El Colegio de Abogados de Madrid denuncia a la Fiscalía por la filtración de datos de la pareja de Ayuso
El Ilustre Colegio de Abogados de la capital (ICAM) advierte de un posible delito de revelación de secretos en comunicado de la Fiscalía, acogiéndose al artículo 417.2 del Código Penal
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Javier Lizón
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El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha formalizado una denuncia ante el juzgado de Instrucción competente, en respuesta a las filtraciones de «datos confidenciales» de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La denuncia, anunciada previamente por el decano Eugenio Ribón, se presenta como una iniciativa no solo en defensa de los colegiados, sino en representación de la sociedad en su conjunto, según ha afirmado el ICAM.
El colegio de abogados sostiene que las filtraciones podrían constituir un delito de revelación de secretos, según el artículo 417.2 del Código Penal, debido al quebrantamiento del deber de sigilo por parte de funcionarios públicos, en este caso, representantes del Ministerio Fiscal.
García Ortiz, responsable de la filtración de la pareja de Ayuso
La denuncia no apunta directamente contra una persona en particular, pero sí señala al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como posible responsable de la filtración, lo que ha provocado un escándalo que involucra a altos cargos del sistema judicial.
El ICAM argumenta que la revelación de secretos compromete el derecho a un proceso justo y equitativo, tal como lo establece la Constitución Española y la Convención Europea de Derechos Humanos.
Una segunda denuncia
Además de la denuncia penal, el ICAM ha presentado una segunda denuncia administrativa, buscando sanciones contra aquellos que hayan infringido las normativas del Ministerio Fiscal en cuanto a la divulgación indebida de información.
Asimismo, el colegio de abogados ha solicitado una revisión del Protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de establecer mecanismos más sólidos de confidencialidad.
En respuesta a estos eventos, el ICAM ha decidido temporalmente desvincularse del mencionado Protocolo, al considerar que la confidencialidad de las comunicaciones no está garantizada. Sin embargo, asegura que continuará defendiendo los derechos e intereses de sus colegiados y de la ciudadanía con todas las herramientas legales a su disposición.
