Andalucía, el gran 'tapado' de la quita de deuda de Sánchez: 18.000 millones para la campaña electoral de Montero

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha conseguido la cuadratura del círculo con su propuesta de condonación de la deuda autonómica. Lo que era una exigencia de ERC para investir a Pedro Sánchez como presidente y potencialmente una afrenta para el electorado andaluz, se ha convertido en una baza política para la ‘número dos’ del Ejecutivo, ya que Andalucía será la comunidad más beneficiada por la medida.

El peso que tiene la población ajustada (una variable del sistema de financiación que tiene en cuenta características como envejecimiento o dispersión a la hora de calcular cómo repartir los recursos) ha permitido al Ministerio de Hacienda colocar a Andalucía como la región potencialmente más beneficiada por la concesión a los independentistas. De los 83.252 millones que el Gobierno se ha comprometido a asumir de deuda autonómica, 18.791 millones son andaluces.

La vicepresidenta primera, que desgranó en una rueda de prensa el modelo que propondrá a los gobiernos regionales el día después de haber sido encumbrada como secretaria general del PSOE de Andalucía, se dirigió veladamente al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, para que presione a la dirección nacional del PP y que salga adelante la condonación.

"Voy a hacer un llamamiento a todos los presidentes de las comunidades autónomas. (...) Espero que tengan capacidad de influencia sobre Génova y digan 'oye, esto me beneficia'", respondió, en su condición de ministra de Hacienda, la líder de los socialistas andaluces, al ser preguntada si llamaría al presidente de la Junta para pedirle su apoyo.

En concreto, el modelo en tres fases que ha diseñado Hacienda permitiría a Andalucía reducirse 11.259 millones de euros por su población ajustada, (recibirá un perdón de 2.284 euros por cada habitante ajustado) y 7.531 millones más al haber recibido una financiación del sistema por debajo de la media entre 2010 y 2022 y haber aplicado subidas del IRPF para compensar estos menores recursos.

En términos nominales, Andalucía (18.791 millones), Cataluña (17.104 millones) y la Comunidad Valenciana (11.210 millones) serán las regiones más beneficiadas por el perdón de la deuda, sumando entre las tres más de la mitad del total.

Los plazos para la tramitación de la Ley Orgánica que el Gobierno diseñará para condonar la deuda con la metodología presentada este lunes abocan a que, como pronto, entre en vigor a finales de este año o principios del que viene. Justo a tiempo para la precampaña de las elecciones andaluzas, que Moreno debería convocar en torno a junio del año próximo.

Para Montero, es un win-win en cualquier caso. Si Moreno lo acepta, podrá vender el hito (reducir casi un 50% la deuda pública andaluza) como propio. Si lo niega, podrá ofrecerse a conseguirlo en negociaciones con la nueva persona al frente de Hacienda.

Fuentes de Hacienda consultadas por ECONOMÍA DIGITAL explicaron que aún es pronto para hablar de un periodo de entrada al perdón de la deuda asociado a esta ley. Pero dudaron de que, si la ley sale adelante, los Gobiernos regionales (incluidos los populares) no vayan a hacer uso de esta propuesta que beneficia sobre todo a los Ejecutivos populares, ya que gobiernan en la mayoría de comunidades autónomas.

Una vez el Consejo de Política Fiscal y Financiera dé luz verde a la propuesta (el Gobierno cuenta con la mayoría de los votos y solo necesita el apoyo de alguna de las comunidades en las que gobierna, singularmente Cataluña) el Ministerio de Hacienda comenzará una serie de reuniones bilaterales técnicas con todas y cada una de las comunidades, a las que seguirán reuniones de las comisiones mixtas con cada una de ellas.

Solo después de ese paso comenzarán las negociaciones con Junts, explicaron las mismas fuentes del Gobierno. Este lunes los neoconvergentes retiraron su proposición no de ley para instar a Sánchez a presentarse a una cuestión de confianza, pero en el Ejecutivo aún no lo leen en clave presupuestaria, y mucho menos en materia de condonación de deuda. Con todo, las cuentas públicas de 2025 (e incluso 2026) no estarían descartadas.

Ahora bien, en Hacienda también reconocen que esta ley no supondrá, de facto, la eliminación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el instrumento que puso en marcha el ministro Cristóbal Montoro en 2012 para las comunidades autónomas que no podían acudir a los mercados consiguieran financiación. Este mecanismo ya tiene más de 200.000 millones de deuda autonómica (prácticamente, dos de cada tres euros) y en el Gobierno creen que todavía habrá comunidades que necesiten de su apoyo tras esta condonación.

El perdón de la deuda no será automático ni de un día para otro, ya que sus efectos se irán produciendo en función de los vencimientos de cada uno de los pagos y acompasando sus plazos con la devolución de la misma. En el caso de la deuda contraída con el FLA, que tiene un máximo de diez años, en Hacienda creen que podría desplegarse por completo antes de una década.

Además de los más de 80.000 millones en deuda, en el Gobierno cifran en una horquilla de entre 5.000 y 7.000 millones el potencial ahorro en el pago de intereses.

"El Gobierno está decidido a aprobar esta reforma. No vamos a permitir que ocurra con esto lo que está sucediendo con el modelo de financiación", advirtió la vicepresidenta Montero. El actual, caducado desde 2014, no contenta a ninguna comunidad, pero tampoco hay consenso sobre cómo debería abordarse su renovación ni hay mayorías en el Congreso que lo sostengan. La próxima pantalla será la del CPFF del miércoles.