El Ayuntamiento de Sevilla investiga 82 viviendas municipales con «irregularidades» como ocupaciones ilegales

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado una licitación para contratar un «diagnóstico y depuración jurídico-patrimonial de viviendas municipales». El objetivo es abarcar «la investigación, la comprobación, identificación, revisión, actualización y ordenación de 82» que estarían afectadas por «irregularidades», como por ejemplo «subrogaciones no autorizadas» u ocupaciones ilegales, entre otros aspectos.

El Ayuntamiento de Sevilla «es titular en la actualidad de un parque público de viviendas en régimen de alquiler o similar, compuesto por un total de 867, de naturaleza patrimonial, repartidas por todo el término municipal, las cuales son gestionadas por el Servicio de Patrimonio», según se detalla en el pliego técnico que regula este concurso público, recogido por Europa Press.

El documento también expone que «muchos de los contratos que habilitaron el uso residencial de dichas viviendas datan de fechas que rondan 30 o 40 años hasta llegar a la actual. De esta circunstancia se derivan diversas implicaciones que complican, o al menos dificultan, una adecuada gestión de estas; actividades como subrogaciones no autorizadas, ocupaciones sin título que lo habilite, etcétera».

Así, «las mencionadas irregularidades dificultan notablemente adecuar y gestionar estas viviendas para alquileres de carácter social u otros servicios y dotaciones públicas». Por eso, esta contratación está destinada al «establecimiento de las condiciones técnicas mínimas que regirán la contratación de los servicios y trabajos precisos para llevar a cabo la investigación, la comprobación, identificación, revisión, actualización y ordenación de 82 viviendas municipales» concretas, localizadas en calles como las de Regla Sanz, María Ortiz, Clara Jesús Montero, Manuel Arellano, Ardilla, Bernardo de Toro, Hermanas de la Cruz o madre San Marcelo.

Analizar las viviendas desde el punto de vista jurídico-patrimonial

Los objetivos de la investigación son «analizar la situación concreta en la que se encuentran las viviendas municipales desde el punto de vista jurídico-patrimonial» y «diseñar una estrategia que se plasmará en un documento (diagnóstico) el cual marcará la hoja de ruta».

En concreto, se busca conseguir el «conocimiento de la identidad de las viviendas y localización exacta de las mismas», la recopilación de datos de las viviendas municipales obrantes en el Catastro y el Registro de la Propiedad; «acreditar, en su caso, su titularidad municipal «; recabar el conocimiento preciso de su situación jurídica y posesoria, «lo que permitirá la verificación de las ocupadas, a fin de que, en su caso, se incluyan dichas circunstancias en la documentación que posteriormente se remitirá a los servicios municipales»; y finalmente acometer «una valoración de las viviendas» en cuestión.