El plan agrario andaluz crece un 5%, hasta los 269 millones

El programa de Fomento del Empleo Agrario (FFEA) contará en 2022 en Andalucía con un dotación total de 268,9 millones, un 5% más que en 2021, de los que 185,5 millones los aporta el Gobierno central para pagar la mano de obra, 62,6 millones la Junta de Andalucía y 20,8 millones las diputaciones para sufragar los materiales.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández , presidió este lunes la Comisión Regional de Seguimiento del PFEA, en la que se aprobó la distribución provincial de la dotación de 185,5 millones para este año, y destacó que desde 2019 este programa se ha incrementado un 20%.

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, reclamó a la Junta que asuma una parte del aumento de los costes de los materiales para ejecutar las obras públicas en los pueblos con un incremento de su aportación en torno a un 15% en 2022 dado que los materiales se han incrementado el veinte por ciento.

Reparto de fondos entre administraciones

A la Junta le corresponde financiar el 75% del coste de los materiales y el 25% a los materiales del PFEA, por lo que, en según Rodríguez Villalobos, esa correlación se debería aplicar en el reparto de la subida que debe afrontar cada administración, ya que advirtió que los empresarios han amenazado con no suministrar materiales para ejecutar las obras sin la subida del veinte por ciento en el coste de los mismos.

«Serían unos 14 millones más y a ambas administraciones nos toca asumir esa cuota porque el Gobierno ya tiene bastante con pagar los contratos de trabajo» de los trabajadores eventuales agrarios que se encargan de ejecutar dichas obras, ha defendido el presidente de la FAMP.

En representación de la Junta el delegado territorial de Administración Local en Sevilla, Javier Millán -que ha participado en sustitución del director general de Administración Local, Joaquín López-Sidro, ha puesto en valor que este programa es un “ejemplo de cooperación entre administraciones y un instrumento muy útil para crear empleo y fijar la población al territorio”.

«Este programa es un ejemplo de cooperación entre administraciones y un instrumento muy útil para crear empleo y fijar la población al territorio”

Asimismo, el delegado del Gobierno ha avanzado que el PFEA de 2021, que concluye en septiembre, ha supuesto 110.000 contratos, casi 2,5 millones de jornales y 1.794 obras.

Tras reafirmar la apuesta del Ejecutivo central por este programa de empleo agrario, ha avanzado que el Ministerio trabaja en el borrador de real decreto para actualizarlo.

Unas 150.000 mujeres andaluzas se beneficiarán de este programa

Asimismo, se ha referido a la próxima puesta en marcha de un programa de formación en alfabetización digital destinado a mujeres contratadas en el marco del PFEA o que hayan sido contratadas en el PFEA para «capacitar a las mujeres en el entorno rural y romper la brecha digital».

De la totalidad de mujeres que se beneficiarán de este programa, el 83%, es decir, alrededor de 150.000, será en Andalucía.

Además, Pedro Fernández ha destacado otras iniciativas para asegurar la viabilidad de las explotaciones agrarias, como la reducción del número de jornadas de 35 a 20 para que los trabajadores agrarios eventuales puedan acogerse al subsidio de desempleo y la renta agraria ”y así poder hacer frente a posibles efectos negativos sobre el empleo provocados por la sequía”.

En la Comisión Regional han participado el presidente de la FAMP, representantes de la coordinación territorial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de las administraciones autonómica y local, así como de sindicatos y organizaciones agrarias que han dado el visto bueno al reparto por provincias de los fondos.

A partir de ahora serán los subdelegados quienes convoquen las comisiones provinciales para que los ayuntamientos puedan empezar a presentar los proyectos destinados a 2022-2023 y son las administraciones locales las responsables de determinar las actividades que darán empleo en sus municipios en obras y servicios de interés general y social, previamente consultada con los interlocutores sociales.