Isabel Rodríguez amenaza con quitar 1.000 millones a Andalucía al calificarla de «insumisa» con la vivienda

En respuesta, la consejera andaluza ha acusado a Rodríguez de lanzar «un chantaje a las comunidades autónomas»

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una visita institucional a unas viviendas en Madrid, a 27 de septiembre de 2024.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una visita institucional a unas viviendas en Madrid, a 27 de septiembre de 2024. Carlos Luján / Europa Press

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, advirtió hace unos días que las comunidades autónomas que no cumplan con la Ley de Vivienda no recibirán financiación estatal para sus políticas de esta misma área. Este es el caso de Andalucía, región que recibe actualmente casi 1.005 millones de euros del Estado. 

Según han aclarado fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a Economía Digital, la Junta de Andalucía recibe 246,7 millones de euros por el Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025; 689,6 millones del programa ‘Next Generation‘ de la Unión Europea; y otros 68,4 millones por la ayuda ‘Bono Alquiler Joven‘. 

La ministra, en sus declaraciones del pasado jueves, amenazó a las comunidades autónomas del PP, que ella valora como «insumisas» por «atacar al Gobierno y no hacerse cargo del cumplimiento de la Ley», con condicionar su financiación.

La Consejería andaluza, como respuesta, acusó a Rodríguez de lanzar «un chantaje a las comunidades autónomas» para que se sumen «a su propuesta intervencionista de la Ley de Vivienda». 

Y el departamento que dirige Rocío Díaz aclaró que «Andalucía aplica las leyes aprobadas, como no puede ser de otra manera, pero no se va a plegar ante medidas que no son de obligatorio cumplimiento, como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler». 

En la misma línea, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que el presupuesto de la comunidad autónoma incluirá nuevas medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a más de 40.000 andaluces. 

Madrid recibe 2.000 millones 

Otra región especialmente afectada por las declaraciones de la ministra es Madrid, a la que hizo alusión explícitamente: «Esto no va de hacerle zancadillas a Pedro Sánchez, señora Ayuso». Y añadió: «Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la Ley». 

Y recordó que «la Comunidad de Madrid recibe del Gobierno de España 2.000 millones de euros desde el año 2018 en diferentes programas para política de vivienda». 

La presidenta madrileña, Isabel Ayuso, que no ha tardado en replicar, ha subrayado este lunes que la capital española está en contra de lo que considera «intervención ideológica del mercado». 

Y el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha tildado de «nefasta» la Ley de Vivienda al considerar que «no funciona» y ha exigido a la ministra que rectifique sus declaraciones, porque a su juicio los gobiernos autonómicos «están cumpliendo la ley de Vivienda». 

Aumento en la compraventa de vivienda 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó convenientemente, el mismo día que Rodríguez manifestó sus intenciones, los datos de la compraventa de vivienda a nivel nacional y autonómico. En julio, el número de operaciones aumentó un 19,4% con respecto al mismo mes de 2023, hasta un total que supera las 57.000 transacciones. 

Con el avance de julio, la compraventa de viviendas volvió a tasas positivas después de las caídas interanuales del 6,1% y del 21,5% en mayo y junio, respectivamente. 

En Andalucía, el crecimiento de la compraventa de viviendas fue algo menor que a nivel nacional, quedándose en un 16,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad se situó en un 7,3%. 

Las 11.257 compraventas de viviendas supusieron el segundo mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica. Las transacciones, al desglosarse, correspondieron en un 90% a la compraventa de viviendas libres y el 10% restantes sobre inmuebles de protección oficial. 

Las operaciones sobre las viviendas subieron, de manera similar, en todas las comunidades, con Navarra Cantabria y La Rioja a la cabeza y porcentajes positivos del 42%, 32% y 31%, respectivamente. La excepción fue en Baleares, que registró una disminución del 2,46%. 

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