Los promotores coinciden con el Gobierno en reformar la Ley de Suelo: «En lo técnico, nos parece bien»
El sector de la vivienda reclama más suelo para construir y solucionar el alza de los precios de los alquileres, pero «falta entendimiento político», en su opinión
El acceso al suelo es, según lo concluido en los diferentes foros del IV Congreso Nacional de Vivienda, uno de los principales problemas que se interponen a la construcción de viviendas. Y los promotores coinciden con el Gobierno en la necesidad de reformar la Ley de Suelo para solucionarlo, a la que dan su aprobación «desde el punto de vista técnico».
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, hizo mención en la apertura del foro en Málaga a «una medida que el sector de la vivienda demanda, pero que la falta de entendimiento político no termina de sacar adelante».
Más adelante, en conversaciones con Economía Digital, Gómez-Pintado ha aclarado que se refería a la Ley de Suelo, pero que necesitan de «un consenso entre los dos grandes partidos para sacarla adelante» en el Congreso.
La norma que busca aprobar el Gobierno pretende, entre otros puntos, evitar la paralización del planeamiento territorial de muchos municipios por defectos menores que se podrían solucionar rápidamente.
El acceso a suelo, tal y como ha explicado el presidente de la APCE, ahora mismo «depende de los tres niveles de la administración: nacional, autonómico y municipal», por lo que le parece que «es muy complicado poner suelo finalista a disposición» de los constructores. Y ha ilustrado: «De media, en España se tarda entre 12 y 18 años en obtener el permiso regional».
Con respecto a la carestía del precio de la vivienda, Gómez-Pintado ha clarificado que, «fundamentalmente, es por la necesidad de materia prima, que es el suelo». Considera, además, que «hay un desequilibrio enorme entre la capacidad de ofertar y la demanda existente».
Agilización de la burocracia
La reforma de la Ley de Suelo, propuesta desde hace meses en el Congreso, pero bloqueada hasta que haya acuerdo político, tendría consecuencias a nivel autonómico y regional, además de las nacionales.
El representante de los promotores españoles ha descrito «la ley nacional como un paraguas, donde todas las leyes autonómicas están debajo». La reforma significaría una agilización en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de las regiones y los ayuntamientos.
Con la ley actual, «cada vez que hay oposición en un punto determinado, hay que retrotraer toda la gestión del Plan General al principio». La novedad normativa consistiría en que «si hay un problema y alguien lo reclama, solamente se solventaría ese punto, pero la tramitación de la ley y del PGOU seguirían adelante».
Otros responsables de empresas de gestión inmobiliaria que participaron en el congreso dieron la razón al presidente de la APCE. Es el caso de David Martínez, CEO de Aedas Homes, que valoró que las administraciones «tienen clarísimo el diagnóstico con respecto al suelo», pero no lo están aplicando «a la velocidad a la que se espera que vayan».
Y Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor, coincidió en que «hay consenso por primera vez a nivel nacional en que tenemos un problema de suelo y necesitamos arreglarlo entre todos». Pero lamentaba, además, «el exceso de burocracia que está haciendo tanto daño en Europa», porque «paraliza en demasía los proyectos».
Málaga como ejemplo
Juan Antonio Gómez-Pintado ha puesto como ejemplo claro el de Málaga, una ciudad que «está creciendo muy deprisa, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de habitantes».
El presidente de la APCE ha destacado que el atractivo actual de Málaga, tanto en la construcción como en la constitución de viviendas de uso turístico (VUT), otro punto fuerte de la ciudad, se debe a dos razones: a la atracción cada vez mayor de «nómadas digitales» y a «la propia pujanza» que tiene la ciudad andaluza.
Así, el presidente de la patronal ha contradicho las declaraciones del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, cuando aseguró hace unos meses que los malagueños no podrían vivir en su ciudad por el precio tan elevado de la vivienda: «Málaga tiene una costa y un litoral con muchísima capacidad», por lo que hay «esperanza de futuro».