La Junta amplía su queja a Albares por el acuerdo de Gibraltar e incluye un punto sobre el Puerto de Algeciras 

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha asegurado que la propuesta del Gobierno «deja muchas cosas fuera» y que «hay ingenuidad y falta de ambición»

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. María José López / Europa Press

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La Junta de Andalucía acudió la semana a su cita con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a pedir un plan B en materia fiscal, por si no llega a un acuerdo con respecto a Gibraltar. Pero este martes el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha elevado la crítica aún más, para exigir seguridad también en el Puerto de Algeciras

Sanz ha echado en cara al Gobierno, en concreto, que su propuesta de alianza «deja fuera cuestiones medioambientales, la seguridad de los pescadores y del Puerto de Algeciras», que se ve amenazado por «competencia desleal». 

En el caso del Puerto de Algeciras, hace unas semanas también la Asociación de Empresas de la Bahía de Algeciras (Aesba) trasladó el Gobierno su preocupación e incertidumbre sobre el Tratado de Gibraltar y sus consecuencias.

Al grupo le preocupa que el acuerdo beneficie a las empresas del Peñón si se abre al espacio Schengen, con una notable desigualdad aduanera y fiscal. La entrada de Gibraltar en esos territorios resulta apremiante ante la cercana aplicación de un nuevo sistema de control fronterizo, que dificultaría el paso de personas y mercancías. 

Pero el problema no se solucionaría solo con la mera introducción de la colonia de Reino Unido en el espacio Schengen, ya que, como señala la Aesba, el acuerdo que propone el Gobierno no fuerza a Gibraltar a asumir las mismas reglas del juego que se aplican en los puertos de los 29 países Schengen. 

Diferencia fiscal 

Antonio Sanz también ha hecho referencia a lo que considera una desigualdad fiscal con la colonia británica, que afecta a varios agentes económicos del Campo de Gibraltar. Por esta razón, junto a empresas y sindicatos gaditanos y gibraltareños, pidió hace unos días a Albares un «estatuto fiscal especial para la zona, de manera que se equilibren ambos territorios y se evite la competencia desleal y la desventaja a la hora de atraer inversiones». 

El consejero ha explicado que allí el Impuesto sobre Sociedades está marcado en el 10%, mientras que «justo diez metros después, en el territorio del Campo de Gibraltar, se paga el 25%». 

Ha subrayado además que el Gobierno, desde su punto de vista, peca de «ingenuidad» y «falta de ambición», al dar por «cerrado» el pacto sobre la colonia británica. El ministro, tras la reunión del lunes con su homólogo británico, David Lammy, defendió que «no hay ningún motivo» para no aceptar su propuesta

Pero, previamente, Lammy se reunió con el primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, para preparar dicho encuentro. Según las declaraciones de este último, han «diseñado propuestas que garantizan la seguridad del espacio Schengen y la integridad del mercado único». Pero, añadía, «la pelota está ahora en el tejado de España». 

Embajador británico en Sevilla 

Otro acercamiento andaluz a Reino Unido ha sido el producido también este martes, cuando Juanma Moreno, presidente de Andalucía, ha recibido en el Palacio de San Telmo al embajador de Reino Unido en España, Alexander Wykeham Ellis

En esta ocasión no han tratado el tema del acuerdo sobre el Peñón, ya que «no hubiera sido lo adecuado en el ámbito de la lealtad institucional», según ha asegurado Sanz a Economía Digital. Aunque en lo que sí ha hecho hincapié es en reclamar su participación en las negociaciones Madrid-Londres, al considerar que el Gobierno «excluye» a la Junta de Andalucía. 

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