La «cornada» del Gobierno y la UE a los pescadores: Cepesca calcula que se perderán 17.000 empleos

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) prevé una pérdida de unos 17.000 puestos de trabajo en todo el Mediterráneo español tras la imposición de unas normas medioambientales de la Unión Europea (UE) «de obligado cumplimiento». 

Así las valora José María Gallart, vicepresidente primero de la asociación nacional, quien ha explicado que, aunque las nuevas medidas no están recogidas como imprescindibles en el sector pesquero, sí que lo son si las flotas quieren «recuperar días». 

Porque lo que ha aprobado la Comisión Europea, tras llegar a un acuerdo con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es reducir los días de pesca un 79%, limitándonos a unos 27 días al año. Para llegar a «una media de cuatro meses de trabajo al año», las pesqueras deben reunir una serie de requisitos de sostenibilidad que el sector considera inasumibles económicamente.

La causa de esta situación, según considera Gallart, es la «mentalidad medioambientalista que no tuvo en cuenta el pilar socioeconómico» del último comisario de Pesca y Océanos de la Unión Europea, Virginijus Sinkevičius. 

El también presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) tiene «la esperanza de que sea reversible» esta circunstancia, que también valora como «una cornada del Gobierno y de la UE» al sector. Lo que se necesita para resolverla, desde su punto de vista, es «voluntad política», mientras que el Gobierno ha prometido financiar al 100% las medidas que tengan que adoptar las pesqueras.

Aumento de malla y más detenciones 

Hasta el momento, ha tenido lugar este lunes, 16 de diciembre, una reunión en Madrid entre la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, con los principales actores pesqueros para explicar y detallar las condiciones que deben cumplir los barcos si quieren acogerse a más de 27 días de trabajo al año. 

En la resolución de la semana pasada, las asociaciones y las empresas no tenían más datos que el hecho de haber llegado a un acuerdo, y lo que recibieron ese día fue un borrador con las principales medidas. 

La primera de ellas se refiere a un aumento de malla, lo que significa definir una red con aberturas más grandes que atrapen determinados tipos de peces. En concreto, debe ser de 45 milímetros en la zona costera y de 50 en la pesca de profundidad. 

Gallart protesta ante esta medida, porque con los 40 milímetros actuales ya no se atrapan «a los peces juveniles ni reproductores», que son la clave de que mermen las especies marinas. Por el contrario, esto solo significa «perder rentabilidad», ha aseverado el vicepresidente de Cepesca. 

El segundo cambio es en las vedas, en el sistema de paralización temporal. Antes, según ha detallado José María Gallart, las paradas se hacían basándose en las especies. A partir de ahora, las embarcaciones tendrán que hacer cuatro semanas continuadas entre mayo y septiembre, y otras seis continuadas entre mayo y octubre. El total es de diez semanas al año en dos periodos de tiempo muy similares, aunque sea «incongruente», ha aclarado. 

Y ha concluido: «Un número importante de embarcaciones no se van a poder hacer jamás a estas medidas en 2025». 

Paralización de la flota andaluza 

Como respuesta, la flota andaluza ha anunciado una paralización de su actividad a partir del 1 de enero. Al representante de Cepesca y de la FAAPE le parece que, si no se unen el resto de los territorios españoles afectados (Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia) a esta movilización, «no sirve de nada». 

En la comunidad autónoma que se ha posicionado tan tajantemente bregan en la actualidad unos 100 barcos, que a su vez producen unos 503 empleos directos y 3.000 puestos de trabajo indirectos. 

Gallart dice no poder dar una cifra específica de las pérdidas que se esperan, porque “cada barco es muy distinto, es un mundo”. Lo que sí sabe es que, en Andalucía, «3.000 familias se van al paro».