Andorra confirma que Hacienda pidió datos bancarios de los Pujol en virtud de los pactos con España
El portavoz del Gobierno pirenaico asegura que la Agencia Tributaria hizo “las comprobaciones que ha creído conveniente de acuerdo con la legislación vigente”
El ministro de Finanzas y portavoz del gobierno andorrano, Jordi Cinca, ha confirmado que Hacienda pidió datos bancarios de la familia Pujol. Según ha explicado, la Agencia Tributaria realizó “las comprobaciones que ha creído conveniente de acuerdo con la legislación vigente”.
Por otro lado, Cinca ha garantizado que el país continuará prestando ayuda a España para desarrollar la investigación del caso Pujol. “Andorra colaborará en todo aquello que tiene firmado en los convenios bilaterales”, ha asegurado a los periodistas locales.
Los datos que pidió Hacienda
La Agencia Tributaria española pidió los datos bancarios concretos de la familia Pujol en mayo, según avanzó en exclusiva Economía Digital. Las lagunas que existían hacían referencia a la titularidad de diversas cuentas, abiertas en distintas entidades del país.
Cinca ha reconocido que el caso Pujol ha golpeado la reputación del sector financiero andorrano. Los titulares que han aparecido en los medios los últimos días sobre la fortuna opaca del ex presidente de la Generalitat “han puesto en el escaparate una cuestión que es menor en relación a lo que debe ser la esencia de Andorra”.
«Tema menor»
El portavoz del Ejecutivo andorrano ha quitado, de todas maneras, hierro al asunto. “No se trata de un tema menor porque lo diga el gobierno, sino porque el crédito y la eficacia de la banca andorrana la avalan todos los organismos internacionales, como la OCDE”.
La confirmación pública de que Andorra colaboró con la investigación española del fraude de los Pujol resta todavía más opciones de éxito a la ofensiva legal que los abogados de la familia anunciaron contra los bancos del país.
Secreto bancario
La legislación internacional que aplica a estos casos no reconoce la vulneración del secreto bancario si la información la recaba un gobierno de sus entidades financieras para ayudar a esclarecer un presunto caso de delito fiscal o de blanqueo de capitales. Los Pujol estarían, supuestamente, en esta situación.