Los plazos para reclamar confunden a los pequeños accionistas de Bankia

El Supremo abrió la caja de los truenos la semana pasada. El alto tribunal dio la razón a dos particulares al reafirmar que Bankia había ofrecido datos erróneos en el folleto con el que informó sobre su salida a bolsa. Las especulaciones se dispararon entonces sobre un posible aluvión de nuevas demandas, que se añadiesen a las más de 76.000 ya presentadas contra la entidad.

Pero las dudas en torno a este proceso todavía son muchas. Quizás la principal gira en torno a qué hará el banco presidido por José Ignacio Gorigolzarri, que ya ha provisionado 1.840 millones de euros para un proceso que se presupone largo. Y en el que, hasta el momento, ha perdido el 95% de los casos que han llegado a los tribunales.

Posible arbitraje extrajudicial

Durante la presentación de resultados anuales, José Sevilla, consejero delegado de la compañía, abrió por primera vez la puerta, aunque fuese ligeramente, a una solución colectiva fuera de los juzgados. Esa solución pasaría por un arbitraje de consumo, más o menos parecido al que se puso en marcha con las participaciones preferentes. «Estamos considerando la situación porque los costes judiciales son excesivos y desproporcionados», reconoció entonces Sevilla.

Sin embargo, este mecanismo, que ya ha sido propuesto por asociaciones de consumidores como Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas), sigue siendo una hipótesis que ni mucho menos ha frenado los litigios contra Bankia.

Multiplicación de llamadas

Bufetes de abogados y organizaciones de consumo reconocen cómo, desde hace diez días, las llamadas en torno a este caso se han multiplicado. El anuncio del Supremo se interpretó como una vía libre para que cualquier nueva demanda prosperase. Sin embargo, algunos juristas advierten de que la situación no está ni mucho menos tan clara.

¿Límite para la reclamaciones?

«Según lo contemplado en la sentencia, el plazo para reclamar es de cuatro años, desde el momento en el que el error en el folleto fue percibido», apuntan desde Net Craman Abogados. Para los responsables de este bufete, este plazo empezó a contar desde el 25 de mayo de 2012, fecha en la que la nueva dirección de Bankia reformuló las cuentas de la entidad, corrigiendo los números hechos públicos un año antes durante la salida al parquet.

Una interpretación jurídica que pondría como límite mayo de 2016 para que las nuevas reclamaciones se pudiesen beneficiar del precedente marcado por el Supremo. El argumento se basa en el principio de nulidad en la suscripción de acciones por «vicio de consentimiento», al ser el folleto «el único cauce informativo del que disponía el pequeño inversor». 

La posición de los afectados

La cuestión del plazo, sin embargo, también da pie a diversas visiones sobre este caso. Fuentes de Adicae descartan que los jueces desestimen las demandas presentadas a partir de esta fecha, ya que «es difícil saber cuándo el afectado se enteró de la falsedad de la información». Una opinión no compartida por José Miguel Blasco, de Net Craman, al tratarse de un caso que «se hizo notorio en todos los medios de comunicación del país».