Los hoteleros andaluces, a favor de emprender acciones legales contra el Registro de Viajeros
La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) califica la norma de "confusa" y "desproporcionada"
La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) ha trasladado su apoyo a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos (CEHAT), que ha comunicado su intención de emprender acciones legales contra el Real Decreto 933/2021 sobre el Registro de Viajeros, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de diciembre.
Después de advertir acerca del impacto negativo que comportará la norma para el sector hotelero y los viajeros, el sector ha lamentado que el Gobierno haya ignorado sus peticiones de diálogo y aclaración. «A pesar de las reiteradas advertencias sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento, no ha ofrecido soluciones ni ha emitido la prometida Orden Ministerial para aclarar su implementación», ha subrayado.
La organización ha enfatizado que el nuevo reglamento no solo afectará de forma negativa a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que utilizan los alojamientos turísticos cuando se desplazan por el país. «Deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento», ha incidido.
Los hoteleros andaluces también han asegurado que la entrada en vigor de la normativa, que han calificado de «confusa» y «desproporcionada», vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago. En este sentido, han recalcado que la «falta de claridad» de la norma «genera una inseguridad jurídica inaceptable para un sector que representa el 12% del PIB español».
Tras denunciar la «falta de voluntad política» por parte del Ejecutivo, ha señalado que el sector se ve obligado a plantear vías legales para proteger a los empresarios y a los viajeros. «Las organizaciones de representantes del sector están trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles», ha destacado.
«Estas acciones son necesarias para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio equilibrado y justo para los establecimientos turísticos», ha zanjado.