente a la sede del banco, exigiendo el pago completo del incentivo.

A finales de mayo, la dirección de Unicaja se reunió con los representantes legales de los trabajadores para justificar su decisión, argumentando que no se había cumplido con el presupuesto establecido para 2023, lo que incluye la autofinanciación o beneficios.

También mencionaron una «restricción adicional» relacionada con el rendimiento de entidades comparables, sin que los sindicatos conocieran cuáles eran esas entidades, los criterios a considerar o las diferencias de rendimiento entre Unicaja y las otras entidades para evaluar dicho rendimiento.

El 31 de mayo se llevó a cabo un intento de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), pero no se llegó a un acuerdo, lo que llevó el conflicto a la Audiencia Nacional.

Defensa de Unicaja

Unicaja argumentó ante la Audiencia Nacional que, aunque en 2023 no emitió una circular sobre incentivos, existe una política general vigente desde 2018, la cual establece restricciones al incentivo basadas en los resultados presupuestados y obtenidos, tanto del año actual como de años anteriores.

La entidad también reconoce que desde 2018 se han establecido restricciones específicas a través de circulares, pero no hay una circular en 2023 que fije tales restricciones. Asegura que el resultado de 2023 es «peor» que el de 2022 y que su desempeño es inferior al de otros bancos como CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Kuxtabank, Abanca e Ibercaja, y que media ganaron más de un 40%.

En 2023, Unicaja reportó ganancias de 267 millones de euros, un 4% menos que en 2022, siendo la entidad que «peor se ha comportado» en el sector financiero. El banco menciona, además, que el acuerdo con los sindicatos de diciembre de 2023 definió esas entidades comparables.

El Tribunal tumba los argumentos del banco

La Audiencia Nacional ha desestimado los argumentos de Unicaja, afirmando que la política de incentivos no incluye los parámetros que el banco usa para evitar o eliminar el pago, sino, «en todo caso», para ajustarlo o reducirlo.

La sentencia aclara que sí hay criterios para eliminar el incentivo, pero no se aplican en este caso, como la necesidad de que el banco mantenga la solidez de su base de capital y que el pago dependa del cumplimiento de requisitos regulatorios.

«De tal principio general lo único que cabe deducir que puede exonerar a la mercantil del pago del incentivo es que con el mismo no se colmen los requerimientos de capital o los requisitos supervisores, lo que en este caso no ha sido siquiera mencionado», señala la Sala de lo Social. Además, el tribunal ha considerado que Unicaja debió especificar cualquier ajuste en la política anual, algo que no realizó en 2023.

El tribunal también ha realizado tres observaciones adicionales a la defensa de Unicaja. En primer lugar, ha sostenido que el único criterio que justificaría el ajuste del incentivo sería el menor beneficio en 2023 comparado con 2022, pero al no haberse especificado en la política anual, «carece de virtualidad alguna».

Por otro lado, la justicia ha afirmado que no se puede probar que el objetivo presupuestado para 2023 fue certificado por el secretario del consejo de administración, ya que no hay acta que lo respalde, además de que «se refiere a una fecha que no ha existido», el 29 de febrero de 2023.

Por último, ha criticado que el informe pericial de Unicaja considera entidades como Abanca, Kuxtabank, CaixaBank, Ibercaja, Cajamar, Bankinter, BBVA, Santander y Sabadell, a diferencia de las comparables en el acuerdo de finales de 2023 (CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Kutxabank, Abanca e Ibercaja).

Unicaja puede apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo en un plazo de cinco días hábiles tras la notificación. La entidad no ha hecho comentarios cuando fue consultada por Europa Press.

‘Cuidar’ la plantilla

Por su parte, el sindicato Cesica ha instado a Unicaja a no recurrir la sentencia y a pagar los montos adeudados para «no enturbiar las relaciones laborales».

Además, han destacado un argumento de la AN que señala que la interpretación de cláusulas ambiguas no debe favorecer a la parte que las causó: «no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad».

«En nuestro caso implica que las dudas interpretativas por falta de claridad de la regulación deben ser interpretadas en favor del colectivo de trabajadores, que ninguna participación tuvo en la regulación de la política de incentivos de la empresa», dice la Audiencia Nacional.

Cesica también hace un llamado a Unicaja para que «cuide» a su plantilla y recuerda las demandas manifestadas a mediados de junio: el pago del 100% del incentivo de 2023, la inclusión de mejoras de convenio de antiguas cajas de ahorro en Unicaja, como la no compensación ni absorción de subidas salariales, y la creación de un sistema «transparente» de incentivos para 2024, además de un protocolo de clima laboral.