Los trabajadores de ATLL escogerán con qué filial de Acciona se quedan
El grupo propone separar en dos sociedades a los empleados dedicados a cuestiones operativas y el personal que gestiona la parte de inversión
Los 222 empleados de Aigües Ter Llobregat (ATLL) tienen hasta el martes para decidir su futuro en la compañía especializada en el suministro de agua hasta la cabecera de cada municipio catalán. La plantilla debe votar si está de acuerdo o no con el plan presentado por la constructora Acciona para dividir el personal en dos sociedades distintas. La empresa madrileña justifica el cambio por una “cuestión operativa”, aunque otras fuentes cercanas al grupo aseguran que quien ha instado la operación es su socio financiero en la concesión, el banco brasileño BTG Pactual.
La propuesta de Acciona pasa porque unos 11 trabajadores se queden en la sociedad ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya. Esta compañía es la concesionaria del servicio de aguas desde finales de 2012. Se trata de los empleados del departamento de patrimonio e ingenieros dedicados a la prospección de grandes obras. Es decir, quienes tienen relación con los planes de inversión de la compañía. Ésta es la actividad que pretende controlar más de cerca la entidad brasileña.
El resto de la plantilla se subrogará a la empresa ATLL Operadora, donde la multinacional de la familia Entrecanales tendrá en apariencia más protagonismo.
División sindical
El comité de empresa, encabezado por CCOO de Catalunya, ha llegado a un preacuerdo con la concesionaria del servicio. Ha conseguido que el grupo blinde todas las condiciones laborales por los 50 años que dura el contrato. Incluso ha confeccionado una lista con cada una de ellas. Se trata del mismo documento que aparece en el contrato firmado el 24 de diciembre de 2012 por Acciona, señalan los representantes de los trabajadores.
La sección sindical de CGT ha criticado esta decisión. Asegura que no se les ha informado del proceso y carga contra los “polémicos orígenes de la empresa ATLL Operadora”. Recuerda que la sociedad se creó pocos días después de la polémica firma del contrato de concesión (fue invalidado sólo una semana después de su rubrica) y que entre los 21 apoderados iniciales aparecen varios directivos de la empresa pública. “Una práctica que consideramos moralmente objetable”, afirma en un comunicado.
Las votaciones están abiertas hasta este martes.
