El juicio a la antigua cúpula de UGT en Andalucía por presunto fraude de 40 millones arranca este lunes

El juicio contra el exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro antiguos responsables del sindicato arrancará este lunes. La antigua cúpula de la organización sindical andaluza se sentará en el banquillo por un supuesto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso y un delito continuado de falsedad en documento mercantil derivado de las supuestas facturas falsas, a través de las cuales se habrían defraudado más de 40 millones de euros de subvenciones públicas.

A pesar de que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tenía previsto iniciar el juicio el pasado 14 de diciembre, finalmente el señalamiento fue suspendido unos días antes a causa de motivos de salud de algunos de los intervinientes. Además de Fernández Sevilla, entre los investigados se encuentra el exsecretario general de Administración de UGT-A, la exsecretaria de gestión económica; la exresponsable del departamento de compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L.

También figuran una decena de personas que actuaron como proveedoras del sindicato mediante las compañías que representaban. Cabe recordar que el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su «situación de incapacidad sobrevenida», así como con relación a otras siete personas.

Antes del estallido de la crisis sanitaria por el coronavirus, el 13 de marzo de 2020, después de recibir tanto los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones particulares por la Junta de Andalucía y el PP andaluz, el magistrado al frente del Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla dictó un auto en el que abría juicio oral contra los 15 investigados.

El juez impone fianzas millonarias

Según relató el juez instructor en un auto, entre 2009 y 2013 los investigados pusieron en marcha «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», de manera que aplicaron los fondos recibidos mediante subvenciones públicas a fines distintos al destino que deberían haber tenido, es decir, el impulso de acciones formativas a trabajadores y desempleados.

«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», destacaba a la vez que calculaba que las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se había contado con la información documental necesaria superan los 40 millones de euros.

El juez impuso en el auto a Fernández Sevilla y el resto exresponsables del sindicato andaluz una fianza de 40.750.047 euros, mientras que las fianzas de los otros investigados estaban comprendidas entre los 638 euros y más de un millón de euros. También requirió a las empresas Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M., Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Abadía las fianzas asociadas a las personas investigadas con relación a esas entidades «para el caso de que los acusados no presten la fianza exigida».