Las 10 medidas de José Luis Sanz para frenar los pisos turísticos ilegales en Sevilla

El gobierno municipal de Sevilla vuelve a la carga con la regulación de los pisos turísticos clandestinos y ha concretado este jueves las diez medidas que anunció hace dos semanas para luchar contra este tipo de viviendas:

El gobierno local solicitará la retirada de 715 licencias que incumplen la normativa.
Va a revisar cada una de las concedidas tras la modificación del PGOU.
Hará un barrido de todas las viviendas turísticas inscritas que no tengan ocupación.
Semanalmente, se va a dar un traslado a la gerencia de Turismo de los pisos que se dejen sin efecto, con un compromiso de informar al menos de diez de ellas.
Se mandarán informes técnicos certificados a la gerencia de Urbanismo que determinen la incompatibilidad urbanística, de forma que no tenga que empezar dicha administración el procedimiento.
La gerencia de Turismo se incorporará a las reuniones mensuales de la de Urbanismo con la policía turística.
Se cortará el agua a las viviendas ilegales.
Sancionarán a los titulares reincidentes.
Se pondrá especial énfasis en los pisos turísticos con problemas vecinales, para llevar a cabo actuaciones conjuntas.
Para ordenar las revisiones de las residencias ya inscritas, se han adoptado criterios que permitan no «entrar en el fondo de la documentación», como refleja el informe al que ha tenido acceso Economía Digital, para ahorrar tiempo. Por ejemplo, descartar directamente a todas aquellas situadas «por encima de la planta primera en el centro histórico y Triana sin acceso independiente».

Creación de un registro

La medida más controversial ha sido la de cortar el agua a los pisos turísticos sin licencia. Pero, en la reunión que han mantenido el ayuntamiento y la Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (Avva Pro), el gobierno municipal ha asegurado que están «operando dentro de la estricta legalidad».

Así lo ha explicado el vicepresidente de la patronal en Andalucía, Juan Ignacio Chaves, a Economía Digital. Y también ha asegurado que su asociación está «en sintonía» con el ayuntamiento, ya que ambas partes comparten «la necesidad de luchar con la oferta ilegal».

La Avva Pro ha lanzado, además, una propuesta propia para expulsar a los pisos de uso turístico ilegales, que el gobierno municipal ha acogido positivamente: la creación de un registro al que puedan acceder tanto clientes como la policía turística. El objetivo, según ha expresado Chaves, es «mantener un control».

A la reunión con la patronal de pisos turísticos han acudido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la delegada de Turismo, Angie Moreno; el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa; el gerente de Sevilla City Office, Antonio Castaño; y el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez.

Cambios una vez activa

El tema en el que sí difieren administración pública y patronal es en la regulación de los pisos que sí tienen licencia. El Ayuntamiento de Sevilla ha insistido en aprobar, cuando consiga el apoyo suficiente de los partidos, que los barrios no puedan superar la barrera del 10% de viviendas turísticas.

Pero ha añadido el matiz de ir cambiando la norma cuando ya esté activa, para ampliar o disminuir dicho porcentaje en función del funcionamiento en cada zona de la ciudad. La patronal ha insistido en que el asunto que está «politizado» y que la mejor opción es «hacer un estudio barrio por barrio» previo, porque «no son lo mismo Los Remedios que Nervión, sino que cada barrio tiene su conformidad».

La regulación actual «crea inseguridad jurídica», aseveró el vicepresidente de la asociación en declaraciones anteriores, porque las empresas que gestionan los pisos turísticos «no saben a qué atenerse». Además, las normas que se están planteando «distorsionan mucho la realidad del sector», ya que proceden más de «una pelea política» que de las necesidades del mercado.