Vuelve la tensión a Acerinox: el cambio de responsable de RR HH aviva a los sindicatos contrarios al convenio

La huelga por el convenio colectivo de Acerinox terminó hace casi tres meses, pero los miembros del comité de empresa que no firmaron dicho documento apuntan que el conflicto sigue dando sus últimos coletazos. En el marco de un cambio de responsable de Recursos Humanos en la planta de Palmones (Los Barrios), representantes de la Asociación de Trabajadores del Acero (ATA) acusan a la empresa de imponer una sanción de despido «sin motivos justificados» a un trabajador «muy activo en la huelga». 

Además, la abogada del sindicato que ahora denuncia la situación les ha informado este martes de que «vienen más sanciones», según ha manifestado Alberto Padilla, miembro del comité de empresa, en sus conversaciones con Economía Digital. Este periódico ha tratado de confirmarlo con Acerinox, pero la empresa se ha negado. 

Padilla considera que el cambio directivo «no es casualidad», sino que la compañía de acero inoxidable está haciendo «un nuevo cambio en la política». Pero lo que está ahora mismo sobre la mesa es la sanción de despido de un empleado del área de movimiento de materiales de frío, lo que la empresa, atendiendo al testimonio sindical, considera «una falta muy grave». 

Los representantes del comité de empresa del sindicato ATA han hecho alegaciones a esa propuesta de despido que consideran «improcedente», tal y como publicaron en el documento que han hecho circular entre los empleados, y en el que convocaron el martes diferentes asambleas a lo largo del día. 

Ahora están a la espera de una respuesta, pero «si la empresa no rectifica», que es lo que ellos solicitan, organizarán «concentraciones, conflictos colectivos y lo que haga falta». 

Sospecha de una represalia 

José Antonio Gómez Valencia, portavoz del comité de huelga y miembro del sindicato ATA, ha explicado que, en su reunión del martes con la dirección de la empresa, les aclararon los motivos de esa propuesta de sanción. 

Tal y como ha declarado el miembro sindical, la respuesta de la empresa fue que habían comprobado, por las cámaras y por varios compañeros anónimos, que dicho empleado había trabajado sin el equipamiento de seguridad y que había estado descansando de sus tareas dos horas seguidas. 

El miembro de ATA considera que no hay pruebas de todo esto y que, en caso de que el trabajador hubiera hecho una parada tan larga en su jornada laboral, al ser «una línea de producción continua, se hubieran detenido todas las máquinas». Pero Gómez Valencia dice haber comprobado los registros y que no han existido dichas pausas en la producción. 

Alberto Padilla ha señalado también que han consultado al jefe directo del empleado en cuestión, quien «no tiene quejas» de él, y sus compañeros aseguran que es «un trabajador ejemplar». 

El sindicato valora esto, además, un «seguimiento» por parte de la empresa, al vigilar al trabajador mediante las cámaras, incluso en una zona como el área de descanso, donde no están permitidas. Y considera que estas sanciones son «una represalia por los cuatro meses y medio de huelga». 

Un conflicto que empezó en febrero 

La problemática comenzó cuando la empresa, por dificultades económicas, quiso pasar de un modelo de cinco turnos a otro de tres, de forma que habría que despedir a parte de la plantilla.  

Durante meses se sucedieron diferentes fases en la negociación, pero los trabajadores terminaron aceptando un convenio colectivo que incluía un ERTE con unas condiciones que satisfacía al 60% de los trabajadores.  

La votación, que tuvo lugar el 20 de junio, llegó tras 136 días de huelga y más de 24 millones de euros de pérdidas para la compañía de acero inoxidable. 

Ahora el ambiente del sector del metal vuelve a calentarse en el campo de Gibraltar, y las subcontratas que trabajan para grandes compañías como Acerinox y Cepsa, que negocian un convenio colectivo con la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC). Tanto UGT como CCOO, según informaron los sindicatos a Economía Digital, calificaron de «inasumible» la propuesta de la patronal.