El órdago de Sánchez contra el frente judicial no podría forzar un adelanto electoral

Una potencial dimisión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno el próximo lunes se produciría en un contexto inédito. No solo por el hecho de una posible renuncia del líder del Ejecutivo, algo no visto desde que Adolfo Suárez se apartó en 1981, sino por el marco temporal: Sánchez no puede disolver las Cortes Generales por mandato constitucional.

El presidente del Gobierno ya activó el botón nuclear el 29 de mayo de 2023, después del resultado desastroso del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales, en la que perdieron varios ejecutivos regionales: Extremadura, Aragón o la Comunidad Valenciana, entre otros.

Pero la Constitución fija el marco temporal de este recurso: el artículo 115 fija que esta decisión es del presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, pero no puede producirse hasta que no pase un año del anterior adelanto electoral.

Y es el presidente el que recibe la confianza del Congreso, por lo que si dimite, un nuevo titular ha de recibir el plácet de los diputados. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podría asumir temporalmente la jefatura del Gobierno, pero en funciones, por lo que no podría adelantar las elecciones una vez cumplido el umbral del 29 de mayo.

Una investidura fallida o una moción de confianza

Hace apenas medio año que Sánchez recibió la confianza del Gobierno, a mediados de noviembre. Pero ahora tendría que repetirse ese proceso: en el caso de dimitir, el rey, como establece la Constitución, tendría que iniciar una nueva ronda de consultas con los partidos políticos para sondear una potencial investidura. Solo tras un debate de investidura fallido se activarían los dos meses de rigor que forzarían la disolución de la Cámara.

Otra posibilidad es que Sánchez presente una moción de confianza, que tendría que validar el Congreso, o que la dimisión se produzca en diferido: que el presidente anuncie que se aparta pero no lo haga formalmente hasta pasado un mes, de manera que se convoquen nuevas elecciones.

La Constitución, en su artículo 172, establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Si Sánchez no ganara esa votación, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.

La investigación contra su mujer, el detonante

El presidente Sánchez anunció este miércoles, mediante una carta a través de la red social X, que cancelaba su agenda hasta el lunes 29 para plantearse si seguir al frente de La Moncloa, después de que su esposa, Begoña Gómez, esté siendo investigada por un juzgado de Madrid por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras una denuncia de Manos Limpias.

«Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor», añade Sánchez.

«No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, pues ellos saben que no hay caso, sino -apostilla- por ser mi esposa».

La decisión se produce a apenas unos días de que arranque la campaña para los comicios catalanes y su intervención, en lunes, se hará en pleno proceso electoral. La noticia ha cambiado el ciclo y crea un ambiente de referéndum sobre la figura de Sánchez, después de una convocatoria en el País Vasco donde su partido salió mejor parado de lo esperado, mejorando en dos escaños su representación.

El movimiento del presidente recuerda a su dimisión como secretario general del PSOE y, después, a su renuncia al acta de diputado para no abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, en 2016. En este caso se apartó para volver apenas unos meses más tarde. Mientras tanto, en el partido, silencio absoluto y apoyo a la figura del presidente.