El Gobierno critica a Andalucía por su gestión de pisos turísticos: «La barra libre no sirve» 

El Gobierno de España reprocha a Andalucía que no se haya acogido a su Ley de Vivienda estatal y que haya planteado la gestión de las viviendas de uso turístico (VUT) con un enfoque diferente al nacional. Así lo ha manifestado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha defendido la regulación del sector porque, desde su punto de vista, «se ha demostrado que la barra libre no sirve». 

Con respecto a esta segunda cuestión, Rodríguez defiende que «hay fenómenos que están impidiendo el acceso a una vivienda digna». Y ha añadido a continuación: «Creo que nadie en este momento ya cuestiona que hemos de regular las VUT para revisar el uso residencial sobre el uso turístico». 

Plantea así la tesis, en el marco de la colocación de la primera piedra de una promoción de viviendas en Sevilla, de que el auge de los pisos turísticos es la causa de que haya menos apartamentos en alquiler disponibles, al ser esta modalidad más rentable para los propietarios.

Esta es precisamente la reivindicación de muchas plataformas vecinales que han salido a la calle en los últimos meses, pero se opone a la visión del problema que tiene la Junta de Andalucía. 

Regulación de los pisos turísticos 

El Gobierno regional pone énfasis, por su parte, en que los pisos turísticos se deben regular para que no afecten a la ordenación de las ciudades, al igual que ha defendido la ministra. Pero Andalucía asegura, en oposición al Gobierno, que el sector «no es el saco donde dar todos los puñetazos» del problema de la vivienda. 

De esa manera se manifestó la semana pasada el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en un evento que inauguró en Sevilla. Y también se unieron a estas reivindicaciones sus homólogos de Valencia, Baleares y Canarias, que en el Tourism Innovation Summit pusieron sobre la mesa el porcentaje de viviendas de uso turístico que hay en cada una de las regiones. 

El dato que dio Bernal fue que «tan solo el 4% de la vivienda de Andalucía es VUT», lo que le llevaba a la conclusión de que «el derecho a la vivienda que promueve el Gobierno ha subido los precios» del alquiler. 

Y añadía una cifra sobre Málaga, una de las ciudades más solicitadas, donde «existe una demanda de entre 4.000 y 5.000 viviendas», pero señalaba el consejero que «hay 16.000 cerradas por la falta de seguridad jurídica». 

Aplicación de la Ley de Vivienda 

Otro de los temas candentes entre ambas administraciones públicas es la aplicación de la Ley de Vivienda nacional en las comunidades autónomas, a la que Andalucía se ha negado. 

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, se excusa diciendo que su región «aplica las leyes aprobadas, como no puede ser de otra manera, pero no se va a plegar ante medidas que no son de obligatorio cumplimiento, como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler». 

Isabel Rodríguez, en dicha ocasión, calificó a continuación a este territorio, junto a otro que también se negaron, como “insumisos” y los amenazó con cerrar el grifo de la financiación estatal para sus políticas en materia de vivienda. 

Esto fue considerado por Díaz como «un chantaje a las comunidades autónomas» para forzar que se sumaran «a su propuesta intervencionista de la Ley de Vivienda». Pero finalmente el Ministerio decidió no castigarlas, sino premiar a las regiones que sí la pongan en funcionamiento. 

La normativa recoge, entre otras medidas, impulsar la vivienda pública, limitar los precios de los alquileres y declarar algunas zonas como tensionadas. Pero ya ha pasado más de un año desde que entró en funcionamiento y se ha desarrollado a un ritmo que solo se ha podido aplicar en Cataluña, además de recibir las críticas del sector inmobiliario y la oposición.