La banca se suma a las dudas de las CCAA para dar salida a 80.000 millones de fondos europeos

La patronal de los grandes bancos duda que haya demanda suficiente y proyectos para ejecutar los fondos antes de agosto de 2026, una cuestión a la que se suman algunos ejecutivos autonómicos

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán. AEB

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La gran banca se suma a las dudas ya expresadas por algunas comunidades autónomas sobre la viabilidad de dar salida a cerca de 80.000 millones en préstamos procedentes de la Adenda de los fondos europeos Next Generation EU, cuando solo quedan dos años para asignarlos por completo antes de que finalice el programa en agosto de 2026.

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, puso en cuestión que haya proyectos y demanda suficientes para colocar el maná europeo en los próximos años, aunque calificó de «oportunidad» su existencia, ya que deberían permitir «mejorar y acelerar la transformación digital y la descarbonización de nuestra economía».

«Lo que es clave ahora es valorar si vamos a poder trasladar el volumen de fondos que tenemos que trasladar en un corto periodo de tiempo, si va a haber demanda suficiente», se preguntó la representante de la asociación que agrupa a Santander, BBVA o Sabadell, entre otros.

Préstamos de fondos a través del ICO y del BEI

El Plan de Recuperación se instrumentó mediante transferencias a fondo perdido y préstamos, que por definición son reembolsables. La primera parte del programa que diseñó el Gobierno articuló los casi 70.000 millones en transferencias, mientras que la Adenda -actualización- del Plan, aprobada el año pasado, diseñó una serie de instrumentos financieros a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), fundamentalmente, para dar salida a los fondos.

Pero el ICO y el BEI necesitarán de intermediarios a las entidades financieras, que serán las que permitan que estos préstamos lleguen al tejido productivo, empresas y autónomos de todo el país.

Un esquema similar ya se realizó durante la pandemia de COVID-19, con los créditos blandos del ICO que permitieron sostener la actividad de muchas empresas en pleno ‘cerrojazo’ por la enfermedad. Sin embargo, como recordó Kindelán, entonces existía una demanda, pero ahora hay dudas de que haya empresas que quieran esos préstamos y de que existan proyectos suficientes que financiar.

En contra han jugado los tiempos y el año perdido por el adelanto de las generales el año pasado, la conformación de un nuevo Gobierno y el ciclo electoral de principios de año, que hizo descarrilar las Cuentas para este año. La Adenda del Plan de Recuperación se aprobó el pasado verano por el Ejecutivo en funciones y recibió el visto bueno de Bruselas unos meses después. El Gobierno integró en el real decreto-ley de medidas urgentes contra la inflación los permisos para firmar los acuerdos con el BEI en diciembre y se aprobó la norma marco para instrumentar las líneas con el ICO en marzo.

Pero no será hasta este lunes cuando el Ministerio firme los convenios con el banco público, lo que debería empezar a dar salida la financiación. Esta semana se puso en marcha la primera línea de 3.000 millones del Fondo de Resiliencia Autonómica, que gestionará el BEI, y que está destinado a inversiones estratégicas en las regiones.

Esta dilación hizo que algunas comunidades autónomas, como Madrid, pusieran el grito en el cielo, asegurando que no habría tiempo material para ejecutar las inversiones. «El principal problema no son las cantidades, sino que son los plazos. El plazo sigue siendo que el gasto hecho por las comunidades autónomas tenga que estar hecho en agosto de 2026″, dijo este mismo miércoles, tras reunirse con el resto de gobiernos regionales para concretar el instrumento.

No existe esa misma percepción en el Ministerio de Economía. El titular del ramo, Carlos Cuerpo, quiso restar peso a las preocupaciones expresadas por algunas comunidades, asegurando que en las conversaciones con los gobiernos regionales ya le habían trasladado la existencia de proyectos identificados para invertir.

«Somos todos conscientes de lo ambicioso de esa fecha de corte de mediados de 2026, que no es una fecha que dependa del Gobierno español, sino que está puesta desde el inicio dentro de las condiciones específicas. En ese marco nos estamos moviendo todos con la mayor de las ambiciones a la hora de tratar de ejecutar y aprovechar al máximo los fondos«, aseguró durante la rueda de prensa tras la aceptación del cuarto pago a España.

La Comisión Europea recomendó esta misma semana que el Gobierno refuerce la «capacidad administrativa» para la gestión de los fondos europeos, lo que permitiría acelerar las inversiones y mantener el ritmo en la implementación de las reformas. Bruselas también instó a «actuar en los retrasos que surgen para una implementación continua, ligera y efectiva del Plan de Recuperación, incluido el capítulo REPowerEU, asegurando que se completan las reformas e inversiones en agosto de 2026″.

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