La Junta de Andalucía acusa a Sánchez de permitir al PNV hacer dumping fiscal energético
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado la importancia de los proyectos de hidrógeno verde para las empresas andaluzas y considera la permanencia del impuesto «un agravio»
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, durante el anuncio del Congreso Iberoamericano CEAPI en Sevilla. Foto: Junta de Andalucía
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La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha acusado este miércoles al presidente nacional, Pedro Sánchez, de facilitar que País Vasco (PNV) tenga privilegios fiscales con respecto al sector energético.
El pasado viernes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció su intención de que los impuestos especiales a las empresas de energía dejen de ser temporales y sean una realidad consolidada. Pero la región gobernada por Imanol Pradales es la única que podría rebajar el gravamen del 1,2% sobre ventas y prestaciones de servicios a las empresas eléctricas, gasistas y petroleras. Como consecuencia, esta comunidad autónoma tendría una ventaja fiscal por encima del resto del territorio español.
Carolina España ha manifestado así su queja en la rueda de prensa previa al anuncio del Congreso Iberoamericano CEAPI en Sevilla: «Nosotros decimos que hasta aquí hemos llegado». Y ha añadido que el Gobierno está en proceso de «crear otro agravio, otra injusticia, al permitir que algunas comunidades autónomas puedan bonificar ese impuesto a las energéticas».
La consejera lo ha puesto en contraposición al caso de Andalucía, donde «eso no se puede hacer». Su esperanza, sin embargo, consiste en que «el Gobierno recapacite tras el plazo de enmiendas que termina» este miércoles.
Amenaza para Cepsa
En Andalucía, la Junta ha subrayado la presencia de «unas energías vinculadas al hidrógeno verde que son muy importantes, con decenas de millones de euros y con la creación miles de empleos».
La principal iniciativa que se ve amenazada es el Valle del Hidrógeno verde de Cepsa, en el que ha decidido invertir buena parte de sus esfuerzos en los últimos meses. Joaquín Rodríguez Jadraque, director de hidrógeno y energías limpias de Cepsa, en el pasado I Foro Europeo de la Red Transnacional Atlántica, trasladó un nuevo dato de inversión, que ahora está a los 4.000 millones.
Este proyecto suponía inicialmente la generación de unos 10.000 puestos de trabajo, pero Cepsa ha anunciado un crecimiento hasta los 12.500 empleos. El aumento de la apuesta también se aplica a las consecuencias que tiene el proyecto en cuestión, consistente en la reducción de emisiones de 6 millones de toneladas de CO₂ al año. Ahora la empresa estima que rondará los 7 millones.
El plan de Cepsa consiste en la construcción de dos factorías de producción de hidrógeno verde en San Roque (Cádiz) y Palos de la Frontera (Huelva). La primera de ellas tendrá una capacidad electrólisis de 1 GW y aprovechará la cercanía del Estrecho de Gibraltar, mientras que la planta de Huelva consistirá en una factoría de biocombustibles, con una capacidad de 1 GW de e-amoniaco y metanol verde, dos derivados del hidrógeno sostenible.
Galán duda de la aplicación del impuesto
A nivel nacional, Iberdrola ha alzado la voz para valorar la tasa. En concreto, su presidente, Ignacio Sánchez Galán, cree que la permanencia del impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas «no está claro que se vaya a producir».
El directivo asegura que lo que hay de momento es «mucho ruido» y nada concreto y, en caso de que la medida del Gobierno salga adelante, no afectará demasiado al negocio del grupo.
«No está claro que se vaya a producir. Es un proceso largo y hay que prestar atención a lo que pase», ha destacado el líder de la mayor eléctrica de España durante la conferencia con analistas tras presentar los resultados récord de los nueve primeros meses del año.
