El desastre de Aznalcóllar queda atrás: la mina empezará a funcionar en septiembre y generará 2.000 empleos 

La compañía ha aumentado a 450 millones la inversión para su puesta en marcha, ya que construirán además una nueva estación depuradora de agua

Zona minera de Aznalcóllar, a 22 de abril de 2023, en Sevilla.

Zona minera de Aznalcóllar, a 22 de abril de 2023, en Sevilla. Francisco J. Olmo / Europa Press

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Han pasado 26 años desde el accidente de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), y fuentes de Minera Los Frailes revelan a Economía Digital que esperan su puesta en marcha «a partir de septiembre«, generando alrededor de 2.000 empleos

Tras un largo proceso de tramitación, la compañía ha elevado la inversión global del proyecto en 100 millones de euros, alcanzando según las previsiones actuales los 450 millones

Uno de los factores que explican este sensible aumento de la inversión es la inclusión en el proyecto de la construcción de una nueva estación depuradora de agua y las infraestructuras para la gestión hidráulica del proyecto. Todo esto requerirá un desembolso adicional cercano a los 60 millones de euros. 

El funcionamiento de la mina requiere el previo vertido en el estuario del río Guadalquivir más de 85 millones de litros de aguas depuradas de los metales pesados del accidente de 1998. La empresa encargada del proceso será Aqualia, y se asegurará de limpiar el agua para obtener «concentraciones muy bajas» de metales pesados, tal y como han expresado en sus comunicados. 

Depuración del agua 

Se han formado dos posturas con respecto a la apertura de la mina: una voz crítica de grupos ecologistas que aseguran que la limpieza del agua no es suficiente y una posición que considera que se están tomando las decisiones adecuadas y que será «fuente de riqueza para la comarca». 

Esta última perspectiva es la que comparte José Hurtado, secretario general de la federación de Industria de CCOO de Andalucía: «Apostamos por la reapertura de la mina de Los Frailes y exigimos que las autoridades competentes garanticen el respeto escrupuloso de todas las leyes vigentes». 

La Junta de Andalucía es de la opinión del sindicato, en ese sentido. Así lo ha manifestado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, defendiendo que la nueva explotación cumple «las máximas garantías medioambientales». 

Y ha añadido en intervenciones posteriores: «No se va a verter ni un solo litro de agua al Guadalquivir hasta que la estación depuradora esté en funcionamiento». Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas, también ha hecho hincapié en sus declaraciones en que «el agua estará tratada». 

Aznalcóllar en 1998 

La mina, en el desastre de 1998, era propiedad de la empresa sueca Boliden. Las empresas públicas AMAYA y TRAGSA, en 2001, se hicieron cargo del mantenimiento de las instalaciones, de su control y del seguimiento de los pasivos ambientales del antiguo complejo minero. 

En 2014, la Junta de Andalucía lanzó un concurso público internacional para la reapertura de la mina. Fue el consorcio Grupo México-Minorbis quien resultó adjudicatario de los derechos mineros para la exploración y explotación del complejo de Aznalcóllar. Resultados de esta unión de accionistas, se originó Minera Los Frailes, la empresa encargada actualmente. 

La compañía ya ha recibido el dictamen ambiental favorable, paso previo a la obtención de la Autorización Ambiental Unificada y único límite a la actividad de la compañía en la zona minera. 

En 1998 se rompió el muro de contención oriental de la balsa de lodos mineros. Se vertieron 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas cargadas de metales pesados en el cauce del Guadiamar. Este río es el principal aporte hidrológico de las marismas de Doñana, por lo que el accidente puso en peligro este espacio protegido. En total, se vieron afectadas alrededor de 4.600 hectáreas. 

Según Ecologistas en Acción, se retiraron por aquel entonces 7 millones de metros cúbicos de lodos y 30 toneladas de animales. El desastre terminó también con unos 5.000 puestos de empleo y causó unas pérdidas alrededor de 1.800 millones de las antiguas pesetas. 

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