Granada entra en la guerra de los pisos turísticos de Andalucía: vecinos y patronal se quejan de la nueva norma

La regulación del Ayuntamiento de Granada recoge que las viviendas de uso turístico cumplan los mismos requisitos que los hoteles

Turistas por las calles de Granada.

Turistas por las calles de Granada. Álex Cámara / Europa Press

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La regulación de los pisos turísticos sigue candente en Andalucía, y ahora es Granada la que entra en la guerra de este tipo de viviendas. Las distintas voces de opinión han empezado a alzarse esta semana, tras la pasada aprobación de una norma que obliga a los pisos turísticos a cumplir los mismos requisitos que los establecimientos hosteleros

Hace unos días ha salido a la calle la plataforma ‘Albaicín Habitable’, que ha reclamado al Ayuntamiento de Granada que establezca un tope máximo de pisos turísticos en los barrios, porque lo aprobado hasta el momento no resuelve el problema que detectan de la saturación turística. 

Específicamente, según ha recogido la agrupación de ciudadanos en forma de alegación a la norma municipal, sugieren limitar la densidad de estas viviendas para que no superen el 10% de los domicilios familiares. 

Posibles consecuencias

Pero al día siguiente de la convocatoria de vecinos, la Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (AvitarGranada) se ha pronunciado para exigir al ayuntamiento que paralice el «decretazo para cerrar las viviendas vacacionales, dialogue» con los propietarios y «deje de demonizar al sector». 

Desde su punto de vista, la regulación del ayuntamiento granadino pretende «cerrar todas las viviendas turísticas a corto o medio plazo». La razón que da la asociación es que, si los pisos turísticos mantienen «entradas, suministros de agua, luz, telefonía o puntos de evacuación independientes, toda la ciudad de Granada se declarará zona tensionada». 

El gobierno municipal, según ha vaticinado AvitarGranada, conseguirá que «los hoteles suban los precios al eliminar las viviendas turísticas, al quedarse con el cien por cien del mercado del alquiler vacacional de Granada». 

Esto iría, además, en detrimento de los comercios locales, ya que la norma promueve que los turistas «hagan sus gastos en los establecimientos hoteleros, en vez de en los restaurantes» de la ciudad, tal y como ha manifestado la patronal en un comunicado. 

La oposición frena al Ayuntamiento de Sevilla 

Sevilla, mientras tanto, sigue atascada en la negociación política. El gobierno municipal de José Luis Sanz ha tomado medidas para eliminar las viviendas de uso turístico ilegales, pero no es capaz de lograr un acuerdo con la oposición. 

En la reunión mantenida este jueves, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado que han presentado, desde el PP local, «la licitación del estudio de revisión de las viviendas de uso turístico», que el resto de partidos pedía hace unas semanas. 

«Y, mientras se realiza este informe», ha añadido, propone «empezar a limitar y paralizar el contador de licencias». Pero todos los grupos de la oposición se han negado, por lo que la situación es la misma que dejaron al comienzo del verano, cuando se paralizaron las negociaciones. 

El Ayuntamiento de Sevilla insiste en aprobar, cuando consiga el apoyo suficiente de los partidos, que los barrios no puedan superar la barrera del 10% de viviendas turísticas.  

En la reunión que mantuvo la semana pasada con la Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (Avva Pro) añadió el matiz de ir cambiando la norma cuando ya esté activa, para ampliar o disminuir dicho porcentaje en función del funcionamiento en cada zona de la ciudad. 

Porque la patronal defiende que el asunto que está «politizado» y que la mejor opción es «hacer un estudio barrio por barrio» previo, porque «no son lo mismo Los Remedios que Nervión, sino que cada barrio tiene su conformidad». 

En dicho encuentro sí hubo un punto de acuerdo y sacaron una propuesta nueva en común, consistente en la creación de un registro de pisos turísticos legales al que puedan acceder tanto clientes como la policía turística. 

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