Andalucía, Valencia, Baleares y Canarias, contra la Ley de la Vivienda: reduce la oferta de alquiler
El titular balear defiende además la tasa turística, mientras que los demás se oponen, lo que ha abierto una fractura entre los consejeros turísticos del PP
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Los consejeros de Turismo de Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Canarias se han unido este jueves en un objetivo común en el Tourism Innovation Summit de Sevilla: culpar a la Ley de Vivienda nacional de crear el caldo de cultivo perfecto para que suban los precios del alquiler.
Los respectivos titulares autonómicos, Arturo Bernal, Nuria Montes, Jaume Bauzá y Jessica de León, han acusado además al Gobierno de desviar el foco de atención de este tema y, en cambio, de dar pie a lo que han denominado «turismofobia».
La veda del problema de la vivienda la ha abierto Jessica de León, al asegurar que «se carece de una buena ley». Y ha añadido: «Ahora mismo es ideológica, por lo que no sirve al ciudadano».
Arturo Bernal le ha dado la razón, pero ha dado un paso más al decir «que el turismo no quita la vivienda». La tesis sobre la que se basa es que, en España, los movimientos vecinales que últimamente están saliendo a las calles de las zonas más turísticas del país lo hacen para quejarse de que la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) conlleva una subida de los alquileres.
Desde este punto de vista, los propietarios verían cada vez más rentable que los pisos vayan destinados a un público vacacional, en vez de a residentes habituales en la ciudad. Como consecuencia, las asociaciones vecinales se lamentan de que los caseros fijan unos alquileres más altos con la intención de expulsarlos.
«El dato mata al relato»
Los cuatro consejeros, por el contrario, creen que «las culpables no son las viviendas de uso turístico», según ha señalado Bernal y han confirmado Montes, De León y Bauzá. Para apoyar su discurso, la frase más repetida en la inauguración del congreso sobre turismo ha sido que «el dato mata al relato».
En Canarias, se han sumado más de 500.000 habitantes nuevos en los últimos diez años. Por contraposición, se han construido 3.000 viviendas en el mercado libre y 280 viviendas de protección oficial. La consejera ha tachado así la Ley de Vivienda de «fracaso».
Arturo Bernal ha centrado el tiro, dentro de Andalucía, en Málaga, que es una de las zonas más tensionadas. «Existe una demanda de entre 4.000 y 5.000 viviendas», ha señalado el consejero, «pero hay 16.000 cerradas por la falta de seguridad jurídica».
Y ha subrayado un último dato, que «tan solo el 4% de la vivienda de Andalucía es VUT», lo que le lleva a la conclusión de que «el derecho a la vivienda que promueve el Gobierno ha subido los precios» del alquiler.
Por su parte, la Comunidad Valenciana, con Nuria Montes al frente, ha puesto sobre la mesa que el porcentaje de pisos turísticos en la región es del 1,4%, mientras que el 14% pertenece a vivienda vacía.
A Montes le parece que el ministerio en manos de Isabel Rodríguez está gestionando una «ideología injusta», al promover una campaña vecinal contra lo que considera su principal motor económico.
División en la tasa turística
Donde los consejeros del Partido Popular no han estado tan de acuerdo es en la tasa turística. Jaume Bauzá, que ha defendido también la idea de que la política de vivienda actual es «nula», se ha desmarcado del resto de sus compañeros al defender públicamente lo que ha llamado «Impuesto de Turismo Sostenible».
Precisamente, hace tres semanas, Islas Baleares anunció un aumento de esta tasa. Y la presidenta del Govern, Marga Prohens, lo defendía de esta manera: «El objetivo es que quien más consume, más pague e incentivar el ahorro de agua entre los consumidores».
Paralelamente, y en la misma intervención en la que Bauzá ha defendido la tasa turística, Nuria Montes ha categorizado: «Este impuesto podría aportarnos 50 millones de euros, pero lo único que esto refleja es que tenemos un problema de infrafinanciación».
En Andalucía, la cuestión se planteó en el Parlamento en julio, pero se opusieron PP y Vox. Uno de los diputados populares en la región, Francisco Javier Oblaré aseguró en dicha ocasión que la intención del Gobierno de Juanma Moreno no es «imponer impuestos a los andaluces», sino «bajárselos».
